Contra la explotación de los letrados de la Administración de Justicia

La ministra de Justicia, Pilar Llop, recibe la cartera ministerial de manos de su antecesor en el cargo, Juan Carlos Campo.

Las raíces del conflicto son profundas y se remontan a muchos años atrás. A las reformas procesales del año 2009, e incluso a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, momento en el que se cambia la configuración de un histórico cuerpo de fedatarios públicos para que sea también un órgano de impulso y resolutorio con competencias parajudiciales.

Las reclamaciones, sin embargo, son las básicas de todo trabajador. Los letrados reclaman poder negociar sus condiciones laborales con su empleador, y que sus retribuciones se ajusten a las nuevas funciones y responsabilidades.

Tras años de espera, de reuniones y de promesas, y tras llegar por fin al Boletín Oficial del Estado (BOE) el deber de adecuar salarialmente a los letrados, estos no han visto cumplidas sus expectativas. La naturaleza progresista de su empleador no se ha visto reflejada en el trato dado a sus trabajadores. Unos servidores públicos que, a pesar de sus condiciones precarias e injustas, han mantenido siempre de forma ejemplar su compromiso con el servicio que prestan al ciudadano. Algo de lo que es ejemplo el hecho de que los juzgados se hayan sostenido durante el confinamiento, en ocasiones, sólo con el trabajo de los letrados.

El desprecio constante por parte de sus empleadores se ha agudizado en esta última legislatura. Los paros y movilizaciones han sido inevitables. Y todo hace pensar que lo seguirán siendo hasta que el Ministerio de Justicia actúe como un empleador progresista con sus obreros, deje de afear que estos adopten las medidas de conflicto a las que tienen derecho, dejen de calificar su legítima reivindicación como "una huelga del rencor", se siente a hablar, se tiendan puentes de diálogo y se encuentren las soluciones adecuadas.

"La falta de sensibilidad con las condiciones laborales de los letrados se ha tornado en evidente humillación en el acuerdo del pasado 2 de diciembre con los sindicatos generalistas"

El Gobierno al que pertenece este Ministerio presume de una política progresista que se manifiesta en la reforma laboral, en el incremento del salario mínimo interprofesional o en el ingreso mínimo vital.

Sin embargo, haciendo cierto el dicho de que en casa de herrero, cuchillo de palo, se niega a hablar y escuchar con sus propios trabajadores. Y para paliar carencias materiales y personales de todo tipo, como la falta de jueces, de personal auxiliar o de juzgados, ha ido incrementando las responsabilidades de los letrados con competencias antes judiciales sin su correspondencia económica, sin siquiera convocar las numerosas plazas vacantes del cuerpo, y obligando a estos a ejercer funciones en varios juzgados por 200 €.

La falta de sensibilidad con sus condiciones laborales, común en los sucesivos Ministerios de Justicia, se ha tornado en evidente humillación en el acuerdo del pasado 2 de diciembre con los sindicatos generalistas (pero no con los letrados). Acuerdo en el que se han pretendido zanjar veinte años de olvido y de retrasos con un complemento a los funcionarios de los cuerpos generales (ellos también esenciales y mal pagados, aunque sin la responsabilidad de los letrados). Complemento que estos, además, ya perciben, mientras que los letrados no.

La Administración de Justicia no debe abusar de unos trabajadores sobreexplotados con sueldos precarios, muy inferiores a los de los funcionarios A1 equivalentes de otros cuerpos. Dignificar las condiciones de sus trabajadores significa también mejorar la calidad del servicio público, poniendo con ello fin a situaciones injustas que un país de tradición democrática no deben permitirse.

Los letrados de la Administración de Justicia esperan que se ponga fin a esta desagradable situación lo antes posible para que la Justicia no se vea afectada. Pero esto no depende de ellos, sino la de voluntad de diálogo y de entendimiento de su empleador, el Ministerio de Justicia.

*** Enrique Alberto Maya y Juan José Yañez son letrados de la Administración de Justicia.