Podemos ha tenido una vida corta, pero su legado será enorme

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la Comisión de Trabajo. Eduardo Parra / Europa Press

Gráficamente, el ciclo político de Podemos (desde los cinco primeros escaños de 2014 a los cinco escaños de 2024, curiosa coincidencia) responde a una curva normal con su moda en las elecciones generales de 2016, cuando alcanzó su techo electoral (como Unidas Podemos) con un 21% de los votos y 71 diputados.

Desde entonces, y con un ligero repunte en las generales de 2019, no ha hecho sino caer electoralmente con casi la misma velocidad con la que subió entre 2014 y 2015. Que el ciclo de Podemos haya sido tan corto es cosa que merece un análisis pormenorizado que Francisco Herreros y yo mismo (entre otros analistas) intentamos hacer en nuestro reciente libro de 2022, Podemos, izquierda y nueva política.

En este artículo quiero centrarme en su legado. Porque si bien su ciclo como partido ha sido corto, su legado político (me temo) ha venido para quedarse.

La "nueva política" que ensayó Podemos era en realidad vieja política populista, cuya esencia radicaba en la polarización y la demagogia: discurso reduccionista con recetas simples a problemas complejos en un marco de antagonismo sistemático con fuerte movilización de pasiones básicas.

El antagonismo casta/pueblo con el que Podemos irrumpió en la escena política luego se transformó en el antagonismo izquierda/derecha. Pero la polarización se mantuvo como esencia del discurso y la praxis política de Podemos. 

El esquema schmittiano de la dialéctica amigo-enemigo fue, así, el trasfondo en el que se enmarcó la "nueva política" practicada por Podemos. Esta polarización ha cristalizado en la constitución de dos bloques antagónicos en el mapa electoral español, y es a mi entender el legado principal de Podemos.

La coalición PSOE-Sumar y la corte mediática del gobierno (antes y después de la última investidura del 16 de noviembre de 2023) se empeñan en descomponer este bibloquismo en dos bloques con las etiquetas de "bloque progresista" y "bloque de la derecha".

"Los dos bloques que se han instaurado en esta España son un bloque confederalista y un bloque de derechas unitarista"

Pero, en realidad, si es cierto que hay un "bloque de la derecha", no es cierto que el otro bloque sea progresista sin más, pues incluye a partidos tan poco progresistas y tan de derechas como los exconvergentes Junts, con sus ribetes racistas y xenófobos, y el PNV en el País Vasco, que es un partido democristiano.

No. La verdad es que los dos bloques que se han instaurado en esta España, más polarizada política que socialmente, son, por un lado, un bloque confederalista y, por otro, un bloque de derechas (digamos, y a falta de mejor término) unitarista.

El sedicente bloque progresista es en realidad un bloque confederalista porque incluye a los partidos independentistas periféricos tanto de derechas (PNV y Junts) como de izquierdas (EH Bildu y ERC). Pedro Sánchez ha sido reinvestido presidente del Gobierno con el apoyo de todo ese bloque, y gobierna apoyándose en todo ese bloque, al menos si quiere sacar leyes orgánicas adelante.

En realidad, el bibloquismo y la alianza confederalista de la izquierda nacional con los partidos secesionistas de la periferia no fue el resultado de una idea de España alternativa a la ya muy descentralizada España de las autonomías (la idea de una España plurinacional no aguanta un análisis riguroso), sino una estrategia de consecución del poder y de gobierno que Pablo Iglesias tenía muy bien pensada.

Si en algo mostró Iglesias su olfato político fue aquí, en la célebre incorporación a la "dirección del Estado" de la periferia independentista. Esa alianza estratégica y la conformación de un bloque confederal ideológicamente transversal le aseguraría a la izquierda, como habría dicho Maquiavelo, mantenere lo stato.

Porque Podemos nunca entendió la política como estrategia de control y vigilancia del poder, en el espíritu de la gran tradición republicana, sino como estrategia de consecución y mantenimiento del poder: pura Machtpolitik, nuevamente, en sentido neoschmittiano.

Esta concepción de la política completa el legado podemita, que ha venido para quedarse en la política española: polarización en forma de bibloquismo y política de poder, no de control del poder.

El heredero principal de estos dos elementos no ha sido otro que el PSOE de Pedro Sánchez, el cual y en consecuencia ha sufrido una metamorfosis completa. Es otro partido, un PSOE podemizado. Completamente vertical, sin contrapesos orgánicos, sin debate interno. En una palabra: cesarista.

Ahora bien, entendamos qué hay detrás de la alianza estratégica de la izquierda en el bloque confederal.

España es un país complicado difícil de vertebrar, ya lo decía Ortega y Gasset. Pues bien, a sus complicaciones estructurales de vertebración se añade el hecho de que a menudo los discursos disfrazan y encubren las verdaderas intenciones.

