El fraude democrático de PP y PSOE con el CGPJ

Téngase en cuenta que para el nombramiento de los miembros de este organismo, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a obtener una mayoría de 3/5 del parlamento y, por tanto, la renovación no es posible si no se logra un pacto entre el partido del gobierno y el principal de la oposición. Cosa que ahora parece poco probable ante la lucha partidista que mantienen ambos, y que está provocando el alargamiento del mandato de los vocales del actual CGPJ. Algo, no obstante, que no es nuevo, ya que el anterior CGPJ estuvo casi dos años en funciones hasta que el PP y el PSOE acordaron su renovación en noviembre de 2008.

El problema reside en el intento de las fuerzas mayoritarias de manejar este órgano. No obviemos que el CGPJ es una institución que no ejerce la jurisdicción. Pero, sin embargo, decide todos los nombramientos importantes de la carrera judicial (los jueces del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos o de las Audiencias Provinciales, el Presidente de la Audiencia Nacional...) y habitualmente tiene poco que ver con el mérito y la capacidad. Es cierto que los jueces entran en la carrera judicial mediante una oposición, pero los principales ascensos responden a cuestiones principalmente políticas.

La mayoría de los países de nuestro entorno tienen un modelo que consiste en la elección de los jueces por los propios jueces

Por tanto, este es el verdadero problema. Y ha llevado a que España se sitúe en el puesto 25 de 28 en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la independencia del poder judicial, según el cuadro de indicadores de justicia de la Unión Europea de 2018.

En este sentido, si echamos una mirada a nuestros vecinos, se puede comprobar, según los datos de la Comisión Europea, que la mayoría de los países de nuestro entorno han apostado por un modelo que consiste en la elección de los jueces por los propios jueces. Así ocurre en Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Francia, Italia, Hungría, Malta, Portugal, Eslovenia o Reino Unido).

Otros también siguen este sistema, aunque la elección requiere de una validación formal a cargo del parlamento (Dinamarca, Países Bajos o Rumanía). De manera que sólo Polonia y España mantiene un modelo que se caracteriza por estar altamente politizado. Es cierto que algunos de estos países muestran unos índices de politización de la justicia más altos que España, como es el caso de Hungría, Eslovenia o Bulgaria. Sin embargo, en el resto de países este modelo parece funcionar y garantizar mejor la autonomía judicial que en nuestro país.

Ahora el PP ha aprovechado el pronunciamiento del comisario europeo de Justicia, el socialista Didier Reynders, para condicionar la renovación del CGPJ a una reforma de la ley para que sean los jueces los que elijan a los miembros de este organismo a partir de la siguiente renovación. Puede ser una excusa o treta para ganar tiempo, la actual composición le favorece. Pero está claro que no ha sido la única voz que se alzado en esta misma línea.

Sería deseable que los responsables de consensuar la renovación abandonasen sus intereses partidistas

Aparte de la Comisión Europea, distintas asociaciones, plataformas judiciales y destacados juristas llevan defendiendo esta posición desde hace años. No obstante, es cierto que, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se produjo una reforma del CGPJ que no supuso la despolitización esta institución. Pero también lo es que el PSOE es conocedor de que las dos grandes asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Francisco Victoria, que vienen a representar el 25% y el 16%, respectivamente, de los jueces, tienen un carácter marcadamente conservador. Y, por tanto, la implantación de un sistema como éste podría propiciar que el PP pudiera controlar el poder judicial.

Mientras tanto, Unidas Podemos se muestra partidario de continuar con la línea de la propuesta de ley presentada junto el PSOE en octubre de 2020, mediante la cual los vocales del CGPJ pasarían a ser elegidos por mayoría absoluta del Congreso y Senado, a sabiendas de que esta manera no sólo desbloquearía la renovación, sino que la coalición de gobierno pasaría a controlar el CGPJ. Hecho que, sin duda, vendría a incrementar más si cabe la politización del poder judicial.

Está claro que el Poder Judicial necesita una reforma profunda que no sólo afecte a la selección de los jueces, pero ahora este hecho es de vital importancia. Sería deseable que los responsables políticos encargados de consensuar la renovación del CGPJ abandonasen sus intereses partidistas y pensaran en el buen desarrollo de la institución, dejando así a un lado este fraude democrático y el insulto constante a nuestra Constitución.

*** Gema Sánchez Medero es doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.