PP y PSOE deben tomarse su responsabilidad política en serio: se lo deben a las víctimas

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El presidente de la Generalitat valenciana da hoy jueves el primer paso con su comparecencia en las Corts y es de esperar que, a la vuelta de su viaje oficial a Bakú, el presidente del Gobierno de España pida también comparecer en el Congreso con el mismo objetivo.  

Carecemos en nuestra democracia parlamentaria de unas convenciones o prácticas compartidas en torno a la responsabilidad política de nuestros gobernantes. Aquí nos enredamos una y otra vez con categorías jurídico-penales como la culpa in vigilando o la culpa in eligendo.

Pero la responsabilidad política no se subsume en la responsabilidad penal ni en la responsabilidad moral.

"La calidad de la democracia depende de la eficacia de los mecanismos que garantizan la transparencia del poder"

En política se puede ser responsable de unos hechos sin ser el causante directo de los mismos: ahí está, por ejemplo, la responsabilidad solidaria de los miembros del Gabinete. Y se puede ser responsable políticamente a pesar de haber actuado en su caso con la voluntad más pura de la que habla Kant.

Porque en política funciona lo que llama H. L. A. Hart la responsabilidad-función: una persona que ocupa un lugar o puesto determinado en una organización social es responsable de alcanzar los objetivos o propósitos de la misma.

Aquí de momento hablamos, pues, sólo de responsabilidad política. 

Uno de los problemas de la responsabilidad política, a diferencia de la jurídica, es que en la primera no están tipificados taxativamente las conductas, los procedimientos y las consecuencias del juicio de responsabilidad. Por eso, y para reducir la arbitrariedad, las democracias buscan objetivar en lo posible, mediante convenciones o prácticas consensuadas, algunos criterios a aplicar por las Cámaras. Algo puede ayudarnos el derecho comparado.

Un caso interesante es el del parlamentarismo inglés. Este comienza poniendo el peso en la exigencia de transparencia y de verdad. Se tiene plena conciencia de la tendencia de todo poder a ocultarse: cuanto menos se sepa, más difícil será exigir responsabilidades. La calidad de la democracia depende por ello de la eficacia de los mecanismos que garantizan la transparencia del poder. Asegurar esta transparencia es el principal objetivo del parlamentarismo británico en esta materia. 

Los anglosajones, en sus reglas sobre responsabilidad ministerial formuladas desde 1954 con el famoso Critchel Down Affair (reglas retocadas continuamente pero que mantienen el núcleo esencial), utilizan distintos términos para referirse a la responsabilidad política: accountability y responsability.

Por accountability (tal vez podríamos traducir por dación de cuentas) entienden la obligación de los miembros del Gabinete de informar a la Cámara con rapidez, precisión y fidelidad de todos los asuntos de que sean competentes e interesen a los diputados.

Ser accountable es informar fiel y precisamente de todo lo que se le pida. La exigencia de veracidad ante el Parlamento es tan determinante que la mentira y el engaño a las Cámaras es el único comportamiento cuya sanción está tipificada. Si un ministro engaña conscientemente al Parlamento, según las Questions of Procedure for Ministers, "la Cámara espera de él que presente su renuncia ante el primer ministro".

Pedro Sánchez junto al president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la Comunitat Valenciana. EFE/Pool Moncloa

La dación de cuentas o accountability es, pues, la primera y más básica obligación en que se despliega la responsabilidad y, por ello, debe encabezar la check list de la responsabilidad política. La dación de cuentas en cuestión no sólo se refiere al comportamiento personal del ministro, sino que se extiende a su obligación de informar de todas las actuaciones relevantes de sus subordinados. Ante el Parlamento, el único responsable (en el sentido de accountable) es el ministro y, por supuesto, el Premier.

Este mismo mes de noviembre de 2024, el Gobierno del premier Keith Starmer acaba de hacer público su Ministerial Code, en el que recoge los siete principios que deben conformar la actividad de los miembros del Gabinete: altruismo, integridad, objetividad, dación de cuentas (accountability), transparencia, honestidad y liderazgo.

Por lo que se refiere a la dación de cuentas o accountability, el Código establece que "los cargos públicos deben dar cuenta de sus decisiones y acciones y tienen que someter las mismas al escrutinio que sea necesario para asegurar la transparencia". Y en desarrollo de tal principio, el citado Código escribe así estas tres reglas:

Los ministros tienen la obligación de dar cuenta y de responder a la petición de cuentas por los programas, decisiones y acciones de su Departamento y de las agencias dependientes del mismo.

