Félix Sanz Roldán fue uno de los impulsores y organizadores de la abdicación del rey Juan Carlos. Como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) conocía de primera mano los oceánicos charcos que había pisado: para salvar la corona debía hacerse a un lado para que su hijo Felipe reinara y arreglara los desperfectos.

En 2015, el conocimiento profundo del general Sanz Roldán de la larga historia de las relaciones monarquía-servicio de inteligencia le impulsó a llevar a cabo la reforma que ninguno de sus antecesores se había atrevido: regularizar, ordenar y blanquear las operaciones que el servicio secreto llevaba ejecutando durante los anteriores 40 años para defender a los inquilinos del palacio de la Zarzuela.

Sanz Roldán se lo comunicó al rey Felipe tras conseguir el visto bueno de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la responsable política del CNI. Creó en el Centro Nacional de Inteligencia una actividad permanente que suponía una reforma de calado, la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Su pretensión era organizar y agrupar algunas de las actuaciones más conflictivas que llevaban ejecutando sus agentes desde la creación del servicio en 1977, entonces llamado CESID, y que habían aumentado considerablemente en los últimos años.

En 2015, Sanz Roldán regularizó las operaciones del servicio secreto para defender a los inquilinos de Zarzuela

Los directores del espionaje habían utilizado hasta ese momento –y lo seguirían haciendo en adelante- a sus mejores agentes, siempre los más discretos, para cuidar al rey Juan Carlos en las más variopintas misiones, entre ellas vigilar e informar sobre los amigos poderosos del monarca metidos en líos, las amigas que entraban en su círculo y daban problemas, los negocios que peligrosamente salían a la luz pública o la vigilancia sobre algunos familiares.

Sanz Roldán decidió unificar todos esos trabajos, junto a algunos otros con escasa o nula relación con la familia real, pero de una trascendencia vital para la democracia, como el separatismo catalán y otras manifestaciones similares contra la Constitución. Quería darles una entidad, un paraguas que metiera estas actividades totalmente en la legalidad y el trabajo diario de La Casa, como se conoce al CNI. De ahí el nombre de Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales.

En ese momento, Felipe VI no les planteaba los mismos trabajos que su padre. Pero la nueva unidad, que ya existía sin organizar desde hacía tiempo, todavía debía bregar con temas pendientes como los problemas suscitados por las actividades privadas de Juan Carlos que habían beneficiado, al menos, a Corinna Larsen. Uno de los muchos temas que a partir de ese momento engrosaron los expedientes secretos de las investigaciones para proteger a la monarquía a los que solo tendrían acceso los agentes destinados en esta unidad y que describo ampliamente en mi nuevo libro Al servicio de su majestad (Ed. La Esfera de los Libros), que ya ha salido a la venta.

Protección para Urgandarin

Uno de ellos fue el caso Urdangarin. Su empresa Nóos recibió protección directa de los agentes que ahora trabajan en la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Juan Carlos le pidió ayuda en 2002 al director Jorge Dezcallar, civil y monárquico, quien puso los medios y los agentes para prestar protección a la empresa del yerno -y espiarles al mismo tiempo-.

Cada varias semanas, durante al menos dos años, varios agentes se presentaban en la sede barcelonesa de Nóos para revisar la seguridad de las comunicaciones y los teléfonos. Pero no era eso lo único que hacían durante las horas que permanecían en las oficinas: también entraban en el sistema informático y hacían una copia de la información almacenada. Como si fueran una agencia de detectives privados, solo que sin cobrar, los espías trataban de evitar ataques informáticos, pero no está claro para qué duplicaban la información de los ordenadores. La única explicación posible tiene que ver con vigilar las operaciones en las que participaba Urdangarin para posteriormente informar al monarca.

La pregunta que se plantea es: ¿debe el CNI proteger al jefe del Estado en cualquier circunstancia, incluso si conocen delitos cometidos por él o sus familiares? Las actuaciones de los altos mandos del servicio secreto a lo largo de la historia demuestran que tienen claro que deben hacerlo, para lo que siempre han contado con el respaldo de todos los presidentes de Gobierno de la democracia. Y lo han hecho conscientes de que a veces deben traspasar la línea roja de la legalidad, como en este caso, porque no está escrito en ninguna ley que el espionaje deba dedicar su tiempo a proteger, por ejemplo, a un yerno del monarca, que al final fue condenado y entró en prisión por varios delitos.

Directores y mandos prefieren no reconocer su trabajo en este asunto y negar hasta la evidencia. El planteamiento del servicio secreto, heredado de director a director desde la llegada de la democracia, es que deben proteger la monarquía, según recoge la Constitución, y hay que evitar que los ataques contra ellos repercutan en la estabilidad del país.

Cuando en Nóos apareció la infanta Cristina, los agentes tuvieron que implicarse más para evitar su condena

Con el paso del tiempo, cuando los tribunales iniciaron la investigación sobre Nóos en la que terminó apareciendo el nombre de la infanta Cristina, los agentes del CNI tuvieron que implicarse aún más para informar y evitar su condena.

Muchos fueron los acontecimientos sorprendentemente extraños que ocurrieron durante la tramitación del proceso y el juicio. Algunos, como el que le pasó a Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, el socio de Urdangarin enfrentado con él, son más que sospechosos. Notó seguimiento y penetraciones ilegales en su casa, y lo denunció a la Policía que colocó micrófonos y cámaras ocultas en un coche camuflado a escasos cien metros del escenario. Cuatro días después, alguien violentó el vehículo policial y se llevó el aparato de grabación.

