Esta idea de descentralizar el Estado es una constante desde hace mucho tiempo, pulula por el aire y sale como alternativa responsable ante desafíos regionales (o regionalistas). Pero nadie la había abanderado hasta ahora, o no tanto, hasta que Ximo Puig quiso convertirla en su causa. Empezó a finales de 2019 para el valenciano. O, lo que es lo mismo, empezó cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegó al poder y comenzó a prometer deducciones fiscales en Madrid.

Así, Puig ha oscilado de una batalla entre autonomías a toda una remodelación de la distribución del Estado. Primero, acusó a Madrid de hacer dumping fiscal, siguió criticando la "macrocefalia política, económica y financiera de Madrid" como "ineficiente, injusta e insostenible", continuó diciendo que España es un país descentralizado que se tiene que parecer a Alemania y acabó esta semana proponiendo un plan de trabajo para sacar las instituciones de la comunidad capitalina.

Esta última muestra, el lazo a su plan, sucedió el pasado lunes 30 de mayo, cuando Puig acudió junto al ministro de Universidades, Joan Subirats, a un seminario organizado por Prospect Comunitat Valenciana 2030, una cátedra ligada a la Universidad de Valencia que está vinculada directamente a la Presidencia de la Generalitat y que sirve como una especie de think tank. Ahí presentó el informe España polifónica: Por un país en forma de malla que busca establecer las "bases para una propuesta de relocalización institucional".

Lo cierto es que existe -al menos fuera de partidos absolutamente centristas y contrarios a las autonomías, como Vox- cierto consenso en torno a que la descentralización es un paso positivo. No sólo como herramienta de repartir el Estado en el país y generar un mayor vínculo con él, sino también como oportunidad de fomentar empleos e infraestructuras en lugares más necesitados que las capitales. Hasta el Gobierno está dando pasos en esa dirección. El quid de la cuestión, sin embargo, sigue siendo esa pequeña piedra en el zapato que supone el ¿y esto cómo lo hacemos? Y el informe presentado por Puig es la primera propuesta formal al respecto.

Sin embargo, no deja de ser un puzle casi imposible. Esos 3.422 funcionarios tienen familias y vidas en Madrid. Habría que provocar mudanzas, búsquedas de colegios, cambios de vida al completo… Además, podría generar duplicidades y tendría lugar la nada fácil tarea de buscar una nueva sede acorde a su categoría para cada una de las instituciones.

El reparto del Estado

El informe España polifónica: Por un país en forma de malla, comenta desde su arranque que nos encontramos con un Congreso de los Diputados muy polarizado en torno al debate territorial, poniendo como ejemplo que el tercer grupo de la Cámara (Vox) quiere desmantelar las autonomías y el cuarto (ERC) quiere la independencia de una de ellas. Por ello, reza el texto, es el momento de poner encima de la mesa propuestas sobre cómo descentralizar mejor.

Moviendo las principales instituciones de Madrid, plantea el informe, se actualizaría el vínculo entre Estado y la sociedad a la que sirve, se actualizaría el modelo de ordenación territorial y, eso sí, habría que hacerlo no descentralizando, sino "desconcentrando y localizando", todo un eufemismo. Pero los traslados no son una empresa menor, son una especie de Café para todos 2.0 a base de repartir instituciones por aquí y por allí. A saber:

1. Tribunal Constitucional, a Cádiz. El traslado más relevante de los propuestos en el informe es el Constitucional y su destino deja poco lugar a la imaginación: la ciudad que vio nacer la primera Constitución española, la de 1812. Lo cierto es que esta no es una idea original de Ximo Puig, sino que el propio Ayuntamiento de Cádiz se ofreció voluntario para acogerlo en 2021, después de que Pedro Sánchez reconociera que era buena idea descentralizar las instituciones, e incluso reconocía un edil que era una propuesta en la que ya se había estado trabajando.

