Olaf Scholz , canciller de Aleminia, Ursula von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Luces y sombras en la respuesta europea a la crisis energética
Después de un año, la UE por fin parece haberse decidido a tomar las riendas de la crisis energética, entre riesgos de división política, competencia y descoordinación entre los Estados miembros y fragmentación del mercado único europeo.
No ha sido sencillo, ni mucho menos rápido. Pero un año después, con un conflicto bélico mediante y con una inflación que ha superado los dos dígitos, la Unión Europea por fin parece haberse decidido a tomar las riendas de la crisis energética.
Es lo que se desprende del último paquete de medidas propuesto por la Comisión Europea y que el pasado 30 de septiembre recibió el beneplácito de los ministros de Energía de los Estados miembros. Medidas que ahora sí aspiran a encauzar los altos precios de la energía, aunque la magnitud de la crisis hace temer que seguramente no sean suficientes.
Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal, António Costa.
La propuesta de Reglamento europeo para una intervención de emergencia que aborde los altos precios de la energía se despliega en diferentes frentes de actuación.
El primero de ellos es el de la reducción de la demanda de energía. La norma establece un objetivo indicativo de reducción del 10% del consumo bruto mensual total de electricidad. En horas con picos de demanda, esta reducción tendrá que ser obligatoriamente de al menos un 5%.
En ambos casos, los Estados miembros tienen margen para elegir cómo alcanzar dichos objetivos. España ya ha adelantado que en su caso este esfuerzo de ahorro en horas pico se centrará en el consumo industrial, a través de un nuevo servicio de respuesta activa a la demanda regulado en el Real Decreto ley 17/2022, de 20 de septiembre. Este sistema en esencia recupera y actualiza las antiguas subastas de interrumpibilidad, suspendidas de facto desde 2019.
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El segundo se refiere a los llamados “beneficios caídos del cielo” que las tecnologías renovables y la nuclear obtienen en el mercado mayorista de electricidad. La propuesta de Reglamento europeo establece un límite de retribución en el mercado eléctrico de las tecnologías renovables y la nuclear de 180 €/MWh. Los ingresos que superan ese umbral serán detraídos por cada Estado miembro, que deberán destinarlos a reducir la factura de la luz.
En realidad se trata de un límite muy generoso, considerando que el precio medio al que ofertaron las tecnologías inframarginales estuvo en torno a los 48 €/MWh en el periodo 2020-2021. De hecho, en España desde 2021 opera un mecanismo similar, regulado por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de octubre, y sus modificaciones posteriores, todavía vigente.
"Los criterios de la contribución solidaria europea, presentan diferencias notables con la propuesta de gravamen temporal energético español, que se calcula sobre los ingresos, y no sobre los beneficios"
Otra de las propuestas de la nueva norma comunitaria, y quizás la que ha acaparado una mayor atención, es la creación de una contribución solidaria por parte de las compañías fósiles. Como consecuencia de la misma, las compañías de petróleo, gas natural y carbón tendrán que pagar el equivalente al 33% de sus beneficios extraordinarios en 2022 y/o en 2023, considerando como tales aquellos que excedan en más de un 20% el promedio de beneficios obtenidos por cada empresa durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Los ingresos obtenidos como resultado de la contribución tienen que destinarse bien a financiar inversiones en materia de eficiencia y ahorro de energía o de impulso al despliegue de renovables o bien a rebajar el precio de productos energéticos por parte de colectivos determinados, como los consumidores domésticos en situación de vulnerabilidad o la industria electrointensiva.
Los criterios de esta contribución solidaria europea, por cierto, en algunos casos presentan diferencias notables con la propuesta de gravamen temporal energético español que se tramita en estos momentos el Congreso de los Diputados. Sin ir más lejos, mientras que la prestación española se calcula sobre los ingresos, la europea lo hace sobre los beneficios, esto es, una vez descontados los costes, que en algunos casos pueden ser significativos.
Es cierto que la redacción final del Reglamento europeo finalmente deja cierto margen de maniobra a los Estados miembros para transponer esta contribución, e incluso permite mantener aquellas ya vigentes en sus mismos términos, como sucede en el caso de Italia. Pero el gravamen energético español, al encontrarse todavía sin aprobar, necesariamente deberá ser adaptado durante su tramitación para cumplir con los requisitos europeos. Un compromiso que el Gobierno ya ha transmitido pero que corresponde a los grupos parlamentarios presentes en el Congreso hacer realidad.
