Lo llamativo es que Enriqueta ya ha ido con esas carpetas y esos papeles a cuatro abogados distintos y todos le dicen lo mismo: que no hay caso porque no va a prosperar, porque no prospera ninguno. "Nos dicen que la Fiscalía está cerrada, que va a archivar nuestro caso, como archivan todos los de las residencias de ancianos, y que no sirve para nada porque vamos a perder el dinero. Es frustrante, porque si me dicen que todo fue acorde a la ley, bueno, pero es que ni siquiera llego a que le echen un ojo a los documentos, ni mucho menos a juicio", explica Enriqueta.

Las cifras, puestas encima de la mesa, son alarmantes. En España han muerto 106.105 personas a causa del coronavirus, según los datos más actualizados. De ese total, alrededor de 35.670 eran ancianos en residencias. Eso supone nada menos que el 34% de las muertes. Y ambas cifras podrían ser más elevadas ya que muchos fallecimientos se escaparon a las estadísticas oficiales por el descontrol que reinó, especialmente al inicio de la pandemia. De hecho, la prestigiosa revista científica The Lancet cree que en el caso de España habría que añadir 62.000 muertes adicionales, lo que situaría la cifra real en 168.105 muertes.

Estos ancianos en residencias eran los santos inocentes: Personas vulnerables que se sabía que iban a ser los primeros en caer, que muchas veces fueron desatendidos y las negligencias no sólo causaron su muerte, sino una muerte en soledad y poco digna. Se cuentan por cientos los casos de malnutrición, deshidratación y absoluto abandono. Las residencias fueron auténticos campos de muerte y, sin embargo, nadie tiene la culpa de nada.

Un informe realizado por Amnistía Internacional que analiza los casos de las residencias de ancianos en los juzgados explica que el 89% de las investigaciones penales de la Fiscalía están siendo archivadas antes siquiera de llegar a juicio. Eso es algo que más o menos ha confirmado la Fiscalía General del Estado cuando, en septiembre del año pasado, reconoció que había archivado 411 de las 517 investigaciones que había iniciado, el 79%.

Aunque es imposible saber exactamente cuántos casos por muertes en residencias están en los juzgados, lo cierto es que estos datos muestran una tendencia evidente: nadie va a pagar por lo que pasó, nadie es responsable y los huérfanos de las residencias se tienen que quedar con que sus padres y abuelos murieron por culpa de la Covid-19 y ya está. No hay ningún caso conocido que haya resultado en condena. Así, se ha pasado de la pandemia del coronavirus en las residencias a la pandemia de los carpetazos en los tribunales.

Ahora se cumplen dos años desde que empezaron a presentarse las primeras denuncias contra la gestión en los centros residenciales y lo cierto es que la mente de buena parte de la sociedad se preocupa ahora por una nueva lucha de salud pública, la de la viruela del mono. Pero no se han cerrado aún las heridas de la anterior. Heridas que siguen enfangadas por esta situación de impunidad. El último gran caso mediático en acabar en nada ha sido el de la Residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real), donde murieron 75 personas y también ha sido archivado. Otro más, suma y sigue.

El caso Elder

Era principios de abril de 2020. La localidad ciudadrealeña de Tomelloso, de apenas 36.000 habitantes, empezó a copar titulares como la Wuhan de La Mancha. Este diario fue testigo de cómo el enterrador se congratulaba un día que sólo llevaba tres muertos enterrados esa jornada, porque la semana anterior la media era de 10 o 11 diarios. Lo hacía entre nichos aún sin lápida formal, con los nombres escritos a rotulador sobre las maderas porque se tardaba menos en morir que en grabar un nombre sobre el mármol.

El 3 de abril de aquel año, cuando sólo había pasado un mes desde el primer positivo en la ciudad, fuentes municipales ya reconocían a EL ESPAÑOL que la localidad llevaba nada menos que 200 muertos en su haber. Uno de los principales focos fue la Residencia Elder, en la que acabaron muriendo 75 personas, la mitad de sus residentes, y que tuvo que ser intervenida por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha. Su director era José Manuel Sampedro, un concejal del PP en el Ayuntamiento por aquel entonces e hijo del presidente de la Fundación Elder. No tenía experiencia ninguna y se convirtió en blanco de todas las críticas.

Sampedro fue acusado de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro por su gestión y, en la instrucción, los testigos dibujaban un panorama desolador. Los propios trabajadores contaron que no quiso adelantar la compra del material, que no siguió las recomendaciones, que se ausentó de su puesto, que no sustituyó las bajas a pesar de la necesidad de personal, que no se facilitó la comunicación con los familiares, que mintió diciendo que la residencia iba bien, que no se separó bien a enfermos y sanos y las autoridades que intervinieron aseguraron que se encontraron en la residencia "un barco sin dirección". Todo quedó archivado.

