Por qué la Fiscalía Europea es un viaje al futuro para España

Estas competencias pueden sonar lejanas. Pero incluyen, por ejemplo, la investigación del mal uso que pueda hacerse de los anhelados fondos europeos que próximamente va a recibir España.

No todos los países de la UE han aceptado esta Fiscalía. Polonia, Hungría, Dinamarca, Suecia e Irlanda se han desmarcado de ella. Pero, incluso con estas ausencias, la idea transmite eficacia y cohesión en la lucha contra la gran delincuencia.    

El 2 de julio se publicó en el BOE la Ley Orgánica 9/2021 que introduce esta Fiscalía en España y regula su funcionamiento.  

A diferencia de la mayor parte de los países de la UE, España conserva su sistema de instrucción penal tradicional, con jueces de instrucción. Un sistema anclado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX y claramente superado por las transformaciones que demanda una criminalidad cada vez más compleja.

La entrada en España de la Fiscalía Europea instructora supone una especie de viaje en el tiempo

Pocos discuten que es inaplazable traspasar la instrucción a los fiscales y crear jueces de garantías que aseguren el respeto a los derechos fundamentales de los investigados. Que autoricen o denieguen las diligencias invasivas (registros o intervenciones telefónicas) y que se conviertan, en definitiva, en un actor neutral entre el fiscal instructor y los investigados.

La instrucción de los delitos por un fiscal, o por un equipo de fiscales cuando sea necesario, ha de poner fin a esas investigaciones interminables de delitos económicos complejos. Delitos cuyos juicios se celebran muchos años después de los hechos, transmitiendo una imagen decepcionante del sistema. Recuérdese el ejemplo en Estados Unidos del caso Bernard Madoff. Uno de los procesos más complejos de las últimas décadas, pero que fue instruido en menos de un año por un equipo de fiscales estadounidenses.

Sin embargo, España no se decide a dar ese salto. En la última década, tanto los proyectos del ministro socialista Francisco Caamaño como los del popular Alberto Ruiz Gallardón quedaron en letra muerta.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez aborda el tercer intento con su anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, el anteproyecto del Gobierno, si se convierte en ley, no entrará en vigor hasta seis años después, lo que da idea de la enormidad de la tarea que entraña decir adiós a la estructura decimonónica de nuestra instrucción penal para alinearla con los sistemas del siglo XXI. 

Por eso, la entrada en España de esta Fiscalía Europea instructora, aunque limitada a los delitos contra los intereses financieros de la UE, supone para nosotros una especie de viaje en el tiempo. Un regreso al futuro como los de aquellas fascinantes películas producidas por Steven Spielberg y dirigidas por Robert Zemeckis. Un anticipo de lo que ha de venir, antes o después, para todos los delitos que se cometan en España.

La sombra de la sospecha de instrucciones e interferencias políticas planea siempre sobre la Fiscalía

El nacimiento de esta Fiscalía Europea es una buena ocasión para mirarnos al espejo y recordar que el futuro traspaso de la instrucción al Ministerio Fiscal tiene en España una importante asignatura pendiente.

Porque los ciudadanos, con toda razón, ven con desconfianza este traspaso. Al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno (es decir, lo nombra el rey, a propuesta del Gobierno) y la Fiscalía funciona internamente bajo los principios de unidad y de jerarquía.

La sombra de la sospecha de instrucciones e interferencias políticas planea siempre sobre las actuaciones de la Fiscalía. Desgraciadamente, los hechos se encargan, de cuando en cuando, de alimentar esta permanente sospecha.

Episodios como la actuación de la Fiscalía en el proceso contra Baltasar Garzón en 2012 o las actuaciones del fiscal general Jesús Cardenal en 2001, con ocasión de los problemas judiciales del exministro Josep Piqué, hicieron que la credibilidad de la institución tocara fondo.

El pase a la Fiscalía General de Dolores Delgado en 2020, prácticamente desde el mismo Gobierno que la propuso, desbordó todo lo imaginable y liquidó cualquier atisbo de pudor en la realización de estos nombramientos.

Hay que reconocer que la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal en 2007, en la época de Cándido Conde-Pumpido, estableció importantes contrapesos al poder del fiscal general y, por lo tanto, a esa capacidad potencial de injerencia del Gobierno en los actos de la Fiscalía.

Pero el problema sigue sin resolver.

Los ciudadanos perciben al fiscal del Estado como el fiscal del Gobierno, y lo es

Hace unas semanas, los medios de comunicación se hicieron eco de que la Fiscalía de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo había rechazado un texto con el que la fiscal general Dolores Delgado trataba de modificar un informe de los fiscales sobre un recurso formulado por la ministra Irene Montero.

Esta vez ganó el Estado de derecho. Pero el peligro sigue dentro de casa. Los ciudadanos perciben al fiscal del Estado como el fiscal del Gobierno. Y lo es.

Fue de antología el desliz de Pedro Sánchez en RNE en noviembre de 2019, cuando espetó al periodista que le entrevistaba, jactándose del poder que ejerce el Gobierno sobre la Fiscalía, aquello de: “¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende?”.

“Del Gobierno” contestó un poco perplejo el entrevistador. “Pues ya está” remató el presidente. Es difícil saber si fueron más lamentables las palabras de Pedro Sánchez o la evidencia de que lo que estaba diciendo era absolutamente cierto.

Porque un fiscal general debe poder enfrentarse, de verdad, al Gobierno. Y eso sólo será creíble cuando alguno de ellos lo haga. El sistema de nombramiento del fiscal general del Estado es una especie de pecado original que pesa sobre toda la Fiscalía y que ha de ser redimido.

Naturalmente, esto nada tiene que ver con nuestros excelentes fiscales. Pero, antes de traspasarles la instrucción penal, es imprescindible convertir la institución en un órgano independiente de verdad. Que lo sea y que lo parezca, como la mujer del César.

Mientras tanto, pista libre para la Fiscalía Europea. Es una oportunidad singular de ver y corregir errores. Y de avanzar hacia el futuro.  

*** Diego Cabezuela Sancho es abogado.