"Más allá de la discusión sobre si son suficientes para hacer frente a la crisis, han aflorado otros problemas asociados al riesgo de división política y de fragmentación del mercado único europeo"
Entre esta contribución solidaria de las fósiles y la limitación a la retribución de las renovables, la Unión Europea espera que se recauden más de 140.000 millones de euros en total que los Estados miembros puedan destinar a disminuir la factura de la luz de sus consumidores.
Pero, más allá de la discusión sobre si realmente son suficientes para poder hacer frente a la magnitud de la crisis que nos afecta, el debate de estas medidas ha hecho aflorar otros problemas asociados al riesgo de división política y de fragmentación del mercado único europeo.
Una muestra de esta división se aprecia precisamente en una ausencia: la de un acuerdo para establecer un tope al gas a escala europea. Desde hace semanas, son cada vez más los países que abogan por fijar un precio máximo a las importaciones de gas que llegan a Europa. España, Portugal, Francia, Italia o Bélgica, entre otros, forman parte del grupo de países que piden que se tome esta medida para mitigar el impacto que los precios del gas tienen sobre los mercados eléctricos europeos.
En el bando opuesto se encuentra Alemania, para quien el gas sigue siendo una tecnología muy relevante dentro de su mix energético y también para el funcionamiento de su tejido industrial. Las discrepancias entre ambos bloques han impedido que esta medida forme parte de las medidas acordadas por la UE, al menos por ahora.
"Lo ideal sería que los esfuerzos para contener la crisis energética se encauzasen a escala europea, evitando la competencia y las actuaciones descoordinadas entre los distintos Estados miembros"
Persisten también divergencias respecto a otros asuntos de calado, como el de las interconexiones energéticas a nivel comunitario, en particular la que representa el gasoducto MidCat entre España y Francia, una infraestructura estratégica para nuestro país. Si bien es cierto que en las últimas semanas ambos países han acercado posturas ante la mayor disposición francesa a este proyecto tras los incidentes que habrían afectado al gasoducto NordStream entre Rusia y Alemania a través del mar Báltico.
Por otro lado, el riesgo de fragmentación económica se ha incrementado tras el anuncio del Gobierno alemán de su intención de destinar más de 200.000 millones de euros, el 5% de su PIB, a rebajar la factura eléctrica que pagan sus consumidores. Una medida que ha puesto en alerta a las instituciones comunitarias y que ha levantado las críticas de diversos países, entre ellos Francia, Italia y España, que acusan de insolidaridad a Alemania por mostrarse reacio a apoyar a nivel europeo medidas, como el tope al gas, que persiguen finalidades análogas a las que los alemanes sí están dispuestos a desplegar exclusivamente para ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que no todos los países tienen un margen fiscal tan elevado como para permitirse una política así.
Habrá quien argumente que solo ese hecho ya legitima la decisión germana. Pero no es menos cierto que ese margen fiscal alemán es en buena medida resultado de un modelo económico orientado a la exportación que ha sido tradicionalmente avalado y hasta estimulado por la propia UE, no pocas veces a costa de los intereses de otros países, como se vio de manera clara en la crisis financiera de 2008.
Del mismo modo, estos países también critican la unilateralidad de la decisión alemana, más grave si cabe considerando las distorsiones que un programa de subvenciones tan masivo puede tener sobre la economía europea. El tope al gas ibérico fue escrutado y hasta restringido, limitando con ello su potencial impacto positivo, bajo la justificación de minimizar los posibles perjuicios que este mecanismo podía tener sobre la competitividad industrial. El plan alemán, en justa equidad, no debería recibir un trato distinto.
En todo caso, y con independencia de cómo termine de resolverse la controversia generada por Alemania, lo ideal sería que los esfuerzos para contener la crisis energética, en tanto tiene un alcance europeo, se encauzasen igualmente a esa misma escala europea, evitando la competencia y las actuaciones descoordinadas entre los distintos Estados miembros.
*** Ramón Mateo es director de beBartlet, gabinete de incidencia pública.