En el caso que nos ocupa, esto se refleja en que los partidos secesionistas periféricos (tal vez con la excepción de los más fanáticos entre sus filas) no quieren verdaderamente la independencia por más que clamen por ella. Y no la quieren (esta es mi convicción) porque saben que con la independencia todos (élites políticas, empresas y ciudadanos) saldrían perdiendo. Quiero decir, saldrían perdiendo materialmente.

La independencia es la retórica envuelta en símbolos identitarios que encubre los verdaderos intereses económicos, contantes y sonantes. Desde esta perspectiva materialista, cabe decir que lo que el "secesionismo" en realidad quiere es un modelo confederal asimétrico basado en el privilegio territorial.

Félix Bolaños, Pedro Sánchez y Gabriel Rufián.

En esto el paradigma es el País Vasco y Navarra, cuya integración territorial en el Estado es sui generis. Se trata de un territorio (posiblemente el único en el mundo) que, siendo relativamente rico, recibe transferencias netas del resto del territorio nacional, también de las comunidades relativamente pobres.

¿Por qué? Básicamente, y ciñéndonos a Euskadi (aunque otro tanto podría decirse de Navarra), porque el cupo vasco, que se negocia de manera asaz opaca y quinquenalmente, no cubre todos los gastos de la Administración central del Estado en el territorio vasco.

Esto se hace especialmente evidente en el apartado de las pensiones. Como se sabe, la caja de las pensiones es caja única, por lo tanto, es una caja mancomunada que se nutre de las contribuciones compartidas equitativamente por vascos y el resto de españoles.

Pero comoquiera que la Seguridad Social tiene déficit, y muy especialmente en Euskadi, la Administración central del Estado cubre esos déficits con transferencias directas de los Presupuestos Generales. Dada la naturaleza del concierto vasco, esas transferencias luego no se cubren con el cupo.

"Euskadi nunca tendrá interés en romper la caja única de las pensiones, aunque sí en la transferencia de la gestión de la Seguridad Social"

Por diversas razones socioeconómicas, el mercado laboral vasco no genera ya los recursos necesarios para pagar sus pensiones y por ello su mantenimiento depende de esas transferencias extraordinarias del Tesoro Público.

El caso de las pensiones es particularmente preocupante porque 1) el incremento del pago de las mismas en el País Vasco se ha disparado un 38% en la última década, cinco puntos por encima de la media nacional, 2) Euskadi es la quinta comunidad más envejecida de España, y 3) tiene las pensiones más altas gracias a las buenas carreras de cotización de su industria.

Por eso, Euskadi nunca tendrá interés en romper la caja única de las pensiones, aunque sí en la transferencia de la gestión de la Seguridad Social.

En 2002, el déficit vasco de la Seguridad Social fue de 3.100 millones, y hasta septiembre de 2023 ha superado los 3.600 (en términos de su PIB, su déficit contributivo es del 4%). El cupo negociado en 2022 fue de 1.472 millones: háganse las cuentas.

A efectos prácticos, este modelo extractivo y parasitario es el que de facto persigue el resto de partidos secesionistas de la periferia española, aunque lo disfracen con una retórica independentista.

Mientras exista la caja única de una Seguridad Social deficitaria y Haciendas forales no solidarias, se seguirán bombeando recursos desde la mayoría de las comunidades a una minoría de territorios favorecidos.

Eso sin contar las transferencias particulares que los gobiernos de turno se ven obligados a hacer en cada negociación política cuando necesitan los votos de los partidos independentistas (los últimos 100 millones de euros para fomento del euskera no son sino un ejemplo entre tantos).

En cualquier caso, de completarse y generalizarse este sistema de transferencias netas hacia la periferia relativamente rica, lo que tendríamos es un país en el que la misma ciudadanía y el principio constitucional de igualdad entre los españoles quedarían completamente quebrados en beneficio de un sistema de privilegios territoriales asimétricos donde unos reciben más de lo que aportan y otros menos. Así de sencillo.

La negociación entre bastidores que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez ha supuesto un salto de gigante por ese camino de la invertebración española. Se privatizarán ingresos tributarios con socialización de gastos, se realizarán transferencias netas directas, se condonará deuda con el FLA, etcétera.

Esta quiebra del ideal republicano de la civitas basado en la igual libertad de todos los ciudadanos (aequa libertas) es un altísimo precio que la izquierda en lugar de pagar debería combatir. Pero la concepción podemita de la política como estrategia de poder es una herencia demasiado seductora, a la que el actual Sumar y el actual PSOE no están dispuestos a renunciar. 

Consecuencias no previstas

Lo anterior es sólo la consecuencia prevista y conocida por PSOE y por Sumar, una consecuencia cuyos dirigentes están dispuestos a asumir (no estoy tan seguro de que sus votantes tengan ese conocimiento y estén igualmente dispuestos).

Pero hay, además, otras consecuencias seguramente no previstas ni intencionadas, pero muy relevantes, de esta herencia de Podemos.

A mi entender, son cuatro.

1. La primera consecuencia no prevista sería que una eventual III República española se convierte en una imposible quimera. ¿Por qué? Sencillamente porque una III República exigiría la existencia de un bloque transversal que incluyera a la derecha.

Esto es lo que ocurrió en los albores de la II República en los primeros años 30 del siglo XX. La crisis del régimen monárquico de la Restauración era tan profunda que incluso parte de la derecha se había hecho republicana, y por eso fue posible una coalición de partidos (la Conjunción) que incluía a los partidos de Antonio Maura y Alcalá Zamora y que ganó las elecciones municipales del 31, a raíz de las cuales se instauró la República.

Hoy en día, no hay una derecha republicana en absoluto, y sería impensable la reedición de algo parecido a un pacto de San Sebastián. Toda la derecha es hoy monárquica, como también lo es, al menos, parte del electorado de la izquierda.

Paradójicamente, los más republicanos son los partidos secesionistas (EH Bildu, Junts y ERC), que no persiguen una república española, sino, en todo caso, una república vasca o catalana (aunque se acomoden muy bien a una monarquía parlamentaria económicamente tan rentable).

"La monarquía sale fortalecida porque se convierte en la principal institución garante de la unidad político-territorial española"

En ausencia de ese consenso republicano transversal, no sólo es imposible el eventual advenimiento de un nuevo régimen republicano en España, sino que incluso sería indeseable de ser posible, porque sería una república sectaria y excluyente.

Y dada la concepción pospodemita de la política como política de poder (Machtpolitik) seguramente esa III República, amén de sectaria y excluyente, sería autoritaria.

De hecho, este era el modelo de república que se escondía tras la fallida declaración de independencia catalana en el fatídico 27 de octubre de 2017, un modelo que Podemos jamás criticó.

2. La segunda consecuencia no prevista de esta alianza estratégica confederalista con los partidos secesionistas periféricos es el reverso de la anterior. A saber: la monarquía sale fortalecida porque se convierte en la principal institución garante de la unidad político-territorial española.

Con su peligrosa política de alianzas, lo cierto es que Pedro Sánchez no ofrece pareja garantía (institucional y simbólica) de esa unidad. Ni Pedro Sánchez ni ningún otro eventual presidente salido del bloque confederalista. Es el rey Felipe VI el que encarna ese principio constitucional.

De ahí la clara y manifiesta hostilidad del secesionismo con respecto a la Corona española. De hecho, el contundente discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, es una constante referencia negativa de los partidos independentistas del bloque confederal.

Sin embargo, aquel contundente discurso tenía un formato netamente republicano. La cosa tiene su gracia (un monarca con planteamientos republicanos), pero es lo cierto que su discurso, de hecho, gravitaba sobre la dicotomía harringtoniana del imperio de las leyes frente al imperio de los hombres, y hacía de la civitas democrática y la aequa libertas dos ideales irrenunciables del constitucionalismo español. Por eso decía literalmente del proceso de independencia lo siguiente: 

"Ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña [imperio de los hombres]. Estas autoridades, de una manera clara y rotunda", prosigue el discurso del rey, "se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia [imperio de la ley]. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común" [cursivas y corchetes míos]. 

Como vemos, en aquel discurso tan denostado por el secesionismo pseudorrepublicano, el rey no sólo defendió la unidad territorial de España y la soberanía del pueblo español, ambos elementos nucleares de la Constitución del 78, sino que afirmó además los principios republicanos de ciudadanía democrática e igual libertad en el marco del imperio de las leyes y no de los hombres.

No es casual ni baladí que la institución de la Corona, pese al desprestigio reputacional en la que la dejó Juan Carlos I tras su abdicación, sea una de las instituciones que menos preocupa a los españoles, y que el monarca gozara de una tan buena valoración de 6,2 sobre 10 en 2022.

3. La tercera consecuencia no prevista de esta herencia podemita es que la izquierda oficial, ahora establecida en el poder, ha renunciado a un proyecto genuinamente federalista. Federar (foedere) significa unir, y por ello, todo proyecto federal implica la existencia de un poder central fuerte que garantice el común denominador cívico, así como la necesaria seguridad y equidad financiera y fiscal, en un territorio necesariamente diverso, diferenciado y descentralizado.

La otra forma de unidad política es la confederación de Estados independientes.

Son cosas bien distintas un Estado federal y una confederación de Estados. Lo triste y preocupante de España es que, si nadie lo remedia, no se dará ni la una ni la otra.