El 'asunto persa' y Bono

Hay temas en los que la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales necesita el apoyo de los altos mandos del servicio. A veces, incluso, es necesario el impulso y la ayuda del responsable político del CNI. Este es el caso de una operación cuyo nombre y resolución final ha sido desconocido hasta ahora y que el que fuera ministro de Defensa, José Bono, lo plasmó discretísimamente en uno de sus libros, pero sin aportar los datos imprescindibles para interpretar su trascendencia.

El que también fuera presidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados, ha escrito varios libros de apasionantes memorias. En uno de ellos, Se levanta la sesión, ¿quién manda de verdad?, introduce las siguientes líneas: "Recepción oficial en la embajada de Portugal con el presidente de la Asamblea, Jaime Gama. Aprovecho para hablar con Alberto Aza acerca de cómo resolvimos el 'asunto persa'. La verdad es que los dos Albertos (Aza y Saiz) hicieron lo que Jorge Dezcallar no se había atrevido a finalizar".

El "asunto persa", según pude confirmar, es como llamaban, en el CESID primero y en el CNI después, al chantaje de Bárbara Rey a Juan Carlos con videos comprometedores. Todo comenzó en la etapa de Felipe González como presidente y Alonso Manglano como director del espionaje. Siguió con Aznar y sus dos directores, Calderón y Dezcallar. Y terminó con Zapatero y Alberto Saiz.

Durante 10 años, tres presidentes aceptaron el pago del chantaje, ejecutado por cuatro directores del servicio de las maneras más originales. Hubo una parte desembolsada en efectivo con dinero de los fondos reservados, pero para no esquilmarlos demasiado se introdujo el pago en especie mediante contratos en televisiones como la española y la valenciana. Y, al final, hasta se inventaron una revista y los directores de La Casa se convirtieron en buscadores de publicidad, pidiendo a grandes y medianas empresas que metieran dinero allí sabiendo que iban a obtener una rentabilidad nula.

Bono jugó un papel protagonista. Sin su apoyo el director Alberto Saiz nunca se habría atrevido a ejecutarlo. Evidentemente, antes de ponerse en marcha, consiguieron el beneplácito del jefe de la Casa Real, Alberto Aza, pues siempre cabía la posibilidad de que algo saliera mal y Bárbara Rey decidiera difundir los videos que perjudicaban a Juan Carlos.

El final de la historia, que desvelo con detalle en Al servicio de su majestad, se resume en que Bárbara Rey se quedó en 2005, de la noche a la mañana, sin programa de televisión de cocina en Canal Nou y sin dinero vía publicidad. Se cabreó, se indignó, presionó lo que pudo, pero le hicieron ver con suma crudeza que no le convenía hacer públicos los videos del chantaje.

Pujol y Juan Carlos

La defensa de la monarquía ha hecho que a veces los altos mandos del CNI actuaran como en las películas de espías: para contrarrestar una información negativa sobre el monarca en poder de un político, hay que buscar otra negativa sobre ese político. Así, ambas partes tienen argumentos para guardar silencio.

En septiembre de 2014, Jordi Pujol dijo en el parlamento catalán una frase demoledora con visos de ser una amenaza subliminal: "Si vas segando una parte de una rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las demás ramas".

Aunque la pronunció muchos años después de la década de los noventa, mientras estaba siendo investigado judicialmente por haber acumulado y ocultado dinero de dudosa procedencia, retrataba de una manera personal lo que había ocurrido durante sus años de convivencia con Felipe González (1982-1996) en el palacio de la Moncloa.

En sus años de presidente de la Generalitat (1980-2003), se contó varias veces que era uno de los políticos y empresarios que disponía de numerosos dosieres de sus contrincantes que le hacían inmune a sus ataques. De hecho, acabó exonerado del hundimiento de la Banca Catalana, gracias a una actuación discreta pero eficaz del mismo Juan Carlos, en su momento de esplendor en los 80. Siempre se dijo que entre esa información delicada estaba la referida a "altas instituciones del Estado".

Expertos en la materia aseguran que, en los años 90, Pujol podía disponer o no de dosieres, pero seguro que tenía valiosa información sobre las cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales de algunos de sus oponentes políticos. Si él se llevaba dinero, otros muchos también lo hacían. De tal forma que si alguien cortaba la rama, caían todos los nidos.

El CESID consiguió en esas fechas los datos de la cuenta de los Pujol en Andorra, según desvela el agente Mikel Lejarza, El Lobo, que estuvo trabajando en Cataluña durante esos años. "Tuvimos la suerte de que uno de mis hombres, José Manuel Trujillo, se liara con una de las amantes del hijo mayor de Pujol, a la que Jordi Pujol Ferrusola entregó 500 millones de pesetas para ingresarlos en la cuenta de ella en la Banca Privada d’Andorra. Tal como me informó Trujillo, la chica le hacía el trabajo a su amante de llevarle los dineros y quizás también cumplía el papel de testaferro. Además, en la Banca Privada d’Andorra trabajaban familiares de otro de mis hombres, Juan Gracia, lo que nos facilitó el acceso a esa información".

El CESID nunca utilizó esa información, al menos abiertamente. Quedó archivada y guardada en el nido de una rama, por si alguien la cortaba. Es decir, solo habría aparecido si desde Cataluña alguien hubiera filtrado la información sobre operaciones en las que estuvieran involucrados miembros del Gobierno o la Jefatura del Estado. Lo que nunca pasó. Acabó saliendo años después cuando la familia Pujol había perdido todo el poder, no antes.

*Fernando Rueda es periodista, escritor y autor de 'Al servicio de su majestad' (Ed. La Esfera de los Libros).