"Éramos 62 jueces en la promoción. Sacaron 62 plazas y 56 de ellas estaban en Cataluña. Sólo seis estaban fuera: una en El Hierro, tres en Baleares y dos en Extremadura; por lo que nos vimos casi todos abocados a irnos para allá [Cataluña]", explica a EL ESPAÑOL | Porfolio el magistrado Francisco Artillo (28 años), de la promoción 69, ahora en Huelva.

De hecho, protestaron oficialmente por el destino forzoso que se les imponía porque pensaban que iban a salir todas las plazas libres que había en España, con puestos en casi todas las comunidades. "Nos hicimos la ilusión de que a lo mejor sí que nos iban a permitir elegir vacantes en nuestros respectivos territorios, donde sí había". Pero tres semanas antes del concurso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sacó el listado definitivo y nada de nada: todas (menos seis) estaban en Cataluña.

"No lo entendimos muy bien porque, por ejemplo, yo estaba en prácticas en un juzgado en Sevilla que se encontraba vacante. ¿Qué sentido tiene dejar esta plaza para enviarnos a Cataluña a otra vacante? Le pedimos al Consejo que sacara todas las plazas y nos contestó que no era procedente", añade este sevillano.

"Éramos 62 jueces en la promoción. Sacaron 62 plazas y 56 de ellas estaban en Cataluña. Sólo seis estaban fuera"

El problema es que, año a año, los juzgados catalanes piden a gritos más jueces y muy pocos parecen dispuestos a desarrollar su carrera judicial en esta comunidad autónoma. "Como Consejo tratamos de paliar el problema gravísimo que supone tener muchos juzgados vacantes en Cataluña, muchos, de forma que no se pueden cubrir ni con los mecanismos externos de sustitución. Hemos ofertado a promociones que salen de la Escuela Judicial sólo las plazas de Cataluña o un porcentaje muy elevado para tratar de cubrirlas al menos por un año", reconoce el magistrado desde hace 36 años Juan Manuel Fernández, ahora vocal del CGPJ.

Francisco Artillo pasó ese año forzoso, "y un mes más", en un juzgado de Ripoll (Girona) y en el primer concurso que pudo consiguió el traslado a Andalucía, concretamente, al Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva). Aunque insiste en que su experiencia "fue buena en términos laborales porque la oficina era muy competente", sí asegura que se encontró "un juzgado desordenado pues pasan muchos jueces, sustitutos, con poca estabilidad y eso contribuye a crear desorden y caos".

Su caso no es ni raro ni una excepción. Más bien es la norma en una comunidad como Cataluña con la mayor tasa de movilidad de jueces de toda España, o lo que es lo mismo en muchos casos, de huida de magistrados hacia otras regiones: un 13,6% en 2020, según datos del CGPJ. Y el déficit de magistrados ha ido creciendo hasta llegar a tener un 25% de todas las plazas jurídicas catalanas (194 en total) en manos de jueces sustitutos y un 10% (unas 100) permanentemente vacantes, vacías, lo que supone un coste a la Aministración de 10 millones de euros en salarios extra.

Pero ¿por qué nadie quiere ser juez en Cataluña? "La pregunta no es sólo por qué nadie quiere ser juez en Cataluña. Esa es una. Pero también por qué los que quieren ser jueces no quieren venir aquí y por qué los que vienen se quieren marchar", advierte Jesús Gómez, miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria y un rara avis en la profesión puesto que, siendo madrileño, lleva 21 años en territorio catalán.

Si los destinos de la promoción 69 dejaban clara la condena catalana que supone la situación para los jóvenes jueces, un dato revela cómo la mayoría de los magistrados acaban poniendo fecha de caducidad a su carrera en esta región en cuanto pueden: Cataluña es la comunidad autónoma con menos antigüedad de media en su estamento judicial, sólo 15,9 años frente a los 25,6, por ejemplo, que se registra en Aragón.

Cada año, un juez

Santiago Antonio Muñoz del Toro (31 años), magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Martorell (Barcelona), también es de la 69 promoción. Esta hornada de jueces ha estado marcada porque por primera vez el rey Felipe VI no acudió a dar los despachos a Barcelona debido a la conflictividad política y, sobre todo, porque una mujer, Cristina Menéndez, fue la número 1 de su promoción. Ella pudo elegir, la primera, pero, como hemos dicho, no tuvo muchas opciones y se quedó en Cataluña, concretamente, en un juzgado de Sant Feliu.