Javier García cuenta cómo su padre, Pascual, empezó a mostrar síntomas en la Residencia Elder el 6 de marzo de 2020. Había entrado en el centro junto a su mujer, unos años antes, cuando se hicieron mayores y decidieron quedarse en Tomelloso en vez de irse a vivir con alguno de sus hijos, que andaban repartidos por la geografía. "El 11 de marzo, cinco días después, aún seguía con fiebre. Yo me preguntaba por qué no le llevaban al hospital, si habían pasado tantos días y aún no estábamos confinados", rememora por teléfono.

Si bien durante los primeros días la situación avanzó sin altercados, pronto se empezó a complicar en la Residencia Elder y Javier no era capaz de contactar con su padre y saber cómo estaba. "Durante el estado de alarma, cuando no podíamos salir de las casas, era una frustración porque empezábamos a ver noticias sobre la residencia y lo que estaba pasando, pero no nos decían nada", asegura. "En ese momento tenía la confianza en que le estuvieran tratando bien, pero ahora no lo tengo nada claro", dice.

Esta última duda le asalta por una videollamada que hizo con su padre el 27 de marzo, un día después de que Pascual cumpliera 92 años. No fue a raíz del cumpleaños, no fue una celebración; fue una despedida, una extremaunción familiar: "Ahí me derrumbé, me vine abajo. Era piel y huesos y sus últimas palabras fueron 'Javi, sácame de aquí que hay muchos muertos'", cuenta con la voz quebrada.

Pascual acabó falleciendo el 30 de abril y ahora su hijo, por el estado en el que lo vio, duda mucho que hubiera tenido un acompañamiento digno, incluso duda que le hubieran dado de comer. "Ojalá lo tuviera grabado para enseñárselo al juez y que me diga que ahí no pasó nada", se lamenta. Pero su caso no es único.

"No se priorizó a este grupo aún sabiendo que los ancianos en las residencias iban a sufrir", cuenta a EL ESPAÑOL | Porfolio Ximena Di Lollo, responsable de la respuesta de Médicos Sin Fronteras en las residencias. Su equipo ha elaborado un duro y exhaustivo informe sobre todo aquello que falló, especialmente durante las primeras olas y el panorama fue, en definitiva, un desastre. No sólo en la Residencia Elder, sino en la mayoría de centros de España. Las conclusiones detallan falta de anticipación, descoordinación, malas infraestructuras, falta de formación en los EPI, falta de organización en la dirección de las residencias, lo letal que supuso la no derivación a los hospitales en algunos casos…

"Es cierto que, mirándolo ahora, la cuestión de evitar la diseminación del virus era muy complicada y se entiende que se hizo lo que se pudo. Pero en muchas residencias se llegó a extremos de falta de hidratación o de errores en la administración de las comidas por parte de un personal sobrepasado", explica Di Lollo, que cuenta que los ancianos a veces ni recibían sus medicaciones básicas. "También faltaron cuidados en el final de la vida, centrados en la persona", apuntala.

Y lo que más duele a las víctimas, a toda esa generación de huérfanos de las residencias: "Nadie ha querido reconocer que se han equivocado al manejar la situación. Casi todos se amparan en el estado de emergencia. Sí, pero las órdenes eran explícitas y esas órdenes las daba alguien. Por ejemplo, el hecho de que se les negara el acceso a un hospital, no por triaje y cuestiones de edad, sino por su lugar de residencia, porque vivían en residencias de ancianos…", añade.

La pandemia de carpetazos

La Fiscalía General del Estado, capitaneada por la exministra Dolores Delgado, pidió el pasado mes de febrero a todos los tribunales más información sobre los procedimientos abiertos y relacionados con las muertes en las residencias de ancianos de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. Argüían que ponían el foco ahí por su "indudable importancia y trascendencia" teniendo en cuenta los 35.670 muertos.

Se fijaban, además, en esas comunidades porque en la capitalina habían fallecido 6.479 personas, en la catalana otras 5.744 y en la manchega les llamaba especialmente la atención la situación de la Residencia Elder de Tomelloso y sus 75 fallecidos. Al ver el movimiento del Ministerio Fiscal, muchas víctimas pensaron que iba a servir para cambiar una tónica ya enquistada, la del archivo constante de las causas. De momento, se equivocaban.

"A mí que los jueces no me digan que ha sido culpa de la pandemia y ya está", espeta Javier, el hijo de Pascual. "Hay tres residencias en Tomelloso. En una murieron 8 ancianos, en otra 10, y en la Elder, la de mi padre, que encima era la privada de las tres, fueron 75. No me pueden decir que se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Necesitamos que se investigue en un juicio justo", asegura.