Más tarde -en octubre de 2021-, los expertos en Derecho Constitucional Gabriel Moreno y Germán Teruel, avalaron la idea diciendo que debía ser la primera institución en moverse. Argumentaban que en Portugal se estaba haciendo algo parecido y que serviría para separar el Constitucional del poder político. Ximo Puig se sumó a ello diciendo que el viento de Cádiz a lo mejor podía mejorar algunas sentencias. Según una respuesta remitida al Portal de Transparencia en 2018, el Tribunal Constitucional tiene 251 empleados (incluyendo los 12 magistrados). Acaba de empezar y ya se ha superado el número de afectados que tenía la CMT de Zapatero.

2. Tribunal Supremo, a Castilla y León. La siguiente gran institución en trasladarse sería el Supremo, que Ximo Puig plantea reubicar en algún sitio indeterminado de la comunidad castellanoleonesa. Lo cierto es que el informe no especifica por qué se ha pensado en esta autonomía para esta institución ni ha entrado si estaría en una gran ciudad como Valladolid o en alguna localidad intermedia. Este movimiento afectaría a nada menos que los 720 trabajadores que tiene y a sus familias, según cifras aportadas desde el Supremo a esta revista.

La primera respuesta institucional al respecto la aportó el pasado miércoles el portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, diciendo que están receptivos a estudiar la propuesta, pero pidió un debate con "seriedad" y "rigor", "y no al contexto de los problemas que atraviese un determinado presidente autonómico o una determinada Administración pública". Lo dijo en un acto acompañado del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que subrayó una de las cuestiones fundamentales en planteamientos como este: en un momento tan complicado como el que se está viviendo, es necesario "no duplicar" los organismos que pudieran ser trasladados.

3. Tribunal de Cuentas, a Aragón. Tampoco se sabe a ciencia cierta por qué propone Puig que el Tribunal de Cuentas acabe en algún lugar de Aragón. Quizás tiene que ver con que los Reyes Católicos fueron creando los primeros tribunales que se asemejan a los actuales y que modernizaron la Hacienda española. Tampoco es algo que se haya planteado antes, como sí es el caso del Constitucional.

Al margen de todo ello, ésta sería la mayor mudanza de todas las propuestas. Según la Relación de Puestos de Trabajo del propio Tribunal de Cuentas, la institución tiene nada menos que 1.129 trabajadores. Un traslado implicaría que miles de familias se tengan que mover, de Madrid a Aragón, cambiando de vida en este afán por descentralizar España. Si Zapatero tuvo tantos problemas para mover a 140 trabajadores de la CMT, es fácil imaginar lo que costaría -no sólo a nivel económico, sino social y político- un traslado como el del Tribunal de Cuentas.

4. Consejo de Estado, a Castilla-La Mancha. El siguiente y último traslado al completo de las grandes instituciones del país sería el del Consejo de Estado. Aunque cuenta con pocos trabajadores, 123 según reconocen desde el organismo a esta revista, tiene unas particularidades que no dejan de convertir la mudanza en algo sumamente complejo.

La primera es la de los propios consejeros. Por un lado, son personas generalmente mayores que ya tienen su vida asentada. Muchos la tienen en Madrid, y los que son de fuera viven repartidos por la península, donde Madrid sigue siendo el sitio más fácil de acceder y a la misma distancia para un andaluz que para un vasco.

Además, muchos de los consejeros natos (como el gobernador del Banco de España, los directores o presidentes de las reales academias, el JEMAD, etcétera) trabajan en otras instituciones que están en Madrid. La segunda particularidad es que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. Teniendo eso en cuenta, ¿no debería estar en la misma ciudad que la sede del Ejecutivo al que tiene que guiar?

5. Parte del Senado, a Barcelona. Esta es la propuesta más vaga de todas las del informe. No se especifica ningún detalle que la justifique. ¿Qué parte del Senado y por qué a Barcelona? La Cámara Alta tiene 791 trabajadores y senadores, que no están incluidos en los 3.422 empleados a los que afectaría el plan de Puig, ya que no se sabe qué propuesta se está haciendo en realidad.

En cuanto a la localización, los empleados están asentados en Madrid y los senadores están repartidos por todo el territorio y casi nunca viven en la capital. Ahí vuelve a jugar a favor de Madrid su ubicación en el centro de la península, lo más democrático para todos los senadores.

