Por una UE 100% inclusiva

El primer objetivo en esta lucha fue reducir la brecha entre los favorecidos y los desfavorecidos. El resultado de más de un siglo de confrontación, violenta unas veces y pacífica otras, ha sido el paradigma que impera hoy en la UE: el Estado social y democrático, que garantiza la igualdad de oportunidades a través de una educación y sanidad públicas acompañadas de políticas sociales.

Más tarde, el foco de la lucha por la igualdad se desplazó (sin abandonar nunca el primero) a los colectivos que habían sido objeto de discriminación histórica: las mujeres, los grupos religiosos minoritarios, los romaníes, los inmigrantes o el colectivo LGBTI. Una vez que se garantizó por ley su igualdad en el ejercicio de sus derechos y obligaciones con el resto de la ciudadanía, los poderes públicos se concentraron en combatir los prejuicios que siguen anidando en aquellos que reproducen actitudes discriminatorias.

El mundo en general, y Europa en particular, debe ahora afrontar el reto más difícil en esta lucha secular por garantizar la máxima igualdad posible entre sus ciudadanos cuando estos, desde su nacimiento o por razones sobrevenidas, no gozan de plenas capacidades. La diversidad funcional regula, según el Ministerio de Sanidad, siete tipos de discapacidades: física, auditiva, visual, intelectual, psicosocial, múltiple y la sordoceguera.

Es mucho lo que se ha avanzado ya. Antaño (y en algunos casos y lugares, hasta hace pocas décadas), el discapacitado, además de su dificultad para desenvolverse en un mundo que no tenía en cuenta sus circunstancias, era objeto de discriminación.

"Nada mide mejor el grado de desarrollo democrático de una sociedad que el esfuerzo de la mayoría por que la minoría goce de sus mismos derechos"

Pero el respeto hacia su situación es ahora generalizado en la mayoría de los países, aunque quede todavía algún eco de esta situación pretérita en algunos textos legales (en nuestra Constitución, sin ir más lejos, se mantiene el término "minusválido").

Pero con el respeto no es suficiente. La lucha por la igualdad no puede ceñirse únicamente a combatir los prejuicios que subsisten. Se necesita, sobre todo, la creación de unas condiciones que mitiguen en lo posible una desigualdad innegable. Esto es lo que se conoce como accesibilidad, la última frontera en la lucha por la igualdad.

Nada mide mejor el grado de desarrollo democrático de una sociedad que el esfuerzo de la mayoría por que la minoría (sea cual sea el criterio que la defina) goce de sus mismos derechos. Por eso, la triple transición en que se han embarcado la UE y sus Estados miembros (verde, digital e inclusiva) debería ser cuádruple.

De la inclusividad debería desgajarse con entidad propia la accesibilidad. Porque hemos llegado a un punto crucial en la lucha por la igualdad que requiere, tanto como lo exige la plena transformación de nuestros sistemas productivos y energéticos, el compromiso de los poderes públicos y de los ciudadanos.

Los poderes públicos, en España y en la UE, han empezado desde hace algún tiempo este trabajo de titanes. Forman ya parte de nuestro paisaje cotidiano los bordillos rebajados en los pasos de cebra. O los servicios habilitados para los que se desplacen en silla de ruedas. O los semáforos con señal acústica para aquellos con discapacidad visual. La labor de organizaciones como la ONCE y el CERMI en España ha sido y es colosal.

"Vale la pena que el diseño del mundo virtual en el que nos adentramos ofrezca similares posibilidades de acceso con independencia del grado de diversidad funcional que se tenga"

Pero ellas solas no pueden transformar un entorno físico y social que favorece desproporcionadamente a quienes tienen plenas capacidades. Nos necesitan a todos, porque es labor de todos.

Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad única de transición integral impulsada y financiada por la UE y sus Estados miembros. Por todos los ciudadanos europeos, en suma.

Para ello, se podría fijar una fecha (2035, por ejemplo) para conseguir una Unión accesible, incluso a sabiendas de que todavía quedaría mucho por hacer después de entonces.

Pero vale la pena intentarlo. Vale la pena que el diseño del mundo virtual en el que nos adentramos ofrezca similares posibilidades de acceso con independencia del grado de diversidad funcional que se tenga. Y que en el lanzamiento de las grandes iniciativas, sea cual sea su ámbito, un comité de expertos en los siete grandes grupos de discapacidades asesore a la Comisión Europea sobre los elementos adicionales que deben incluir estas para que la UE se convierta en la vanguardia mundial de una sociedad justa desde el punto de vista la diversidad funcional.

Y para que esta deje así de ser un obstáculo insalvable para que una décima parte de la sociedad (esa es la proporción de quienes viven una condición de este tipo) disfrute de sus derechos en pie de igualdad con el resto de sus conciudadanos.

*** Juan González-Barba es exsecretario de Estado para la UE y ha sido embajador en Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Sudán, Sudán del Sur y Eritrea.