La política energética se ha convertido en un asunto de la mayor trascendencia dado su carácter estratégico y su impacto sobre la vida de las personas y la actividad económica.
Cuestiones como la dependencia y la soberanía energéticas, la inflación de los precios, el necesario ahorro derivado de la guerra en Ucrania o la transición hacia fuentes renovables son asuntos que deben ser abordados con sentido de Estado y políticas que incluyan medidas urgentes, pero también a medio y largo plazo.
Medidas que deben ser fruto del diálogo con los sectores implicados, con las diferentes administraciones competentes y en plena coordinación con las directrices que se acuerden en el seno de la Unión Europea.
La diputada popular Ana Vázquez se abanica por el calor reinante en el Congreso.
En estos asuntos debemos ser serios y no caer en la improvisación, la frivolidad o la unilateralidad. Por eso el Partido Popular se puso ayer al lado de los españoles y rechazó un real decreto ley que compendia la peor forma de hacer política del Gobierno de Pedro Sánchez.
En primer lugar, este decreto supone un nuevo abuso de una figura jurídica a la que el Gobierno ha recurrido ya 87 veces esta legislatura y 129 veces desde junio de 2018. Sánchez se ha convertido en el campeón del decreto, fórmula que le permite evitar los debates y negociaciones propios del procedimiento legislativo ordinario dada su minoría parlamentaria. Dados sus problemas de gobernabilidad.
Esta política de ordeno y mando de Sánchez no sólo se ha hecho manifiesta en la aprobación de la norma. También en la falta de diálogo previo con los agentes implicados, con los comerciantes, los empresarios, los autónomos que sufrirán esas medidas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, por supuesto, con el principal partido de la oposición.
"La UE había extendido sus recomendaciones hasta marzo de 2023, pero Sánchez ha decidido ampliar sus cargas hasta noviembre de 2023, ocho meses más, sin explicación alguna"
Estamos ante un Gobierno cada vez más aislado, que no habla con nadie y que se dedica a desacreditar al PP cuando este no aprueba sus ocurrencias.
Pero ha habido más ordeno y mando todavía en la propia concepción de las medidas. Porque si la Unión Europea concebía recomendaciones, Sánchez ha establecido imposiciones acompañadas de un régimen sancionador con el que seguir esquilmando a los comerciantes y a sus familias.
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Cuando un plan de ahorro energético debe encontrar el equilibrio entre el ahorro de consumo con el mantenimiento de la actividad económica y el empleo es muy importante el diálogo con los comerciantes y con los sectores implicados porque dicho plan puede tener efectos perversos para ellos, como es el caso.
Y si la Unión Europea había extendido sus recomendaciones hasta marzo de 2023, Sánchez ha decidido ampliar sus cargas hasta noviembre de 2023, ocho meses más, sin explicación alguna.
Aunque ni Sánchez ni la vicepresidenta responsable de energía se dignaran ayer dar la cara en el Congreso, la realidad ineludible es la nefasta y errática política energética de su Gobierno, que crea problemas allí donde no los había. España no tenía un problema con el suministro de gas argelino y ahora sí lo tiene como consecuencia de la errática política exterior de Sánchez, que ha deteriorado las relaciones con este importante suministrador en el momento en que más lo necesitamos.
"Más de 330 millones de euros llevamos pagados a los franceses gracias a las subvenciones de la luz que nos compran, cantidad que sube día a día"
Si ahora también dependemos del gas ruso es como consecuencia de la política de Pedro Sánchez. Dependencia que crece y que nos hace más vulnerables ante Rusia mientras a los españoles se les imponen restricciones y sacrificios que de nada sirven.
Podría hablarse también del fracaso de la excepción ibérica, que no ha impedido que el precio de la luz sea hoy cuatro veces más caro que hace un año y que ha hecho que las facturas de millones de españoles incluyan ahora un nuevo concepto que pagar, ante el asombro de sus titulares.
Más de 330 millones de euros llevamos pagados a los franceses gracias a las subvenciones de la luz que nos compran, cantidad que sube día a día.
Este decreto muestra falta de planificación. Algo que se traduce en una gran confusión normativa. Recoge medidas sobre temas que nada tienen que ver entre sí y que rectifican medidas aprobadas hace sólo unos días.
Estamos ya a la espera, además, de un nuevo plan de contingencia que deja en el aire cualquier certidumbre sobre esta materia. Todo ello en un momento en que los ciudadanos necesitan una especial claridad y transparencia para poder tomar las decisiones más adecuadas en sus economías domésticas.
Sin olvidar, por cierto, la trampa de incluir alguna medida social en el decreto para poder acusar luego al PP de votar en contra de ella.
Este decreto es una muestra palmaria de la política de imposición unilateral de Sánchez. Pone parches sobre problemas que el mismo Gobierno ha creado o agravado y perjudica nuestro tejido económico, que ya está sufriendo bastante con la inflación.
El PP siempre va a estar disponible para acordar políticas de Estado que resuelvan problemas y mejoren la vida de las personas. No estamos para refrendar las políticas equivocadas de Sánchez, sino para ofrecer una alternativa de buen gobierno en materia energética a los españoles, a quienes nos debemos.
*** Cuca Gamarra es secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.