El municipio guipuzcoano de Mondragón se prepara para acoger este fin de semana un homenaje al sanguinario etarra Henri Parot con una carrera de relevos con tantos kilómetros como años lleva el preso entre rejas (31). Y el Gobierno, pese a la profunda gravedad de la afrenta a las víctimas, permanece de brazos cruzados. No por falta de voluntad, sostiene, sino por carecer de los "instrumentos legales" necesarios para prohibir el acto.

Como informamos hoy en EL ESPAÑOL, la cartera de Fernando Grande Marlaska se excusa defendiendo que seguirá atado de pies y manos frente a los festejos proetarras mientras la Comisión Europea no apruebe la revisión de su directiva dedicada al reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Lo que significa, si bajamos la pelota al piso, que Moncloa mantendrá su parálisis hasta que Europa le obligue a lo contrario. 

La inacción del Gobierno resulta particularmente inaceptable cuando, por votación de la Eurocámara en 2018, la Comisión incluirá dos puntos en la directiva que no dan lugar al equívoco. En ellos, demanda a los Estados miembros que "prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme" y "presten especial atención a las víctimas cuando estas puedan sufrir acoso o teman posibles nuevos ataques por parte del entorno social de los agresores".

Parece sensato pensar que, con estos argumentos sobre la mesa y con el apoyo de los socios europeos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez disponía de los mimbres para hacer algo más. ¿Por qué, entonces, prefirió no anticiparse y cambiar una ley que pusiera fin a los ongi etorris? ¿Acaso antepuso otros intereses pese a gobernar el país más golpeado por el terrorismo de Europa?

Instrumentos disponibles

No sólo Interior se acoge a la falta de instrumentos legales para frenar el acto de Mondragón. También lo hace el Gobierno vasco. El vicelehendakari Josu Erkoreka reconoció ayer mismo la imposibilidad de suspender el encuentro, más allá de que "pueda convertirse en un acto de exaltación del terrorismo, de terroristas y de menosprecio a las víctimas", porque está amparado por el derecho a la libertad de expresión.

De modo que tanto la administración regional como la nacional se aferran a la resignación y hacen oídos sordos a las peticiones de las asociaciones de víctimas y policiales, que reclaman más implicación política y defienden (como nos recuerda la abogada Carmen Ladrón de Guevara) que "si quisieran, podrían" acabar con estos actos.

Porque, si bien están amparados por la legislación vigente, Ladrón de Guevara remarca que existen dos mecanismos para limitarlos.

Uno, por la vía penal. Implicaría que la Audiencia Nacional, a instancia de la Fiscalía, ordenara la suspensión de un encuentro por enaltecimiento del terrorismo o por humillar a las víctimas. Otro, por la vía administrativa. Obligaría al consejero de Seguridad o al delegado del Gobierno a la cancelación por medio de la Ley de Víctimas autonómica o nacional.

Humillación intolerable

A menos que haya un giro inesperado de los acontecimientos, el próximo fin de semana se vitoreará al terrorista con el peor historial de ETA. Asesino de 39 personas y autor de la matanza en la casa cuartel de Zaragoza (con 6 adultos y 5 niños muertos) al que los promotores del evento reconocen como preso político.

Sí, es cierto que la vía penal, ante la falta de jurisdicción favorable, carece de las garantías deseables. Pero resulta evidente que las víctimas merecen un Gobierno que doble esfuerzos y explore todas las fórmulas a su alcance para impedir que este tipo de humillaciones intolerables sigan produciéndose en nuestro país.

Un Gobierno que no se cubra de pretextos, se anticipe a las resoluciones europeas y acabe de una vez con las reivindicaciones de la barbarie etarra.