La Administración debe abandonar el 'lenguaje de casta'
La Administración utiliza un 'lenguaje de casta' que la distancia de los ciudadanos. Para recuperarlos, urge que empiece a expresarse nítidamente y con sencillez.
Todos tenemos derecho a conocer lo que hacen las Administraciones públicas y nuestros gobiernos. A pedir explicaciones, a obtenerlas y, sobre todo, a entenderlas. Algo, esto último, por lo que jamás nos habíamos preocupado.
Los que trabajamos en organizaciones públicas nos hemos sentido siempre investidos de una capacidad en la que nunca hemos sido ejemplares. La de comunicar con claridad, con nitidez y con transparencia.
Y esto no sólo es un reto, sino una obligación inaplazable. Urge, sin prórrogas ni tiempos de descuento, una comunicación más sencilla y gráfica.
La sociedad demanda cada vez más inmediatez en el discurso, con mensajes cortos y visuales. A esto tenemos que adaptarnos con la mayor celeridad posible, sin cejar por otra parte en el empeño de explicar también de una forma pausada y reflexiva aquellos contenidos trascendentales que requieren toda la atención.
Difícil encaje y, por ello, reto apasionante.
Ya lo decía Catón el Viejo allá por el siglo III a. C.: leer y no entender es como no leer. Parece que hemos tenido que esperar 23 siglos más para rendirle la memoria que se merece y darnos cuenta de que no se puede practicar la transparencia sin reinterpretarnos a nosotros mismos.
Me sabe mal reconocerlo, pero la versión 2.0 de la transparencia en nuestro país va a tener que pasar por aprender a hablar y escribir más claro. Es clave reafirmar la importancia del derecho a saber y a entender. Y lo es, en especial, en los momentos postpandémicos y después de este tiempo tan crítico y plagado de emergencias y desgracia.
Nos hemos pasado estos casi diez primeros años tras la entrada en vigor de nuestra primera norma estatal de transparencia atiborrando los portales institucionales de un caudal abominable de información pública de todo pelaje. Información desactualizada y en formatos indescriptibles, que ha hecho casi imposible su tratamiento y análisis.
"Hay que tumbar los muros de la jerga jurídica detrás de los que nos parapetamos los gestores públicos"
Como si se tratase de un tsunami arrollador que todo se lleva por delante, los ciudadanos han tenido que rebuscar en este lodo de información la poca útil y relevante que somos capaces de ofrecer. Infoxicados por la turba de contenidos indescifrables y de propaganda, han salido huyendo y casi los hemos perdido.
En la Administración utilizamos conscientemente un 'lenguaje de casta' que nos distancia de aquellos a quienes servimos. Para recuperarlos se impone una comunicación clara en la que, huyendo de recursos estilísticos y acrobacias lingüísticas, empecemos a expresarnos nítidamente, con sencillez.
Hay que tumbar los muros de la jerga jurídica detrás de los que nos parapetamos los gestores públicos como si de una piedra Rosetta se tratase: como un evidente mecanismo de defensa y de reivindicación del poder de la tecnocracia.
Por esta vez, no han sido los políticos ni los máximos responsables públicos los culpables. Hemos sido nosotros, los que servimos a la cosa pública, los que lo hemos conseguido, en realidad pretendido, sin descabalgarnos de formas y modos seculares que hoy en día cualquiera podría juzgar como jurásicos.
Como cantaba Kiko Veneno en La Bola de Cristal, se impone "desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas". Hacer un borrado para volver al origen y recordar los básicos, superando los miedos a que la traducción suprima los matices técnicos a los que servimos con tanta pleitesía.
Para salvar esta brecha comunicativa, varias administraciones han decidido poner en marcha proyectos de lenguaje o de comunicación clara que trascienden la mera expresión escrita para alcanzar cualquier modo de expresión. No sólo la verbal, también la visual.
No se trata de descubrir o de innovar otros modos, sino de recuperar el lenguaje directo, sin recodos ni recovecos donde ocultarnos. Y tenemos que hacerlo desde el primer momento. Desde la génesis misma del Derecho que aplicamos, en la tarea misma de confeccionar las normas, labor en la que algunos llevamos formando a promociones enteras de compañeros buena parte de nuestra vida profesional.
Necesitamos con urgencia convenir los términos que nos permitan a todos identificar claramente los mismos conceptos.
Huir de los sinónimos que sólo añaden oscuridad y ambigüedad a las normas.
"¿Abocar deliberadamente, como lo hacemos, a que no se nos entienda podría llegar a justificar no cumplir las normas?"
Desterrar la pobreza del lenguaje, de los excesos verbales, de los circunloquios y de la concatenación de frases subordinadas que ahogan la correcta interpretación.
Desvelar el sujeto en cada frase sin prescindir de la acción.
Evitar la cascada de enunciados negativos cuando amenazamos con castigar.
Y desengañarnos de los latinismos como paradigma del lenguaje experto. Críptico sí, desde luego. Otra cosa no.
¡Lo que nos cuesta desterrar los obiter dicta, los mutatis mutandis, los ipso iure y los non bis in ídem! Hablamos y escribimos así. También utilizamos otros más familiares como el "a mayor abundamiento" y los "considerandos", que estaría muy bien sustituir por un simple "además".
Lejos quedan los tiempos en los que los grandes escritores clásicos acudían a los textos jurídicos para perfeccionar su escritura. Los tiempos en los que el lenguaje jurídico era la máxima expresión de la lengua culta, certera, exacta. Y, por qué no, también accesible.
La cuenta atrás ha llegado a su fin. Puede que la ignorancia de la norma no excuse de su cumplimiento. O como gustamos decir a menudo los juristas de formación parafraseando nuestro decimonónico Código Civil, ignorantia juris non excusat. Pero yo me pregunto, ¿abocar deliberadamente, como lo hacemos, a que no se nos entienda podría llegar a justificar no cumplir las normas?
*** Joaquín Meseguer es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha sido director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León.