En la España de Castells, Harvard y Stanford no existirían

Stanford tampoco cumpliría otra de las condiciones marcadas, que es la de ofrecer enseñanza en al menos tres de las cinco grandes áreas de conocimiento, puesto que es una institución especializada en materias económicas y financieras.

Estos ejemplos ilustran el sinsentido de este real decreto emanado de un Ministerio de Universidades que en el reparto de carteras cayó del lado de Unidas Podemos. Un real decreto que pretende coartar el desarrollo de esas universidades privadas que fueron autorizadas por el ministro de Educación y Ciencia Alfredo Pérez Rubalcaba hace 27 años y que en este tiempo han conseguido atraer a 300.000 alumnos y presentar crecimientos del 11% anual mientras las universidades públicas no incrementan sus estudiantes y dejan sin cubrir todos los años más de 25.000 de las plazas ofrecidas. Y ello a pesar de la abismal diferencia de costes entre unas y otras.

En el modelo educativo de muchas universidades privadas es primordial la contratación de profesionales de prestigio

También es arbitrario exigir que al menos el 60% del personal docente tenga contrato fijo. En el modelo educativo de muchas universidades privadas es primordial la contratación de profesionales de prestigio que trabajan en sus empresas y que transfieren sus conocimientos y su experiencia profesional en esos centros privados. Una relación que requiere de una relación laboral temporal. No puede ser de otra manera si queremos formar a ciudadanos y profesionales inmersos en una sociedad del conocimiento que requiere de una gran capacidad de adaptación.

Recordemos que una de las mayores aportaciones de las universidades privadas ha sido la incorporación a la docencia de los más destacados y exitosos profesionales de la economía, la abogacía, la ingeniería, la educación y las ciencias de la salud, entre otros.

En cuanto a la exigencia de disponer de un presupuesto para investigación de al menos el 5%, hay que recordar que en las públicas este requisito no presenta ningún problema porque su financiación proviene de las arcas públicas. En cambio, en las universidades privadas esa financiación debe salir de su cuenta de resultados. Y, en la actualidad, un 5% de los ingresos es una cantidad seguramente superior a la rentabilidad que cabe esperar de la inversión efectuada en muchas de ellas.

Lo más revelador de este real decreto es que ni siquiera menciona los criterios con los que se mide cada año la calidad de la enseñanza 

Las privadas investigarán mucho o poco, pero lo hacen con su dinero y a cuenta de las matrículas pagadas por sus alumnos. Es cierto que están más volcadas en la docencia que en la investigación, pero eso no permite en absoluto dudar del carácter universitario de estas instituciones.

Lo más revelador de este real decreto es que ni siquiera menciona los criterios con los que se mide cada año la calidad de la enseñanza impartida por universidades públicas y privadas. Es decir, los Indicadores de Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios.

En estas estadísticas encontramos la realidad. En todos los indicadores de rendimiento, éxito, evaluación y abandono, los alumnos de las privadas presentan resultados notablemente superiores a los de las públicas.

A ello se suma el dato que revela el estudio Inserción laboral de los egresados universitarios: a los cuatro años de haber acabado los estudios de grado, los alumnos de las privadas presentan una empleabilidad 14 puntos más alta que los de las públicas. ¿Por qué? Porque la docencia en las privadas está más orientada hacia las salidas profesionales, tanto en su oferta de materias como en la forma de impartirlas.

Este es el servicio que las privadas prestan a la creación de empleo en España.

*** Juan Santiago es presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE).