Las falsedades del PSOE: no hay ningún 'caso Ayuso'

"Gobernar no es vivir en dos pisos valorados en más de dos millones de euros, pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda".

Pedro Sánchez se refería a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la vivienda de su novio, Alberto González Amador.

La presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, junto a su novio, Alberto González Amador.

Acto seguido, el presidente demandó al líder de la oposición que exija a Isabel Díaz Ayuso su dimisión como presidenta de la Comunidad.

Sánchez fundamenta su exigencia en la revelación hecha por la Fiscalía Provincial de Madrid de que el novio de Ayuso, representado por su abogado, le había propuesto al Ministerio Fiscal un acuerdo de conformidad en el marco de unas diligencias de investigación, que le habían sido abiertas por fraude fiscal y falsedad documental.

Y es que, según el presidente, una propuesta de conformidad convierte al investigado que la formula en culpable.

Lo que afirma el presidente es radicalmente falso, tanto jurídica como moralmente.

Es falso jurídicamente porque sólo un acuerdo de conformidad ratificado por el investigado implica el reconocimiento por éste de los hechos delictivos que se le imputan. Antes de su firma, lo único que hay es la simple autorización de un cliente a su abogado para negociar con el fiscal una confesión a cambio de una rebaja de pena.

Pero también es falso moralmente porque cualquier becario de primer año sabe que la disposición a firmar una conformidad no es exclusiva de un culpable.

No es infrecuente que un investigado, aun siendo completamente inocente, opte por ella. Y, de hecho, así sucede en no pocas ocasiones en el ámbito tributario. Basta con dudar de la contundencia de las pruebas exculpatorias de las que se dispone o, simplemente, no querer correr riesgos. O, incluso, basta con preferir evitar un largo y costoso calvario judicial.

"Ya sea inocente o culpable el investigado, una mera propuesta de conformidad no convierte al que la hace en autor confeso de delito alguno"

En todo caso, ya sea inocente o culpable el investigado, una mera propuesta de conformidad, mientras no sea firmada, no convierte al que la hace en autor confeso de delito alguno.

Pese a ello, todo un presidente del Gobierno ha utilizado una tribuna pública para acusar a un ciudadano particular de la comisión de unos delitos por los que todavía no ha sido ni condenado ni procesado. El jefe del Poder Ejecutivo ha voceado públicamente una sentencia de responsabilidad penal, no política, haciendo de juez y verdugo. Y además sobre alguien completamente ajeno a la vida pública.

Y lo ha hecho, para mayor escarnio del Estado de derecho, haciéndose eco de una revelación de información reservada, que vulnera flagrantemente el derecho de defensa del ciudadano investigado e infringe los más básicos deberes de confidencialidad y sigilo que pesan sobre el Ministerio Fiscal ("¿De quién depende la Fiscalía?... Pues eso").

Pero todo es posible en esta España nuestra, situada al final de la escapada de un tahúr sin escrúpulos, degradado a la condición de tercero al mando, tras un supremacista demenciado y un terrorista travestido de ecofeminista.

Aunque, paradójicamente, lo más grave tal vez no sea esto, sino que Sánchez ni siquiera ha citado por su nombre al ciudadano linchado. El caso de González Amador ni siquiera es el caso González Amador.

González Amador no ha visto reconocida siquiera su condición de víctima en el nombre por el que se titula su caso.

Por obra y gracia del presidente del Gobierno y de la troupe de exquisitos demócratas que habitan su Consejo de Ministros y las redacciones amigas de sus periódicos de intoxicación asistida, su caso se conoce como caso Ayuso.

Así titulan los medios. Así se refieren a él los tertulianos. Porque para Sánchez, el objetivo es Ayuso, la política. González Amador, el ciudadano, es sólo un daño colateral.

Pero para los españoles celosos de su condición de ciudadanos, caso González Amador es el único titular posible, ya que lo que de verdad está en juego son los derechos de este ciudadano, que son los de todos.

El caso de González Amador nos concierne a todos porque sus derechos, hoy violados, mañana pueden ser los nuestros.

*** Marcial Martelo de la Maza es abogado y doctor en Derecho.