Teatro Real: en búsqueda de una ley perdida

Cuando, en los años 80, Jordi Pujol rechazó la propuesta de Javier Solana (entonces ministro de Cultura) de transformar el Liceu en el teatro de ópera de referencia en España, el Gobierno decidió reabrir el Teatro Real acometiendo unas obras muy costosas e instalando las tecnologías más avanzadas. En 1995, el Ministerio de Cultura, con la participación de la Comunidad de Madrid, constituyó la Fundación del Teatro Lírico, que incluía al renovado Teatro Real y al Teatro de la Zarzuela. 

Su Patronato, del que formé parte, estuvo presidido por la ministra de Cultura, Carmen Alborch, siendo su vicepresidente Alberto Ruiz Gallardón. Se nombró directora general a Elena Salgado y director artístico a un joven, pero ya prestigioso, Stéphane Lissner, que más tarde llegaría a ser superintendente de la Scala de Milán y director general de la Ópera de París.

El Teatro Real de Madrid. EFE

En 1996 se produjo un cambio político que conllevó el cese de la directora general, la separación del Teatro de la Zarzuela y la dimisión como patronos de Luis de Pablo, Alberto Zedda, Isabel Penagos, Emilio Lledó y yo mismo. Stèphane Lissner también dimitió poco después. 

La tentación intervencionista que había de marcar el periodo comprendido entre 1996 y 2006, con tres ministros del PP y tres del PSOE, tenía antecedentes. El político liberal Manuel Silvela escribía en un artículo de 1865 titulado El Teatro Real y el Gobierno: "El ministro ha decidido intervenir en la gestión del Teatro Real. A estos efectos, ha regulado todos los ámbitos de su gestión (…) se ha consagrado también a escoger el repertorio (…) Condena al destierro al innovador Verdi y a otros peligrosos demócratas de la música".

"Las grandes instituciones culturales del Estado tienen que gobernarse con una autonomía que las preserve de los avatares de la política y permita una gestión profesional y estable"

A los seis presidentes del Teatro Real que hubo en esa década se añadieron nueve directores generales, directores artísticos y directores musicales. El Patronato prácticamente no se reunía, y en algún ejercicio estuvo bloqueado por enfrentamientos políticos. En esas condiciones, fue imposible desarrollar un proyecto que conformara una nueva identidad institucional. Como ha escrito Luis María Ansón, el Teatro Real cayó en la irrelevancia.

A finales de 2007, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, me pidió opinión sobre el funcionamiento del Teatro Real, y le expuse mi convicción de que las grandes instituciones culturales del Estado tienen que gobernarse con una autonomía que las preserve de los avatares de la política y permita una gestión profesional y estable. El ministro, con el acuerdo de Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, modificó los estatutos siguiendo un modelo parecido al que tenía el Museo del Prado y propuso mi nombramiento como presidente.

Sin pérdida de su carácter de institución pública adscrita al Ministerio de Cultura, y con la participación activa de la Comunidad de Madrid y, más recientemente, también del Ayuntamiento, el Teatro Real inició entonces una nueva andadura con la mayor ambición artística. También ha caracterizado esta etapa el consenso alcanzado en el Patronato que, reuniéndose cinco veces al año y diez veces su Comisión Ejecutiva, ha adoptado siempre sus acuerdos por unanimidad.

Se ha implantado un modelo de gestión económica único en Europa donde todas las óperas relevantes tienen una financiación pública de entre el 50% y el 90% de su presupuesto. El presupuesto del Teatro Real, de 75 millones de euros, se financia sólo en un 25% por las Administraciones públicas, contando con otro 25% de financiación privada, y un 50% de ingresos propios, fundamentalmente de taquilla, teniendo más de 18.000 abonados.

Sin pérdida del control público, la sociedad civil apoya activamente el proyecto del Teatro Real a través de un mecenazgo integrador y participativo. En este periodo, el Real ha recuperado también su prestigio internacional, coproduciendo en términos de igualdad con las principales óperas europeas, y en España es, según el Barómetro de la Cultura de la Fundación Contemporánea, la primera institución de las artes escénicas y musicales, y una de las cuatro primeras instituciones culturales de nuestro país.

Entre sus actividades internacionales figura la expansión del ciclo Flamenco Real, que este año tiene previstas 600 actuaciones en América, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía. También es significativo que el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, sea hoy presidente de Ópera Europa, vicepresidente de la Organización Latinoamericana de Ópera y pertenezca al Comité de Dirección del Beijing Forum for The Performing Arts.

En cuanto a la parte artística, tras la relevante contribución que hizo Gerard Mortier entre 2010 y 2012, Joan Matabosch está desarrollando un extraordinario proyecto gracias al cual el Teatro Real recibió en 2021 el Opera Award londinense a la mejor casa de ópera del mundo. 

"Es el momento de que el Teatro consolide lo logrado y pueda seguir creciendo en un camino en el que el mérito principal lo tienen todos los que trabajan en la institución"

Finalmente, el portal de MyOperaPlayer y las numerosas retransmisiones en espacios públicos, hospitales y centros escolares y culturales, simbolizan el esfuerzo que la institución está haciendo para que la ópera llegue a toda la sociedad. Por todo ello, el Teatro Real ha logrado la cesión por el Estado de su edificio, de casi 80.000 m2, y la cesión por el Ayuntamiento del Daoiz y Velarde, donde ha abierto sus puertas el Real Teatro de Retiro.

A finales del año pasado, el Patronato del Teatro Real adoptó el acuerdo de solicitar al Ministerio de Cultura una ley semejante a las que rigen las otras grandes instituciones culturales del Estado, esto es, el Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. El Gobierno decidió tramitar una ley específica que facilitara la gestión del Teatro Real sin pérdida de su carácter público, siempre que se contase con el apoyo del Partido Popular.

El presidente de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, así como los responsables de su política cultural, acogieron favorablemente esta iniciativa y, consecuentemente, el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de mayo, el proyecto de Ley Reguladora de la Fundación del Teatro Real, remitiéndola al Congreso de los Diputados. 

La convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio ha dejado sin efecto esta iniciativa tan necesaria para el Teatro Real, por lo que después de la conformación del nuevo Gobierno, habrá que salir en búsqueda de esa ley perdida, con el convencimiento de que este consenso en torno al Teatro Real se mantendrá. 

La ley supondrá el reconocimiento de la significación que tiene el Teatro Real en la cultura española. Es el momento de que el Teatro consolide lo logrado y pueda seguir creciendo en un camino en el que el mérito principal lo tienen todos los que trabajan en la institución, donde prevalece un ambiente laboral de ejemplar e ilusionada participación, habiendo alcanzado también sus cuerpos externos (la orquesta y coro titulares del Real) una calidad excepcional. 

*** Gregorio Marañón es presidente del Teatro Real.