El Estado de derecho ha encajado muchos goles, pero el partido no está perdido

En la anterior legislatura de Pedro Sánchez asistimos, atónitos, a una operación sin precedentes de desactivación de las instituciones democráticas. Todos o casi todos los contrapesos del poder fueron liquidados, domesticados o puestos en manos de esbirros del Gobierno. Hasta llegó a vestir de jueces del Tribunal Constitucional a uno de sus ministros y a un miembro del Gabinete de Moncloa.

Pedro Sánchez saluda a Patxi López en la última sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados. Zipi Aragón EFE

Pero lo peor estaba por llegar. La actual legislatura, construida en torno a las necesidades penales, anhelos políticos y los valiosos siete votos de Carles Puigdemont, ha puesto al Estado de rodillas. Desde julio de 2023, la Constitución, la integridad territorial de España, la igualdad ante la ley, la independencia de los Tribunales y nuestros compromisos o tratados internacionales han quedado reducidos a meras bagatelas, mercancías de segunda cuyas entregas nunca serán suficientes para pagar, o intentar pagar, los votos de ese carísimo socio del Gobierno.

El primer plazo del precio fue la ley de Amnistía.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que siempre se había mostrado contrario a la medida, invocando pudorosamente la Constitución, cambió su relato el día después de las elecciones e inició una especie de pedagogía de la reconciliación, loando las bondades de su acto de suprema generosidad, que pondría fin al problema catalán.

Mientras tanto, sus socios, reían a carcajadas y se daban palmadas en la espalda. “Próxima parada, el referéndum”, decía ufano Gabriel Rufián cuando aprobaron la ley en el Parlamento. El resultado de las elecciones catalanas y la moneda de cambio en que se convirtió la candidatura de Salvador Illa les hizo volver a frotarse las manos. No sólo ganaban por goleada, sino que estaban a punto de marcar otro tanto.

Sin embargo, estamos en la Unión Europea, y los ejercicios de autocracia tienen aquí menos recorrido. El Estado de derecho, pese al duro castigo recibido, aún cuenta con arrestos para sobreponerse al sabotaje de sus malos gobernantes.

El pasado 1 de Julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó una valiente y bien fundada resolución que rechaza la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación, y mantiene la orden de detención sobre Puigdemont y su núcleo duro.

Y es que los autores de la ley, seguramente para asearla un poco frente a Bruselas, habían excluido de ella las malversaciones con enriquecimiento personal del autor. Probablemente Puigdemont y su equipo de legisladores no cayeron en la cuenta de que gastarse fondos públicos en una actuación ilegal, como el procés, decidida por los mismos que dispusieron del dinero, constituye enriquecimiento personal en la interpretación tradicional del Tribunal Supremo.

Así que la ley ha producido efectos muy distintos de los que esperaban sus creadores. Una especie de “solo sí es sí” de Puigdemont, que altera notablemente sus tiempos y planes para desmantelar el Estado.

Naturalmente, la cuestión puede acabar en el Tribunal Constitucional, donde el Gobierno y su socio saben que juegan en casa. La barra libre que ha puesto de manifiesto el caso de los ERE da buena cuenta de la gravedad de la infección de este Tribunal. Pero, por el momento, el magullado Estado de derecho va parando algunos golpes.

"Todo apunta a que, 30 años después, el Partido Socialista se está internando en un torpe viaje al pasado"

A propósito de malos gobernantes, tras la resolución del Supremo, la ministra Pilar Alegría lanzó la consigna de que la voluntad del legislador era clara y lo que tenían que hacer los jueces era aplicarla. Pero la ministra olvidó que el legislador es algo más que el Parlamento. Hay un legislador europeo, un legislador constitucional y un sistema de prelación entre las normas jurídicas algo más complejo de lo que cree. Una estructura pensada, precisamente, para proteger la calidad democrática del sistema frente a gobernantes como Pedro Sánchez, Pilar Alegría o sus peligrosas amistades.

Otras resoluciones judiciales de las últimas semanas permiten, también, apostar por la supervivencia del Estado de derecho, aunque, de momento, siga con respiración asistida.

Las andanzas y negocios de la mujer del presidente, Begoña Gómez, presentan unos cuantos puntos oscuros, necesitados de una investigación judicial rigurosa. Es verdad que, al final, podrá haber o no juicio o condena. El delito de tráfico de influencias, introducido en el Código Penal español –lo que son las cosas— a raíz del escándalo Juan Guerra, en 1991, presenta contornos algo imprecisos y poco tratados en la Jurisprudencia. Pero los indicios objetivos que imponen la instrucción de las diligencias penales son de antología.

La doctrina constitucional ordena investigar toda denuncia cuyo relato sea verosímil, aporte un primer indicio de prueba y verse sobre hechos que, si se acreditasen, serían constitutivos de delito.

El caso Begoña Gómez rebasa, con mucho, ese umbral constitucional. Lo piensa el juez Peinado, lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid y lo dice también el sentido común. La cursilería del presidente en sus días de supuesta reflexión y la aparición, con su esposa, como una especie de Juana de Arco, en un mitin de Estepona, donde repartían aplausos y pulseras con la leyenda “free Bego”, como buscando la absolución/aclamación de los vecinos del pueblo, da medida de su concepto enfermo del Estado.

Pero el hecho es que la investigación judicial está en marcha. El laboratorio de ideas del poder ha tocado a rebato para denigrar al juez Peinado, al vincularle con "la máquina del fango", "la ultraderecha" y otras pamplinas del argumentario gubernamental habitual. Que Félix Bolaños y Óscar Puente calienten motores contra el juez es chavismo importado de Venezuela.

Para los veteranos es imposible no acordarnos del caso del magistrado del Tribunal Supremo, Marino Barbero, y la sucia campaña que hubo de superar a principios de los años 90 para llevar adelante el caso Filesa, durante el gobierno de Felipe González. Todo apunta a que, 30 años después, el Partido Socialista se está internando en un torpe viaje al pasado, un imprudente remake de aquella página de su peor historia.

Pese al linchamiento al juez Barbero, el Estado de derecho ganó entonces, los culpables se sentaron en el banquillo y resultaron condenados. Es probable que el Estado vuelva a ganar ahora, porque todo apunta a que, igual que pasó entones, los jueces no tienen ninguna intención de dejarse intimidar. Seguramente, Gómez se defendería mejor sola. El Estado sigue en la UCI, pero mantiene sus constantes vitales. Todavía queda partido.

*** Diego Cabezuela es abogado penalista.