De cambiarse, un senador de Sevilla tardaría nueve horas y media en ir a Barcelona en coche y alrededor de seis en AVE (viaje que, por supuesto, pagarían los ciudadanos españoles). Quizás la alternativa más sencilla es que se celebre, de vez en cuando, algún pleno esporádico en Barcelona, de la misma forma que Pedro Sánchez ha llegado a celebrar un Consejo de Ministros en la ciudad condal y otro en Sevilla.

Lejos ya de las grandes instituciones del Estado, el informe España polifónica: Por un país en forma de malla propone también la reubicación de otros organismos, algo menores y más técnicos. Estos tienen, por lo general, menos trabajadores y sí es cierto que es difícil de defender que tengan que estar en Madrid.

6. Puertos del Estado, a Valencia. Lo anteriormente mencionado es aplicable aquí. Puertos del Estado cuenta con 145 trabajadores en su sede madrileña. El organismo gestiona muchos puertos repartidos por todo el país y la mudanza sería simbólica, acaso para que los empleados de la central puedan ver desde su oficina algo que se le parezca a un mar o a un puerto, algo que en Madrid no es que sobre.

7. Parques Nacionales, a Extremadura. Lo mismo sucede en este caso. España tiene 15 parques naturales distribuidos en 12 comunidades autónomas. Es cierto que Extremadura, en cuanto a sus parajes, tiene sentido como lugar en el que ubicar a los 98 empleados. Aunque sea meramente simbólico. De todas formas, la ubicación de Madrid como punto central entre todos ellos sigue jugando a favor de la capital.

8. Instituto Español de Oceanografía, a Galicia. Ocurre lo mismo que en los dos casos anteriores. Galicia es uno de los puntos de referencia de investigación marina en España y el Instituto cuenta con 59 empleados, según datos facilitados por el Ministerio de Ciencia a esta revista. También hay que remarcar que, tanto en este caso como en el de Parques Nacionales, dependen de ministerios ubicados en la corte y villa, pero hay muchos otros organismos en el Estado lejos de su matriz y no supone un gran problema.

9. El Prado-Reina Sofía, a Murcia, Cantabria y Andalucía. Por otro lado, se plantea la posibilidad de crear una especie de red de museos, compuesta con obras procedentes de las pinacotecas del Prado (510 empleados y 33.228 obras) y el Reina Sofía (410 empleados y 18.145 obras) y que se reparta por Murcia, Cantabria y Andalucía. Quizás este traslado consiste en abrir sedes y exponer fondos más que en trasladar a los trabajadores, pero sin duda no sentaría nada bien en la capital: ambos son los museos más visitados de España y puntos fundamentales del Patrimonio Mundial de la UNESCO que forman el Paseo del Prado y El Retiro. Su traslado implicaría vaciar uno de los principales atractivos de la ciudad para rellenar, por ejemplo, San Javier de la Riviera en Murcia.

10. Agencia Estatal de Investigación, a País Vasco. Aprovechando que se trata de una región puntera en investigación, Puig propone mandar esta agencia y sus 320 trabajadores a la comunidad vasca. Pero tiene una situación llamativa, al igual que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios:

11. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a Cataluña. Con sus 577 empleados, supone la última propuesta de reubicación. Junto a la Agencia Estatal de Investigación, su traslado está escasamente justificado en el informe.

Para defender su punto de vista, España polifónica: Por un país en forma de malla viene acompañado de una serie de datos y gráficos en los que se muestra como la Comunidad de Madrid es la gran beneficiada en cuanto a materias como el índice de competitividad regional, los resultados regionales en materia de innovación o el rendimiento del transporte por ferrocarril. Sí es cierto que Madrid destaca en esos ámbitos, pero siempre va seguida de País Vasco y Cataluña.

En ese sentido, vaciar Madrid para reforzar ambas comunidades autónomas parece responder a calmar intereses regionalistas antes que a repartir la riqueza. Porque ambas son ya potencias dentro del país que destacan tanto como Madrid en los indicadores. Es difícil, con los argumentos del informe, defender que Cataluña se merece la Agencia de Medicamentos y parte del Senado (dos organismos), mientras hay comunidades que no reciben nada. Porque ese es el gran fallo del informe: ¿Qué pasa con La Rioja, Canarias, Asturias o Baleares? ¿Acaso esas comunidades no se merecen también formar parte de esta nueva España polifónica?

