El pasado 21 de octubre de 2021, el Ministerio de Igualdad emitió una nota de prensa en la que comunicaba su intención de "hacer permanente el Pacto de Estado a través de la reforma de la Ley 1/2004".

En posteriores declaraciones, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género, indicó que la cuestión estaba "en una fase muy previa" y manifestó su preocupación por el hecho de que los fondos destinados al pacto acaben en 2022. A renglón seguido desveló el auténtico objetivo de Irene Montero.

“No deberíamos perder la oportunidad, desde luego, para que el ámbito de la ley se adecuara por fin al Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y saliera del marco estrecho de la violencia íntima”, dijo. “Es decir, sólo la que produce la pareja o expareja hombre contra la víctima mujer y ampliarla a todas las formas de violencia machistas”.

El proceso ya está en marcha y su ministerio ha puesto en consulta pública previa la modificación de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

El documento de información sobre el proyecto normativo es un texto que oculta que la reforma que se propone es contraria a lo acordado en el Pacto de Estado en esta materia e incluye imprecisiones que buscan camuflar el fin último de la reforma.

"Las diferentes formas de violencia contra las mujeres precisan de instrumentos jurídicos variados y adaptados al tipo de criminalidad que se pretenda combatir"

Vayamos por puntos.

Uno. No se pueden blindar los acuerdos económicos del pacto a través de la ley 1/2004, ya que sólo la Ley de Presupuestos garantiza, cada año, los recursos financieros para las políticas públicas. Ninguna ley blinda recursos presupuestarios.

Dos. El Pacto de Estado implica acometer, con el acuerdo de los firmantes, más de 200 medidas acordadas. Eso no se blinda ni puede institucionalizarse, ya que es temporal y atiende a acuerdos para hacer efectivas determinadas medidas. Es decir, el Pacto de Estado, una vez que se le haya dado cumplimiento, puede y debe renovarse acordando nuevas respuestas a disfunciones u obstáculos detectados. Las 200 medidas del actual acuerdo no pueden blindarse, solamente deben cumplirse.

Tres. La auténtica intención del Ministerio de Igualdad es abrir la ley 1/2004 para romper la especificidad y objeto de la Ley expresado en su artículo primero. Esto se haría en contra de los acuerdos del propio Pacto de Estado, que indica que son precisas leyes específicas e integrales contra otras formas de violencia (particularmente la trata, la explotación sexual y las agresiones sexuales).

Cuatro. El Convenio de Estambul, en el que se escuda el Ministerio de Igualdad, no indica en ninguno de sus puntos que los Estados deban dar respuesta a la violencia contra las mujeres con una o varias normas legales, y no lo hace porque las diferentes formas de violencia contra las mujeres precisan de instrumentos jurídicos variados y adaptados al tipo de criminalidad que se pretenda combatir.

El Ministerio de Igualdad expresó su idea de 'incluir la identidad de género en todas las leyes que se aprueben'

La excusa de abrir la Ley 1/2004 para dar cumplimiento al Convenio de Estambul es eso: un subterfugio cuyo objetivo último desconocemos (o no), pero que genera alarmas justificadas.

No olvidemos que En Comú Podem ya instigó la modificación de la Ley catalana de violencia con el objeto de borrar la concreción y la especificidad sobre el sujeto jurídico de la norma (las mujeres). 

Esa ley catalana recurrida ante el Constitucional por el PP tumba de facto la especificidad de la violencia contra las mujeres, y esto es así hasta tal punto que la diputada Olona, de Vox, se jactó públicamente de que “el feminismo de Irene Montero” sería su mejor aliado contra la ley integral que ofrece protección reforzada a miles de mujeres.

Por otro lado, las asociaciones de mujeres que asistieron a la reunión del 3 de noviembre escucharon cómo el Ministerio de Igualdad expresó su idea de "incluir la identidad de género en todas las leyes que se aprueben".

La pregunta es obligada. ¿Qué consecuencias tiene introducir el género como identidad en una ley cuyo sujeto jurídico son las mujeres?

Sería deseable que el PSOE defendiera la especificidad y objeto de la ley de Zapatero y rechazase usarla como saco donde todo cabe. Objetar la propuesta del Ministerio de Igualdad es comprometerse con lo acordado en el Pacto de Estado.

"Igualdad debería acometer las reformas que demanda la fiscalía especializada en la lucha contra la Trata y la explotación sexual"

El afán "diferenciador" de Podemos se construye, en este y otros casos, descalificando como insuficiente todo lo que no viene de su mano. En materia de machismo criminal, es un grave error.

La justificación de la señora Rosell para abrir la ley se basa en insinuar que España no cumple con el Convenio de Estambul porque la Ley Integral del 2004 no recoge todas las formas de violencia. Eso es una estupidez.

La delegada del Gobierno sabe que España da cumplimiento al Convenio de Estambul a través de diferentes instrumentos legales. Sabe que existe legislación específica para afrontar los matrimonios forzosos, que hemos legislado contra la mutilación genital estableciendo penas de entre seis y 12 años de cárcel a cualquier persona que la practique.

Sabe que no ha sido necesario abrir la ley 1/2004 para legislar contra la violencia sexual. En ese caso, el Ministerio de Igualdad sí ha atendido las indicaciones del Pacto de Estado cuando indica que la respuesta institucional a otras formas de violencia: “Se regirá por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia”.

Esto es así porque cada forma de violencia reclama diferentes instrumentos jurídicos y de apoyo psicosocial. En vez de abrir la ley integral para romper con su especificidad, el Ministerio de Igualdad debería acometer las reformas que insistentemente demanda la fiscalía especializada en la lucha contra la trata y la explotación sexual.

"Cuando Podemos pide que el Estado se limite a luchar contra cierto tipo de proxenetismo, se queda corto"

Si se releen los acuerdos alcanzados en 2017, puede verse con claridad que abrir la Ley 1/2004, en el sentido que indica el ministerio, es contrario a los acuerdos del Pacto de Estado y es un incumplimiento no llevar al Congreso una Ley Integral contra la Trata y la Explotación Sexual.

No hay excusa para que aún no se haya dado cumplimiento, desde el Ministerio, a la medida del pacto que pide “desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes”.

Cuando Podemos pide que el Estado se limite a luchar contra cierto tipo de proxenetismo, se queda corto y deja sin respuesta a la mayoría de jóvenes que son cooptadas a través del denominado “proxenetismo no coercitivo”. Un concepto escudo para lavar la cara y los ingresos de las mafias, que compran niñas a familias necesitadas de cualquier rincón del planeta. Lo llaman actuar con consentimiento.

Después, con ese consentimiento, las introducen y mantienen en el ejercicio de la prostitución con coacciones, restricciones y sistemas de sujeción de apariencia pacífica, pero igualmente destructivas.

Necesitamos decirles a las niñas que en su horizonte no cabe ser prostituidas. Esta sí es una medida para avanzar hacia la igualdad entre los sexos.

Es importante que el PSOE recupere su aspiración de liderar la lucha contra el machismo criminal, y que desde la cordura y el respeto a los acuerdos del Pacto de Estado defienda la Ley Integral ante cualquier intento de destrozarla.

*** Ángeles Álvarez es consultora de políticas públicas de Igualdad y exdiputada del PSOE.