Pablo Echenique durante la presentación del impuesto a la banca. EFE
Un gravamen sobre la banca impropio de España
Los intereses de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas deberían estar por encima del populismo y de la intransigencia ideológica del Gobierno y de sus socios.
España vive días orwellianos. Todavía recuerdo la candidez adolescente con la que leí la sátira del comunismo Rebelión en la granja, de George Orwell. Tengo curiosidad por saber si continúa siendo un libro de referencia para los adolescentes de hoy.
La proposición de ley que introduce un gravamen temporal sobre las entidades financieras es arbitraria, ahuyenta la inversión y genera una inseguridad jurídica que daña la marca España y nuestra credibilidad como país. Las perjudicadas no serán las grandes empresas, que no tienen problemas de financiación, sino las pymes y los hogares, que encontrarán mayor dificultad de acceso al crédito y a costes superiores.
Patxi López durante la presentación del impuesto a la banca. EFE
La exposición de motivos de la ley debería poner los pelos de punta a cualquier defensor de la democracia liberal y el libre mercado, pues se aproxima más a la retórica populista propia de las repúblicas sudamericanas que a lo exigible en un país occidental serio.
Dicha exposición abusa del significado del pacto de rentas (en realidad una negociación entre agentes sociales) pidiendo que lo interpretemos en sentido amplio y esgrimiéndolo como coartada moral de un gravamen que se define como "una prestación patrimonial de carácter público no tributaria" sin un proceso de diálogo con el sector.
De hecho, el gravamen se hizo público con el formato "anuncio e imposición" en el Debate del estado de la Nación por mero interés electoral partidista.
Bajo la premisa del pacto de rentas, la proposición de ley justifica la necesidad de que algunos sectores contribuyan a la financiación de las medidas extraordinarias aprobadas para paliar los efectos de la escalada inflacionista, cifradas en 15.000 millones de euros.
"Lo que el Gobierno no cuenta es que se teme una caída en la recaudación a partir de otoño por el frenazo económico"
El argumento se revela como una hipocresía cuando se recuerda que el Gobierno está recaudando cifras récord gracias a la inflación: 15.600 millones más que durante los cinco primeros meses del año pasado. Y, en especial, cuando no ha sido capaz de realizar ningún esfuerzo de ajuste del gasto público improductivo. De hecho, el Gobierno ha presumido de un récord del techo de gasto.
Lo que el Gobierno no cuenta es que, a pesar de que durante la fastuosa presentación del techo de gasto abusó de términos como "excelente comportamiento", "sorpresa positiva", "fuerte crecimiento económico", "velocidad de crucero" o "evolución favorable", se teme una caída en la recaudación a partir de otoño por el frenazo económico.
Todos estos calificativos serán entonces sustituidos por otros.
No querer ajustar las cuentas públicas entraña la necesidad de buscar nuevas figuras recaudatorias, aunque sean expropiatorias y perjudiquen la evolución del PIB y el día a día de las pymes y los autónomos.
Es además torticero usar como argumento para la aplicación del gravamen sobre las entidades financieras el menor peso relativo de la masa salarial en este sector respecto a otros. Porque se trata de unas empresas que han realizado fuertes inversiones en medios y en formación para su digitalización y para hacerlas más eficientes y rentables.
¿Por qué entonces un gravamen a este sector y no a otros intensivos en tecnología y con escaso peso de masa salarial?
El impuesto interviene además en el core bancario gravando el 4,8% del margen neto de intereses y comisiones bancarias cuando esta partida supere los 800 millones de euros, con la exigencia de tener que anticipar al Tesoro el 50% del pago anual en el mes de febrero. Es decir, el Gobierno expropia y lo hace por adelantado.
"El nuevo impuesto tendrá un efecto directo en la restricción de la oferta de crédito y en la subida de los tipos de interés"
Estamos acostumbrados a señalar a la banca por sus malas prácticas cuando así sucede. Pero no debemos olvidar que se trata de un sector esencial para el buen funcionamiento de la economía, que tributa por encima del tipo general (un 30%) y que este nuevo gravamen la condenará a una importante desventaja competitiva respecto al resto de entidades financieras europeas, encareciendo su coste de capital.
El impuesto tendrá además un efecto directo en la restricción de la oferta de crédito y en la subida de los tipos de interés, además de posibles efectos secundarios no deseados sobre el empleo en un sector que da trabajo y sustento a más de 100.000 familias.
Desde 2015 hasta hoy, el ROE del sector se ha situado en el 3,6%. El sector ha vivido también una situación de "anormalidad" al tener que operar con tipos negativos. Y aunque en 2021 alcanzó el 6,6%, todavía se encuentra lejos de un coste del capital de entre el 8 y el 10%.
[El impuesto a los bancos le costará a sus inversores hasta seis céntimos por acción]
Lo que la normalización de la política monetaria permitirá es que las entidades financieras puedan salir de una situación de baja rentabilidad y evolucionar hacia una de normalidad, en línea con el coste del capital. Si empeora la situación económica general, aumentará la morosidad de la banca y esta deberá incrementar sus provisiones.
Este nuevo impuesto no puede, por tanto, ser más inoportuno.
Como en la novela de Orwell, los salvadores de los ciudadanos han abusado de los procedimientos e impuesto nuevas normas. La tramitación parlamentaria escogida elimina además garantías durante el proceso (dada la inexistencia de fase de exposición pública) y prescinde del informe de impacto normativo.
Además, se utiliza una figura tributaria propia de las concesiones de las Administraciones locales con el objetivo de sortear posibles recursos de inconstitucionalidad y la acusación de doble imposición.
Los intereses de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas deberían estar por encima del populismo y de la intransigencia ideológica del Gobierno y de sus socios. Porque ellos, ciudadanos y pymes, son los que van a sufrir el atropello intervencionista que supone la proposición de ley registrada este jueves en el Congreso de los Diputados.
Es el dinamismo económico quien sale perjudicado y es España el sujeto pasivo sobre el que recae la penalización en la confianza del país. Ya no se diferencia al líder de la granja de sus antiguos amos.
*** Santiago Sánchez López es economista.
