La obsoleta gestión pública de la Sanidad

Pero no se puede bajar la guardia.

Primero, porque el virus sigue presente, aunque sea de forma más controlada, tanto en forma de contagios como en número de hospitalizados y fallecidos.

Segundo, porque hay países de nuestro entorno que muestran datos de contagios y hospitalizados similares a los de los peores momentos de la epidemia por una combinación de falta de vacunación y de exceso de relajación de las medidas de contención.

Además, siempre penderá sobre nosotros la amenaza del posible surgimiento de una nueva cepa o incluso de un nuevo virus que pueda vencer la inmunidad que proporcionan las vacunas actuales.

En cualquier caso, lo peor de la pandemia parece haber pasado ya. Y como en toda guerra o catástrofe humanitaria, toca hacer balance y ponernos a trabajar para reconstruir lo arrasado. También para implantar las medidas que eviten que vuelva a ocurrir algo similar. O para que, si ocurre, tenga consecuencias menos devastadoras que las vividas desde marzo de 2020.

"Pese a que ya hay más de nueve millones de personas que pagan voluntariamente un seguro de salud privado, el sector sigue creciendo a ritmos del 5%"

El balance de daños está a la vista y puede comprobarse a diario en el sistema sanitario. Durante estos 18 largos meses de pandemia se han reducido de forma considerable los diagnósticos de cáncer o de enfermedades cardiovasculares. Es evidente que su prevalencia no ha disminuido, por lo que es razonable pensar que los pacientes siguen ahí, pero sin diagnosticar. Y eso tiene consecuencias.

Además, las cifras conocidas de listas de espera están en máximos históricos. Y digo “conocidas” porque la gran mayoría de los pacientes están en la atención primaria. La falta de motivación de los profesionales, el agotamiento, el hastío provocado por la pandemia, el incremento de las tareas no asistenciales y otros factores han producido el abandono de la puerta de entrada al sistema por parte de nuestros gestores políticos, generando un bloqueo.

Desconocemos, por tanto, las cifras reales de pacientes en espera.

Las desconocemos, pero deben de ser muy altas. Lo demuestra el hecho de que, a pesar de que ya hay más de nueve millones de personas que pagan voluntariamente un seguro de salud privado (a pesar de que la sanidad pública es universal), el sector sigue creciendo a ritmos cercanos al 5%.

Obviamente, una parte de este crecimiento se debe al alto nivel de prestaciones, de calidad asistencial, de innovación tecnológica y de atención hostelera de nuestra sanidad privada. Pero también se debe a que el acceso al sistema sanitario público de forma programada es casi una misión imposible. Y por eso los ciudadanos tratan de acceder a una atención inicial mínima, aunque sea con seguros de salud privados con coberturas muy limitadas y a precios muy bajos.

"El Gobierno ha empezado a poner en marcha medidas necesarias para que nuestro sistema sanitario esté a la altura de los retos que se le presentan"

En cuanto a las medidas necesarias que es necesario adoptar para que nuestro sistema sanitario esté a la altura de los retos que se le presentan (y que exigen un sistema accesible, equitativo, innovador y digital), el Gobierno ya ha empezado a poner en marcha algunas de ellas.

El Ejecutivo, por ejemplo, está tratando de impulsar una nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión a través del Ministerio de Sanidad. Ley de la que lo desconocemos todo salvo el objeto de esta tribuna: el desencuentro con sus socios de Gobierno porque la ley no deroga de forma expresa la ley 15/1997, que abría la posibilidad a una gestión de la sanidad pública diferente a la tradicional.

Es decir, la famosa privatización.

La realidad es que existe mucho desconocimiento sobre este asunto. Porque esa ley no sólo abrió la puerta a la injustamente estigmatizada gestión privada de la sanidad pública. También la abrió a otras formas de gestión pública a través de mecanismos más flexibles que los tradicionales.

Así, la ley 15/1997 habilitó expresamente no sólo la subcontratación de entidades privadas (las concesiones), sino también cualquier otra fórmula de derecho público permitida por la legislación. Así surgió, por ejemplo, la Fundación (pública) Hospital de Alcorcón o se dio carta de naturaleza a otras empresas sanitarias hospitalarias públicas que se habían puesto en marcha años antes.

"Es inaceptable intentar engañar a la población defendiendo únicamente un modelo sanitario concreto bajo la falsa bandera del blindaje de la sanidad pública"

Resulta llamativo que, a la vista de las dificultades de acceso al sistema que sufren nuestros ciudadanos, el debate no gire alrededor de las medidas necesarias para arreglar la situación, sino acerca de la fórmula concreta de gestión del sistema sanitario público.

Los gobiernos son libres de desarrollar los programas ideológicos que consideren oportunos de acuerdo con sus creencias y a la opinión de sus votantes. Pero en ciertas ocasiones, por ejemplo a la vista del estado de nuestro sistema sanitario público, hay que dejar de lado esa ideología y preocuparse por conseguir resultados de la manera más eficiente posible.

Lo que es inaceptable es intentar engañar a la población defendiendo únicamente un modelo sanitario concreto, es decir, la gestión sanitaria pública tradicional o directa, bajo la falsa bandera del blindaje de la sanidad pública.

Eso es, sencillamente, mentir a la gente.

La gestión pública directa es un modelo de gestión sanitaria obsoleto en el que los gestores no tienen mecanismos ni flexibilidad para operar en las condiciones que dicha gestión requiere en el siglo XXI. La gestión pública directa pone por delante de los pacientes a los profesionales al no exigir méritos ni resultados, por lo que estos tienden a asegurar la plaza de trabajo en propiedad.

La gestión sanitaria tradicional o directa no supone defender la sanidad pública. Supone defender un modelo de gestión público en concreto de los muchos que son posibles.

Por el contrario, defender la sanidad pública es saber que no existen infraestructuras suficientes para que esta pueda por sí sola lograr que el sistema sea accesible y equitativo para todos. ¿Por qué? Porque casi el 40% de los recursos sanitarios de nuestro país son privados.

"Es imperativo pensar exclusivamente en el bien de los pacientes y de los ciudadanos, y no en la ideología"

Defender la sanidad pública es ser consciente de los orígenes de nuestro sistema sanitario. Es asumir que la colaboración público-privada es imprescindible para garantizar no ya una buena calidad asistencial, sino una atención mínima a la población.

Defender la sanidad pública es presionar para que se invierta más dinero en ella dado que no tiene los recursos necesarios para los objetivos que pretende conseguir.

Defender la sanidad pública es querer que dé resultados sanitarios y que sea transparente.

Todo lo demás no es ni siquiera ideología: es demagogia. Demagogia que nos conducirá a una parálisis, que nos impedirá hacer lo que realmente se necesita y que nos llevará a un empobrecimiento cada vez mayor de la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario público. Y también al colapso de un sistema sanitario privado que nunca ha pretendido otra cosa que colaborar con el sistema público cuando es necesario y dar una alternativa más personalizada a aquel que la desea (pero nunca convertirse en una herramienta imprescindible para poder acceder al sistema sanitario).

El plazo para ejecutar las reformas necesarias que hagan que nuestro sistema sanitario responda a las expectativas creadas se está acabando. Es imperativo pensar exclusivamente en el bien de los pacientes y de los ciudadanos, y no en la ideología.

Las denuncias de privatización del sistema sanitario público generan un debate estéril promovido por quien no busca otro objetivo que mantener un statu quo que sólo le favorece a él. Por quien no sufre las listas de espera porque, habitualmente, se cuela en el sistema.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.