Es de la máxima importancia proporcionar al Parlamento información precisa y fiel, corrigiendo a la primera ocasión cualquier error inadvertido. Los ministros que conscientemente engañen al Parlamento se espera que ofrezcan su dimisión al primer ministro.

El desempeño del ministerio requiere franqueza y trasparencia. Los ministros deben pedir y agradecer los consejos sinceros. Deben ser lo más transparentes posible ante el Parlamento y ante el público, rechazando dar información sólo cuando su publicación dañe el interés público definido en las leyes.

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Creo que estos principios elementales deberían enmarcar la serie de comparecencias que inicia hoy el presidente Mazón y que es de esperar continúe con la mayor brevedad posible el presidente Sánchez. Retrasar indebidamente la información de que ya disponen los Gobiernos, alegando la urgencia de gestionar la tragedia, recurrir a medias verdades filtradas a conveniencia, posponer sine die la dación de cuentas al Parlamento es faltar al deber de verdad y transparencia. Es ser unaccountable.

Que en el caso de la mentira, merece el cese o dimisión.

Pero, además de esta obligación de presidentes, ministros y consejeros de proporcionar una información veraz, rápida y precisa al Parlamento, está la responsabilidad en sentido fuerte (la responsibility) por el mal desempeño de su función. Es la responsabilidad-sanción en forma de reproche, reprobación o exigencia de cese a la vista de la información suministrada.

Nuevamente hay que insistir en que en política uno puede ser responsable sin ser el causante personal directo del desaguisado. La responsabilidad-función implica en ocasiones la responsabilidad por decisiones y acciones de los subordinados. Una fórmula que es, como decía Hamilton en El Federalista, un buen antídoto para cuidar debidamente en quien se pone la confianza. A falta de reglas y convenciones asentadas en nuestra democracia al respecto, el modelo británico también nos da alguna pista.

Sir David Maxwell Fyfe resumió en una famosa intervención ante la Cámara el 20 de julio de 1954 estos principios que se han convertido desde entonces en la regla de oro de la responsabilidad política de los ministros.

El ministro respecto de sus equipos no está obligado a endosar los errores y malas prácticas de sus subordinados. Será, sin embargo, responsable si los ha ordenado o autorizado, si los ha ocultado conscientemente al Parlamento y si no los ha corregido tan pronto como los haya conocido.

"Mal se empezaría la exigencia de responsabilidades si lo primero que hicieran los partidos fuera judicializar esta tragedia"

Tal vez estos precedentes de una democracia con mayor tradición puedan ser útiles cuando comenzamos la exigencia de responsabilidades por la gestión de la DANA.

La naturaleza compuesta de nuestro Estado, sometida a dolorosa prueba en esta tragedia, y la polarización insoportable de la vida política en España, añaden nuevas dificultades en la clarificación de las responsabilidades. Cabe temer que cada Administración trate de eludir su responsabilidad para concentrarla en aquella Administración con la que comparte las competencias.

Y cabe también el peligro de que en el seno de ambas Administraciones se busquen los oportunos chivos expiatorios.

Este eventual engaño y manipulación sólo lo puede impedir una opinión pública atenta y que no se deje arrastrar por el sectarismo. Las víctimas tienen derecho a un proceso correcto de exigencia de responsabilidades. Y el juicio de las responsabilidades no puede ser un acto de militancia.

Una última consideración. Mal se empezaría la exigencia de responsabilidades si lo primero que hicieran los partidos fuera judicializar esta tragedia. Ya lo ha hecho al parecer algún partido como Vox al presentar una querella contra el Gobierno de la nación. Nuestro sistema político es el propio de una democracia de representación, no de una democracia de la imputación.

Tenemos experiencia más que suficiente para saber lo que ocurre con el solapamiento del proceso judicial y el proceso político. Cuando la oposición acude a los tribunales, el Gobierno, sea nacional o regional, se encierra herméticamente en su concha, bloquea la información o la administra en dosis homeopáticas y remite la eventual asunción de responsabilidades políticas al imprevisible resultado del proceso judicial.

Hay que poner en su sitio a los partidos. Los diputados y senadores no están ciertamente para "achicar el agua", como ha afirmado alguno de ellos. Pero tampoco está su sitio en los juzgados. Como representantes que son, su sitio es en este momento el Congreso, el Senado y las Corts Valencianes.

Es ahí y en las futuras elecciones donde se deben ventilar las responsabilidades políticas de los dos Gobiernos. Hacerlo en serio se lo debemos a las víctimas de esta tragedia.

*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá.