El sentido de Estado de la ministra Margarita Robles
La decisión del Constitucional respecto al estado de alarma no es una ingrávida reflexión teórica, como defiende Margarita Robles, sino una declaración de inconstitucionalidad.
Mañana del jueves en los estudios de la cadena SER. Tras proclamar su “honor y orgullo” por seguir formando parte del Gobierno de los indultos y asegurar que su única ambición es que “España sea cada día mejor”, Margarita Robles pasa a cuestionar el honor de seis magistrados del Tribunal Constitucional y a conseguir que España sea hoy un poco peor que ayer.
Según Robles, el pecado cometido por los magistrados (algunos de ellos, antiguos compañeros y amigos suyos) ha sido votar a favor de una sentencia que ha anulado, por inconstitucionales, las medidas más duras del decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma. Entre ellas, el confinamiento domiciliario de toda la población.
En realidad, doña Margarita no conoce siquiera la sentencia porque el Tribunal ha adelantado exclusivamente su parte dispositiva, dejando para más adelante la notificación de su contenido íntegro. Pero, contrariada por su fallo, a Robles no parecen importarle ya mucho cuáles sean sus razones.
Cuando la ministra nos habla de esa utilización política de la que tan amargamente se queja, en realidad se está refiriendo al debate y a la crítica al Gobierno
Cinco son las afirmaciones de la antigua magistrada del Tribunal Supremo que se bastan sobradamente para haberle hecho merecedora de su particular retrato de Dorian Gray. Por su orden, y según el resumen de la propia cadena:
1. “No debemos tirarnos los trastos a la cabeza queriendo hacer política de algo tan terrible como fue la pandemia. En un momento en que deberíamos estar todos unidos, francamente, que alguien quiera hacer una utilización política de resoluciones como la de ayer del Tribunal Constitucional a mí, como ciudadana, como jurista también, me duele, me duele mucho”.
La perversión de un lenguaje puesto al servicio de la nostalgia pequeñofranquista de la falta de controles. Porque cuando la ministra nos habla de esa utilización política de la que tan amargamente se queja, en realidad se está refiriendo al debate y a la crítica al Gobierno. Es decir, al ADN de la democracia.
Afortunadamente para los ingleses, Winston Churchill era menos sensible. El Parlamento británico no se cerró ni siquiera cuando más arreciaban los bombardeos alemanes sobre Londres. Y los diputados no se reunían precisamente para mostrar su adhesión inquebrantable al líder, sino para debatir y criticar la acción del Gobierno: hasta dos votos de censura tuvo que superar Churchill en la Cámara de los Comunes en plena guerra, mientras sus soldados caían por millares en el frente y los ciudadanos sufrían incendios y racionamiento.
Margarita Robles prometió amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando tomó posesión de su cargo como ministra de Defensa
2. “El Gobierno hizo lo que tenía que hacer y actuó según la legalidad”.
No, no lo hizo. El Tribunal Constitucional así lo ha sentenciado y sólo a él, intérprete supremo de la Constitución sometido exclusivamente a esta y a la ley orgánica que lo regula, le corresponde decidirlo.
Se llama independencia del Tribunal Constitucional. Se llama Constitución.
Y el Tribunal Constitucional ha fallado que el Gobierno la vulneró y que lo hizo, además, en su parte más sensible y capital: los derechos fundamentales de los ciudadanos. Precisamente, aquellos que Margarita Robles prometió amparar cuando tomó posesión de su cargo como ministra de Defensa.
3. “La sentencia responde a elucubraciones doctrinales. Jurídicamente es un debate doctrinal. Me duele que el Constitucional haya entrado en ese debate. Los debates doctrinales están muy bien, pero quizá no deberían ponerse en la sentencia. Sembrar estos debates lo respeto, pero no lo comparto”.
Degradar el valor de la sentencia es despreciar la arquitectura básica de nuestro Estado de derecho y de nuestro sistema de libertades
No. Jurídicamente, lo que ha caído sobre el Gobierno no es un debate ni una elucubración doctrinal. No es una ingrávida reflexión teórica ni una frívola ocurrencia bizantina fraguadas por las desocupadas mentes de un grupo de diletantes aburridos. Es una sentencia. Una declaración, en este caso de inconstitucionalidad y nulidad de unas normas, con valor de cosa juzgada y con plenos efectos frente a todos.
Degradar su valor es despreciar la arquitectura básica de nuestro Estado de derecho y de nuestro sistema de libertades.
4. “Me siento muy orgullosa del trabajo que se hizo”.
El Tribunal encargado de velar por la defensa de la Constitución sentencia que el Gobierno la ha vulnerado y una ministra dice sentirse orgullosa de haberlo hecho. Definitivamente, preocupante. Y no sólo por la irresponsabilidad que esta declaración encierra, sino por la falta de propósito de enmienda que demuestra.
La antigua magistrada del Tribunal Supremo no explica en qué consiste para ella el sentido de Estado
5. “No me atrevo a hacer valoraciones, pero cuando uno está en el Constitucional debe de tener un sentido de Estado”.
La antigua magistrada del Tribunal Supremo no explica en qué consiste para ella el sentido de Estado. En realidad, no hacía falta. El mensaje está claro. Es la reformulación de aquel siniestro mandamiento (“las togas se deben manchar con el polvo del camino”) con que el inefable Cándido Conde-Pumpido propugnaba una justicia modelada por las exigencias políticas del momento.
Para valorar en su justa medida la aberración jurídica y democrática que supone esta afirmación, ha de recordarse que el Tribunal Constitucional no ha cuestionado en absoluto la necesidad de las medidas que fueron adoptadas por el Gobierno, sino que, antes al contrario, ha reconocido explícitamente su idoneidad y proporcionalidad.
Lo único que ha cuestionado el Constitucional es la vía jurídica elegida para adoptarlas, pues entiende que para acordar lo que de hecho no fue una mera limitación, sino una estricta suspensión de tres derechos fundamentales (libertad de circulación, de elección de residencia y de reunión entre particulares) no bastaba con la declaración del mero estado de alarma, prerrogativa del Gobierno, sino que hubiese sido necesario acordar el estado de excepción, lo cual exigía la previa autorización del Congreso de los Diputados.
Margarita Robles tuvo la ocasión de elegir entre hacerse cómplice de la deriva cesarista de Sánchez o la dimisión. Eligió lo primero
El Tribunal Constitucional se ha limitado a decir que para suspender derechos fundamentales de los ciudadanos no basta con la sola voluntad de Pedro Sánchez, sino que es necesaria la previa autorización de aquellos, expresada a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados.
Para Margarita Robles, recordar esto es carecer de sentido de Estado.
Volvamos a Churchill. Cuando Neville Chamberlain regresa a Londres después de haber consumado su suicida política de apaciguamiento con los nazis mediante la firma del Pacto de Múnich, el futuro primer ministro le señala: “Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor, y ahora tendréis el deshonor y la guerra”.
Margarita Robles tuvo la ocasión de elegir entre hacerse cómplice de la deriva cesarista de Sánchez o la dimisión. Eligió lo primero y, muy pronto, le impondrán lo segundo.
Al final, la pregunta inevitable. ¿Mereció la pena traicionarse tanto?
*** Marcial Martelo de la Maza es abogado y doctor en Derecho.