Educación cívica en España: hay que volver al consenso

1. ¿Seremos capaces de preservar el modelo de convivencia y paz del que disfrutamos desde hace ya casi un siglo?

2. ¿Cómo paliar el déficit democrático, la falta de interés por la cosa pública en los más jóvenes?

3. ¿Es posible contribuir a una sociedad europea mejor que la que recibimos?

Se trata de preguntas que no admiten respuestas fáciles. Pero, con independencia de las que pudieran darse, todas contendrían casi siempre una misma clave. Parte de la solución es la educación. Y, más en concreto, la educación en la escuela.

Sobre las espaldas de la escuela se han cargado responsabilidades que comparten otros muchos actores sociales. Actores cuya contribución es necesaria, pues ninguno de ellos (ni la propia escuela) es excluyente o exclusivo. La realidad social es suficientemente compleja como para no caer en descartes u omisiones en un proyecto en el que todos los esfuerzos deben ser bienvenidos.

Todas estas reflexiones son de plena actualidad en España, un país en el que el debate en torno a la educación ha sido y es constante. La ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, ha reintroducido en la educación primaria y secundaria una asignatura específica sobre valores cívicos y éticos.

"Educación para la ciudadanía fue objeto de una densa polémica que dividió al país en dos mitades y que se saldó con varias sentencias del Tribunal Supremo en 2009 a su favor"

Considerada esta nueva propuesta educativa de forma abstracta, estamos ante una importante aportación destinada a responder a las preguntas que se hacían al comienzo.

Sin embargo, como también se recordará, el precedente de esta nueva asignatura fue Educación para la ciudadanía (este fue su nombre más conocido y popular, aunque la asignatura tuvo otros en los distintos ciclos educativos), objeto de una densa polémica que dividió al país en dos mitades y que se saldó con una repetitiva serie de sentencias del Tribunal Supremo en 2009 a su favor.

Al margen del acierto de aquellas sentencias (que, por otra parte, advertían de que no eran carta blanca para que se cometieran abusos en forma de adoctrinamiento) no está de más constatar que, cuando una cuestión de hondas raíces ideológicas o morales divide una comunidad política en dos mitades, la solución judicial es, en efecto, la terminación pacífica de un conflicto.

Sin embargo, dicha solución no cohesiona de nuevo a la sociedad. Simplemente la mantiene dividida en esas dos mitades (vencedores y vencidos) hasta que una nueva batalla judicial ofrezca la posibilidad de una revancha.

El primer requisito que quizá pudiera pedírsele a la nueva asignatura sobre valores cívicos y éticos (una materia llamada a mejorar la democracia, la convivencia y la tolerancia) sería precisamente que esta no fuera bandera de división, sino de cohesión.

El largo periodo iniciado por la Constitución española de 1978, quizá el más largo de paz de nuestra historia, se basa en el acuerdo, el encuentro y el consenso. Al programar e impartir Educación cívica, el marco jurídico constitucional y el espíritu de encuentro resultan decisivos.

En esta dirección camina un reciente informe publicado por el Instituto para el Análisis de la Libertad y la Identidad Religiosa, Cultural y Ética (LIRCE) en el marco del Proyecto Consciencia, espiritualidad y libertad religiosa que promueven conjuntamente la Fundación Desarrollo de la Consciencia y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

"En Europa, Educación cívica es una asignatura que se imparte sin contestación social y sin la litigiosidad que acompañó a la asignatura de Educación para la ciudadanía española"

El informe ofrece las coordenadas básicas de índole jurídica para normalizar la asignatura de Educación cívica en un contexto constructivo. Subraya también la importancia de la neutralidad como interdicción del adoctrinamiento ideológico a través de, entre otras materias, la Educación cívica. Ese adoctrinamiento puede producirse bien en el diseño general de una materia, bien en el modo específico de impartirla.

Las recomendaciones de los organismos internacionales sobre esta asignatura también son imprescindibles. Por eso, el informe detalla el marco normativo internacional en materia de Educación cívica, constatando que en Europa es una asignatura que se imparte sin contestación social y sin la litigiosidad que acompañó a la asignatura de Educación para la ciudadanía española.

Quizá ello pueda explicarse, tal como apunta el informe, porque en los currículos europeos se detecta un planteamiento inclusivo con la finalidad de dotar de efectiva participación a todas las partes interesadas en el proceso educativo. En particular, a los alumnos y las familias.

"Hay mucho en juego en el desarrollo de esta nueva y necesaria materia sobre valores cívicos y éticos. Un desarrollo partidista e ideológicamente escorado no será más que un capítulo más de la guerra educativa"

Por lo demás, desarrollar una Educación cívica sin enfrentamientos ni malestar social, y de manera congruente con la Constitución, significa, de nuevo según el informe, evitar un enfoque de derechos en conflicto. El derecho a la educación de los menores, garantizado y desarrollado por el Estado, en contra del derecho de los padres o tutores a educar conforme a sus propias convicciones.

Frente a esa visión conflictual se debe buscar la armonización de los derechos en juego. Lo cual también aconseja una visión mesurada y realista de la Educación cívica que no la convierta en una inabarcable materia, extensísima en sus objetivos y contenidos para solucionar todos los problemas éticos de convivencia.

En lugar de eso, se trata de dar más peso a la formación en los valores cívicos y constitucionales que a ciertas cuestiones morales o éticas sobre las que no existe un consenso generalizado en la sociedad.

Hay mucho en juego en el desarrollo de esta nueva y necesaria materia sobre valores cívicos y éticos. Un desarrollo partidista e ideológicamente escorado no será más que un capítulo más en la guerra educativa que ha acompañado durante muchos años a la escuela española.

Por el contrario, un desarrollo mesurado y realista, como el que propone este informe, bien puede ser no sólo una contribución valiosa a la educación, sino también el punto de arranque para el pacto educativo que toda la sociedad reclama para estabilizar la educación en España.

*** Rafael Palomino Lozano es catedrático de la Universidad Complutense.