Santiago, como Francisco, también es andaluz, una comunidad que aporta casi el 25% de nuevos magistrados que hay en España (los nacidos en Cataluña no pasan del 5% a pesar de que es la segunda región en número de población); pero cuando acabó el "año forzoso" en tierras catalanas, al contrario que muchos paisanos, decidió no concursar para cambiar de destino y eso que este año se ofertaban 45 plazas en Andalucía, algo que no sucedió en su promoción.

"Yo elegí Martorell, mi juzgado actual, que está muy cerca de Barcelona. Había plazas dentro de lo que nos ofertaban en Cataluña bastante atractivas y sabía que me tenía que quedar un año. Pero ya voy por el segundo y he conseguido cosas importantes como poner el juzgado al día. En el ámbito personal, mi mujer, que es de Madrid, consiguió trabajo aquí y hemos primado la estabilidad laboral y familiar. Los dos estamos contentos".

"La inestabilidad en los juzgados se traduce en el retraso de procedimientos. Se entra en un círculo vicioso"

Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ

Lo de "poner el juzgado al día" no es una frase hecha puesto que todos los estamentos judiciales destacan la precaria situación que sufren muchos puestos donde cada año viene un juez distinto o incluso a los seis meses se marcha. 

"La mayoría van forzosos a un juzgado, saben que el tiempo mínimo de estar es un año y va a ser también el tiempo máximo y mientras aterrizas en un juzgado, te haces con las causas que hay pendientes... ya estás pensando en lo poco que queda para salir. La inestabilidad en los juzgados tiene una traducción en el retraso de los procedimientos sin ninguna duda. Se entra en un círculo vicioso", reconoce Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ.

De esas 45 plazas andaluzas que volaron, Francisco Artillo pilló una. "En cuanto pude pedí el traslado. Salió el concurso en octubre y en diciembre ya nos fuimos cada uno para el que había concursado. Quería acercarme a Andalucía, a mi tierra, y en cuanto tuve la oportunidad lo hice. Y bastantes de mis compañeros también".

De hecho, la nueva jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Ejido (Almería), María Isabel Florea Salado, también tuvo su paso catalán y su salida rápida. Ella también es de la promoción 69 y estuvo su primer año en Igualada. "Concursé por cercanía familiar y también porque ofertaban un gran número de plazas en Andalucía y eso no ocurre con frecuencia", explica esta joven magistrada a esta revista.

Esta "desertización de la Justicia catalana", como ya la llaman algunos expertos, ha hecho que todas las asociaciones de jueces (todas, todas) y el CGPJ se pongan de acuerdo para reclamar al Ministerio de Justicia un plus salarial para los jueces que estén en Cataluña, igual que lo cobran ya, por distintos motivos, los del País Vasco, Navarra, Ceuta y Canarias.

"Lo que se pretende es arraigar a los jueces para que se queden por el beneficio que supone su estabilidad. Está previsto normativamente y creemos que hay un motivo objetivo en Cataluña para que se aplique. Serían unos 400 euros al mes, por lo que no creo que ningún magistrado sólo se vaya a quedar aquí por el complemento. Es más sugerente para el que ya está con cierto arraigo y está valorando marcharse. Ahí puede incidir aún más", asegura el magistrado de la Francisco de Vitoria que fue uno de los impulsores de la medida que aún no ha aprobado el Ministerio de Justicia.

A Santiago ese suplemento le vendría fenomenal. Insiste en que "Barcelona es una de las ciudades más caras de España" y, como primer destino, se cobra igual allí que en Córdoba, su ciudad, aunque el nivel de vida en ambos lugares es muy diferente. "Aquí te cuesta el doble todo, los alquileres... y la gente prefiere irse fuera. Los que estamos aquí sabemos lo cara que es la vida y requerimos el plus de alguna manera para paliar la situación que se vive en Cataluña. Igual que la palió en su momento en País Vasco y Navarra", asegura.

Lo que este plus parece que no va a conseguir es cambiar la mentalidad de una comunidad que no acaba de ver la carrera judicial como una oportunidad de vida. En esa promoción catalanizada por destino, la 69, de los 62 nuevos jueces que salieron de la escuela dispuestos a ponerse una toga sólo cinco eran nacidos en Cataluña. 

"En Cataluña hay mucha tradición empresarial, en el sector privado y menos tradición opositora. La mayoría de los jueces que vienen a la Escuela Jurídica son de otras comunidades autónomas y eso hace que luego quieran volver a sus casas", explica Claudia Carulla, jefa de estudios de la escuela donde se forman todos los jueces de España que tiene su sede, paradójicamente, en Barcelona.

Los estudiantes de Derecho de nivel alto, susceptibles opositores a jueces en otras comunidades, en Cataluña optan por el sector privado en grandes bufetes o empresas. Pero el espíritu emprendedor que nombran todos los estamentos (Escuela, asociaciones y hasta el Consejo General del Poder Judicial) no es, de hecho, la única razón para explicar la desbandada en los últimos años porque si no, como recuerda el juez Artillo desde Huelva, "en Madrid, que también tiene ese dinamismo económico, nos encontraríamos con la misma situación y no es así".

Por eso, después de hablar de la falta de tradición, María Jesús del Barco, la presidenta de la Asociación Profesional de Jueces (APM), mayoritaria, recuerda que hay otros dos aspectos que pesan mucho en estos profesionales a la hora de decidir ir o no a Cataluña y hasta quedarse o marcharse: el catalán y la situación política.

"Ahora hay que tener en cuenta otras cosas como el catalán, que no es un problema en el desarrollo de la profesión pero sí, a lo mejor, si tienes hijos; o en los últimos años, con el procés, el ataque a los jueces, que les han dejado en la puerta de los juzgados hasta deposiciones, y en los lugares pequeños donde hay juzgados, el juez está solo allí con la presión de los independentistas".

¿El catalán, un problema?

Ninguno de los tres nuevos jueces con los que ha hablado EL ESPAÑOL | Porfolio apunta al catalán como un problema "en su día a día" en el juzgado pero, "a la hora de establecerse cada uno tiene que valorarlo" y ver sí supone un "hándicap" o no.

"Laboralmente no creo que el idioma sea un impedimento. Sí puede ser un hándicap para los recién llegados que no conocen el idioma porque uno se ve rodeado de una cantidad ingente de papeles y tiene que estar traduciendo, buscando, acostumbrándose a leer en diagonal, de forma rápida...", explica Francisco Artillo desde su despacho donde lo reclaman una y otra vez. "Es un día muy ajetreado", se justifica.

Para Santiago, su caso es "muy peculiar" porque le gustan mucho los idiomas y tiene el C1 en catalán. "Lo aprendí desde el primer momento y no he tenido ningún tipo de problema. En mi juzgado se habla y se conversa en ambas lenguas. Por cortesía cuando alguien viene a declarar le pregunto si quiere hacerlo en castellano o en catalán y el 90% dice que le da igual. Yo empiezo la vista en castellano y si el resto lo quieren celebrar en catalán se hace así sin ningún problema", aclara.

En los juzgados catalanes no hay traductores al castellano porque si alguien no entiende el catalán, el juez manda que la vista se celebre en castellano. "A mí me pasó hace poco que en una causa había una letrada de Canarias y un testigo quería hablar en catalán, le expliqué que no podía hacerlo y no pasó nada", insiste el magistrado de Martorell, una localidad muy próxima a Barcelona.

Sin embargo, Barcelona no es toda Cataluña y en otras áreas que no son las grandes capitales de provincia, las cosas se complican más. "Yo empecé siendo juez hace 21 años en Vic, que no es Barcelona. Y asumes que el catalán es cooficial y no puedes pretender que todo el mundo te hable en castellano, que todos los juicios sean en castellano y que todos los atestados judiciales de los Mossos sean en castellano, porque no es así. Jamás he tenido un problema con el catalán como juez, pero ¿cuál es el problema del catalán para los jueces? Cuando ya tienes hijos y vienes aquí, porque entran en el sistema educativo catalán, o cuando entras en edad de ser padre o madre y puede influir para que se vayan", advierte el magistrado Gómez.

Situación política

Tener un enfrentamiento constante entre la Generalitat y el poder que representa un juez, el del Estado español, también es una situación que tensa la vida de los jueces y que no facilita que los que barajen elegir Cataluña lo hagan, pero es que además acaba provocando un cansancio infinito en quienes llevan más años.

"Hay un enfrentamiento institucional del Gobierno de Cataluña con el Estado en general y los jueces en particular"

Jesús Gómez, Asociación Francisco de Vitoria

"Cuando hablamos de jueces de primera instancia, que son los que salen de la Escuela Judicial, todo el tema político cae bastante lejano a efectos de nuestra profesión. Luego nos puede afectar o dejar de afectar como cualquier ciudadano de la calle pero a nivel profesional, la aceptación de la situación política que pueda vivirse en Cataluña o en cualquier otro ámbito territorial de España, tiene muy poca trascendencia práctica en lo que es el día a día de un juez", explica Carulla.

Lo mismo cree Santiago quien asegura que, al menos en su juzgado y en lo que él vive, "las aguas se están calmando". Sin embargo, cuantos más años pasan los magistrados en estas tierras y más responsabilidad asumen, el sentimiento de "hartazgo" los lleva a ir poniendo fecha a su salida.

"Hay un enfrentamiento institucional directo del Gobierno de Cataluña con el Estado en general y con los jueces en particular. Aquí se hace la entrega de despachos y el presidente de la Generalitat no va. Esto no pasa en otros territorios. Hay un posicionamiento institucional de desprestigio y deslegitimación y de, cuando se puede, confrontación con el poder judicial. Y es el tema catalán desde hace muchos años. Esto afecta porque al final hay un clima enrarecido y emponzoña todo, a nivel personal, social... Es como una gota malaya, va calando y el que tiene que venir forzoso o el que lleva mucho tiempo se plantea: '¿yo qué hago aquí?", reconoce Jesús Gómez.

Juan Manuel Fernández no quiere hablar de la situación política aunque reconoce que "tampoco ayuda", pero no duda en explicar que el CGPJ ha instado "a la administración autonómica a la adopción de medidas, a que participe en la labor, a que se solucionen problemas" para paliar el estado de la Justicia en Cataluña, que a quien realmente acaba afectando al final es a los propios catalanes.

¿Quién paga al final?

Todos, todos, vuelven a estar de acuerdo a la hora de calificar las consecuencias de esta falta de jueces y de quién es el que paga los platos rotos de un sistema remendado con tiritas: "desorden", "caos", "retrasos" y un "círculo vicioso" que hace a su vez que muchos nuevos magistrados opten por irse a juzgados fuera de Cataluña.

"Me encontré en Ripoll con un juzgado desordenado, muy caótico, con procedimientos parados, en los que no se había hecho nada, no se había revisado si faltaba algo o no, precisamente por el paso de numerosos jueces por allí y es un problema que se puede encontrar en muchos juzgados de Cataluña", explica Artillo, con ese poso amargo de quien ve un pozo cada vez más hondo.

"Un juzgado en el que continuamente se está moviendo al juez afecta enormemente al servicio. Es algo muy grave y hay muchísimos a los que cada año llega uno nuevo de la promoción. Repercute en el día a día, en la productividad, en la organización, en todo... Es un problemón y hay que adoptar alguna medida", insiste Jesús Gómez.

La presidenta de la APM recuerda que "cuando vas a estar poco tiempo y estás deseando marcharte, por tu situación personal, porque estás lejos de casa, porque tienes cuando llegas la presión de los indepes que están rechazando todo lo que representas, que es el Estado español, pues lógicamente en esta situación de interinidad haces lo que tienes que hacer sin implicarte mucho más".

Santiago Muñoz del Toro explica orgulloso que, con mucho trabajo, ha conseguido poner su juzgado al día. Un esfuerzo que por ahora le compensa y advierte: "Cuando los ciudadanos vienen con un problema lo que quieren es que se les resuelva y da igual la lengua o la situación".

Sin embargo, este joven magistrado, como todos, vincula su permanencia a que a nivel familiar y económico todo vaya bien: "Dependerá bastante de la situación laboral y económica. Mi mujer, mi hijo de un año y yo estamos contentos aquí pero quedarme no dependerá tanto de mi situación sino de la suya, y de lo mal o bien que estemos. Aquí la estabilidad la tenemos. Ahora la vocación sí es de permanencia". Él sabe que es una excepción.