¡Amnistíese e investíguese!

Reunión del Consejo General del Poder Judicial.

Para no partir de vaguedades, bueno será comenzar por recordar, ad pedem litterae, lo acordado.

La mayoría parlamentaria que se constituya tendrá que aprobar "la Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".

Y continúa el documento: "En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Si partimos de la regla romanista de pacta sunt servanda, las nuevas Cortes no sólo aprobarán la Ley de Amnistía, sino que constituirán comisiones de investigación en el Congreso que decidirán si los jueces que han dictado esas "decisiones" lo hicieron deliberadamente de forma injusta, que es lo que significa el anglicismo lawfare.

Es decir, en clave de derecho interno, el pacto alude al delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 de nuestro Código Penal. El más grave y ofensivo para cualquier juez.

"Una mayoría parlamentaria coyuntural utilizará la ley para un acto concreto de impunidad, anulando resoluciones judiciales firmes"

Se podría admitir que la amnistía es admisible en la Constitución, que ya es admitir. Pero es evidente que no hay una ley que la regule. La nueva mayoría parlamentaria deberá dictar una ley que aplica una amnistía, que nuestro Derecho no regula, a determinadas personas, por determinados delitos (que eran tales cuando se cometieron y en la actualidad), durante un tiempo determinado y cometidos con una finalidad concreta (¡como si fuera fácil entrar en la esfera interna del delincuente!).

Es decir, que una mayoría parlamentaria coyuntural utilizará la ley para un acto concreto de impunidad, anulando resoluciones judiciales firmes y, además, para exigir responsabilidades a los jueces que las dictaron.

Grave precedente para otras mayorías futuras.

Si se asume que el Congreso puede incidir en todas las materias, incluida la separación de poderes, con una ley ad hoc, romperemos la esencia el Estado de derecho. Porque no habrá derecho (ninguno es absoluto, ni tan siquiera el derecho a la vida) que no pueda ser objeto de ese tipo de leyes singulares, en pro de cualquier oportunista y espurio fin general o nacional.

Lo que hará el Congreso, al amparo de "su" soberanía "popular", es ordenar un "amnistíese" que recuerda el "exprópiese" propio de otras latitudes, siempre al amparo de parlamentos con mayorías coyunturales. Pero con el añadido, en nuestro caso, del "investíguese a los jueces".

Si la Ley de Amnistía comporta declarar sin ningún efecto (es decir, nulas) las sentencias firmes que hayan dictado los tribunales españoles, no se acierta a comprender qué sentido tiene la posibilidad de declarar que algunas de esas sentencias fueron dictadas con prevaricación, porque eso no era necesario para declarar esa nulidad.

Hacen falta grandes dosis de imaginación, de bastarda imaginación, para justificar este escarnio a jueces, integrados en tribunales nacionales de todas las categorías, desde el Tribunal Supremo a los Juzgados de instrucción.

Pero si hemos de atenernos a los borradores elaborados (que son como el sonido del río y el agua), esas declaraciones e investigaciones llegarán hasta el Tribunal Constitucional. Al que, por cierto, se cita hasta en tres ocasiones en el referido acuerdo y no precisamente para ensalzarlo.

Esa ruin duda de que los jueces de este país hayan podido dictar sentencias injustas, vertida con ese grado de generalidad y sin la más mínima prueba por uno de los poderes del Estado, es sembrar una duda perversa sobre esos jueces y, ya de paso, sobre toda la carrera judicial, amen de sobre los miembros de la carrera fiscal, que serían cooperadores necesarios de tales ignominiosas decisiones.

No cabe un ejemplo más extremo de ensañamiento con un colectivo de autoridades públicas por parte del propio Estado y, para mayor maldad, sin que hubiera necesidad de hacerlo ni otra utilidad que esa: ensañarse.

Las duras críticas a este pacto por parte de amplios sectores profesionales de la más variada tipología han obligado a uno de los partidos firmantes (sólo a uno) a dar explicaciones y a afirmar que los términos del acuerdo no significan lo que se corresponde con el tenor de las palabras empleadas.

De nada sirven esas explicaciones. El daño ya se ha consumado.

"Se ha ido demasiado lejos en el pacto entre PSOE y Junts, con independencia de que se ejecuten o no sus acuerdos"

Si fuera cierto que no se pretende hacer lo que se corresponde con el texto, lo procedente no es dar explicaciones, sino corregir el texto del acuerdo. Rectificar es de sabios pero, sobre todo, de honestos.

Haber echado sobre los jueces de este país esa mendaz duda de prevaricadores permite que cualquier ciudadano se sienta legitimado para coger ese testigo y reprochar que las decisiones de los jueces son arbitrarias, en función de sus intereses.

Que el Poder Legislativo se arrogue, por encima de la Constitución, investigar a los jueces, sembrando la duda de la prevaricación, deja a la justicia española en un lugar tercermundista que dudo beneficie a ninguno de los poderes del Estado. Nuestro ordenamiento tiene garantías plenas para perseguir esos delitos cuando existan pruebas que los avalen.

Si existen esas pruebas, que se utilicen. Pero conforme a lo previsto en la Constitución.

Se ha ido demasiado lejos en el pacto entre PSOE y Junts, con independencia de que se ejecuten o no dichos acuerdos. Tanto, que cuesta pensar que todo se haya realizado por puro devaneo o postureo, como se quiere hacer ver, y no con una calculada imputación insidiosa de parcialidad generalizada de la justicia española, olvidando que un país sin una justicia fuerte está condenado a la barbarie. Y eso supone el triunfo de los más fuertes y no de los más dignos de protección.

Deben estar tranquilos los ciudadanos. Porque sus jueces ni se van a dejar amedrentar por las veladas represalias que contiene ese acuerdo, ni van a dejar de administrar justicia conforme al juramento que prestaron antes de ejercer sus potestades y pese a la carestía de medios que se les presta, ni van a dejar de ganar el prestigio que nuestro país merece en las organizaciones internacionales en las que intervienen con expreso reconocimiento.

Alguien tendrá ahora que explicar a sus colegas por qué nuestro Parlamento les tacha de prevaricadores (sus colegas argentinos merecen un recuerdo).

*** Wenceslao Francisco Olea Godoy es vocal del CGPJ y presidente de su Comisión Disciplinaria.