Lo que ha propiciado la exitosa estrategia podemita de incorporar al secesionismo a la "dirección del Estado" es un modelo perverso de confederalismo asimétrico a la carta incompatible con cualquier proyecto republicano de integración cívica basado en el principio de igual libertad.

El privilegio (ley privatizada: imperio de los hombres) es un claro enemigo a batir por cualquier estrategia política que se diga de izquierdas. O así debería ser, se encuentre el privilegio donde se encuentre: en el estatus, en la clase, en la cohorte etaria, en el grupo de interés, en el territorio…

"Los partidos independentistas se ven obligados en sus propias elecciones autonómicas y municipales a competir por quién extrae más del Estado en sus negociaciones con el Gobierno central"

Pues bien, lo que este modelo confederal de Estado establece es un sistema de crecientes privilegios territoriales, con juegos de suma cero entre los distintos territorios: unos ganan lo que otros pierden.

Un pésimo modelo, nada republicano, de integración política y construcción estatal. O, dicho de otro modo, un excelente modelo de desintegración política y deconstrucción estatal. La España invertebrada parece que está dando paso a la España desvertebrada.

4. La cuarta consecuencia no prevista es que este equilibrio asimétrico de poder y privilegio tiene aceleradores y estabilizadores que, por un lado, lo profundizan y, por el otro, lo mantienen.

El acelerador es la competencia electoral entre los propios partidos independentistas integrados en el bloque confederal. En efecto, al estar integrada tanto la derecha como la izquierda independentistas en el bloque confederal, los respectivos partidos independentistas se ven obligados de cara a sus propias elecciones autonómicas y municipales a competir por ver quién extrae más del Estado en sus respectivas negociaciones con el Gobierno central.

Por su parte, existen dos estabilizadores de este equilibrio inequitativo. El primero es el resultado de una curiosa dialéctica. Este resultado se llama Vox. Aunque Vox nació en 2013 con una clara vocación nacionalista y recentralizadora, es el proceso independentista catalán y su eclosión en 2017 lo que más contribuye a catapultarlo electoralmente y a fijar su identidad.

Sin embargo, esta es la dialéctica, al establecerse Vox como polo nacionalista de ultraderecha se ha convertido en el principal estabilizador institucional del bloque confederal.

El miedo a un Vox fácilmente identificable con el franquismo, con diversos negacionismos ridículos y con un antieuropeísmo conspiranoico, es el principal mecanismo de legitimación de las alianzas y las negociaciones en el seno del bloque mal llamado progresista. Si Vox no existiera, los partidos de dicho bloque habrían estado encantados de inventarlo.

Con tal de evitar la eventual entrada de Vox en un eventual gobierno de la derecha a nivel nacional, muchos votantes de izquierdas que desaprueban las perniciosas tendencias confederales presentes terminan aceptándolas en la convicción de que la alternativa sería aún peor.

El resultado es que entre un mal enorme y un imaginado mal aún mayor, nos hemos quedado sin idea de bien público, de voluntad general y de auténtica soberanía.

Gobiernan los hombres y no las leyes. Se estabilizan y profundizan privilegios (privilegios de casta) y no la justicia. Se quiebra la aequa libertas y se arrumba sine die el gran ideal republicano de una comunidad de ciudadanos.

En paralelo, la política se convierte en un juego de transacciones mercantiles guiado por intereses particulares territorializados y por ambiciones casi enfermizas de poder.

No ha vuelto la política desjudicializada, la Política con mayúsculas del diálogo y el reencuentro, como pretende el discurso oficial. Bien al contrario, se consolida su mercantilización en el marco de una política de bloques irredentos (con muros de separación) que permite pero no justifica, más allá de toda ética de la responsabilidad, el intercambio oportunista de votos por principios éticos y jurídico-constitucionales.

El segundo estabilizador es sociológico y tiene que ver con las rentas clientelares que los partidos independentistas están extrayendo para sus respectivos territorios. A diferencia del País Vasco, Cataluña es una comunidad mal gestionada.

Pero si sus élites aprenden del PNV, aprovecharán esas rentas extraordinarias extractivas para desarrollar una poderosa política social en Cataluña. Al fin y a la postre, las clases subalternas también se mueven por intereses, y pronto entenderán que este confederalismo asimétrico extractivo las beneficia.

Pronto verán que sus pensiones pueden ser altas pagando menos por ellas, que pueden tener más beneficios sociales que otras comunidades, más subvenciones y ayudas, mejor ingreso mínimo vital, mejores becas, mejores infraestructuras, deudas condonadas.

Este pacto interclasista (clientelar, silencioso y estabilizador) opera ya de hecho en el País Vasco y Navarra desde hace tiempo. Al paso que vamos, pronto llegará a Cataluña.  

*** Andrés de Francisco es filósofo y profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.