Una fijación sin apoyo

Uno de los aspectos que más llama la atención de este informe no es sólo su contenido, en algunos puntos difícilmente realizable, sino su fondo: ¿Por qué Ximo Puig se ha querido convertir en el abanderado de la España descentralizada? ¿Desde cuándo pasa? No es sólo por responder a Vox queriendo eliminar las autonomías ni a ERC queriendo descentralizarse tanto como para independizarse unilateralmente. En el fondo, también hay una parte de fijación con la Comunidad de Madrid y, especialmente, con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

El germen de Puig viene mucho antes de esta España polifónica de la que habla ahora. En concreto, le nace a finales de 2019. Ese año llegó Díaz Ayuso al poder, en el mes de agosto, y empezó a prometer una serie de deducciones fiscales en la Comunidad de Madrid. Aseguró en su investidura que iba a llevar a cabo la "mayor rebaja de impuestos de la historia" y que empezaría a entrar en vigor el 1 de enero de 2020.

Ya en octubre de 2019, en un acto al que también habían acudido Pablo Casado y José Luis Ábalos, Ximo Puig respondió diciendo que Madrid iba camino de convertirse en un "paraíso fiscal". Después, en enero de 2020, ese discurso mutó en que "la macrocefalia política, económica y financiera de Madrid es ineficiente, injusta e insostenible", según palabras del president valenciano. Empezaba a tener cuerpo esa idea de descentralizar. Por el bien de España, por supuesto, pero por el mal de Madrid aparentemente también.

A partir de ese momento, Puig se adhirió a la idea, se fue convirtiendo poco a poco en su abanderado. Ha estado desde entonces poniendo como ejemplo a seguir el caso de Alemania, recordando que las sedes judiciales están en una ciudad, las de finanzas en otra, y otras tantas instituciones que no hay en Berlín. Un modelo que además casa con el sistema federal que quiere parte del PSOE. Lo que a veces se olvida al poner el ejemplo de Alemania es que el país germano se tuvo que reconstruir tras la Segunda Guerra Mundial y tras el reparto de los vencedores y siempre es más fácil ubicar fuera de una capital una institución nueva que trasladar una existente.

Además de con retórica, ese afán ha ido acompañado de informes técnicos como el que ha presentado ahora o el que realizó el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en el que se aseguraba que la concentración en Madrid ayudaba a que el 60% de la contratación recayera en empresas de la capital y que eso ayudaba a aumentar su PIB per cápita. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le pareció bien esta idea y se mostró favorable a discutirla en septiembre de 2021 y, en el 40 Congreso del PSOE celebrado en octubre del mismo año, Puig se fue con la voluntad del partido para trabajar en esa dirección.

Menos de un año después de aquello, este mes de mayo Puig ha sido el primero en hacer una proposición formal con el informe España polifónica: Por un país en forma de malla. Sin embargo, lejos de pasar a los libros de Historia como el hombre que diseñó la descentralización del Estado, se ha acabado llevando un batacazo emocional por parte del Gobierno que ha relegado su propuesta a un "contexto académico", algo muy alejado de la intención real del informe.

Isabel Rodríguez, la portavoz del Ejecutivo, reconoció que el Gobierno ya ha estado implementando esa desconcentración en empresas públicas, aunque en órganos de nueva creación y en aspectos relacionados con la innovación tecnológica, lo que atrae inversión privada. Ello, sin que "afecte a la estructura social del Estado". A fin de cuentas, reubicar a 3.422 trabajadores no es tarea fácil. Basta con ver lo que le pasó a Zapatero con los 140 empleados CMT. Así, el paso en firme que ha intentado dar Puig ha acabado quedando en simbólico. El vaciado de Madrid tendrá que esperar y la España polifónica del president no pasará a la posteridad como la división por provincias de Javier de Burgos.