Su rabia es porque su caso es el último de los mediáticos en recibir carpetazo, como casi todos los demás que hay. La Audiencia Provincial de Ciudad Real decretó el pasado 25 de abril el sobreseimiento de la causa contra José Manuel Sampedro y la Fundación Elder por posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber. Se unía así al archivo decretado antes, en diciembre de 2021, por el Juzgado de Primera Instancia de Tomelloso. Los jueces consideran que en el momento en el que se produjeron los hechos existía una falta de conocimiento absoluta sobre el coronavirus, lo que impidió actuar mejor.

Pero su caso es el de muchos otros. Según Amnistía Internacional, los archivos de las causas ascienden al 89%. Al menos así era en enero, ya que ni el Ministerio Fiscal ni el Consejo General del Poder Judicial ofrecen datos actualizados ni responden a los requerimientos de EL ESPAÑOL | Porfolio para intentar tener una visión a día de hoy del asunto o si la tónica ha cambiado en algo. ¿Será acaso que monitorizar la situación judicial de la muerte de más de 35.000 personas no es importante o no se merece transparencia?

Pero los últimos datos que ofrecieron, en septiembre de 2021, confirmaban que se habían archivado el 79% de las causas. De 517 investigaciones penales, 411 habían acabado en carpetazo y sólo se habían interpuesto 40 denuncias y 66 estaban en trámite. De hecho, han pasado dos años desde que empezó a suceder todo aquello y no se conocen casos relevantes de condena. La mayoría de los notorios y sonados han acabado en archivo. Muchos piensan que ningún tribunal quiere dar el paso que abra la veda de la condena, ya que el resto de casos irían en tromba detrás.

"Nos hemos instalado en la cultura de la impunidad", denuncia Carlos Sanguino, responsable de la campaña de residencias de Amnistía Internacional. "El discurso oficial que han comprado los autos judiciales es que fue inevitable, especialmente en los de la primera ola", añade. "Esto para nosotros es más que discutible. Hay algunos protocolos, como los de no derivar a los hospitales, que son decisiones tomadas por personas con nombres y apellidos y que supusieron muertes", apuntala.

Pregunta.- ¿Cómo se sienten los familiares de los abuelos fallecidos al ver que las denuncias quedan, todas, en nada?

Respuesta.- Absolutamente desamparados. Pensemos que hablamos de más de 35.000 personas muertas. Es un hecho de excepcional gravedad por el que no hay responsable ninguno. El discurso es que no se pudo hacer nada. Además, nosotros no pedimos que esta o aquella persona vaya a la cárcel, sino que se investigue. Es que no estamos llegando ni al paso de investigar lo que sucedió.

La política tampoco rinde

El caso particular de Enriqueta y su madre Carmen es similar al que cuenta Javier. Al principio parecía que todo iba bien. Pero luego cerraron la residencia, empezaron a llegar los rumores, los primeros fallecidos, la falta de comunicación, el tirarte días sin saber si esa persona ha muerto o no… y la absoluta desorganización: "A una vecina tardaron una semana en decirle que su madre había fallecido porque las habían cambiado de habitación, para que no se propagara el virus, pero sin saber ya quién es quién. Cuando entraron los del Centro de Atención Primaria, como no conocían a nadie, faltó medicación porque no sabían a quién dársela", explica enfadada por teléfono.

"Nos dimos cuenta de lo que pasaba en torno al 8 o 9 de abril, cuando empezaron a derivarlos. Ahí llegaban los ancianos desnutridos, deshidratados, con los riñones colapsados; algunos, por no cambiarlos de posición en la cama, llegaban con una llagas que se le veían hasta los huesos", asegura. Esa derivación, sin embargo, llegó tarde para Carmen: llamaron desde la residencia diciendo que había muerto el 6 de abril.

En el informe médico pone que Carmen murió por broncoaspiración, que respiró algo sólido y se ahogó. Es algo que ya le había pasado en ocasiones anteriores, pero con el cuidado adecuado lo habían podido evitar. Esta vez, no. Por eso Enriqueta considera que ha habido una negligencia y va a los abogados intentando montar un caso, intentando que llegue a juicio. Pero siempre se encuentra con la misma puerta cerrada.

"De los 91 residentes que había en Bertran i Oriola, los familiares decimos que han muerto 42 y la residencia dice que sólo 16. Bueno, es que ni siquiera podemos tener con certeza los datos de los que han muerto", se queja. "Yo creo que mi madre no se murió, que la mataron, pero a mí nadie me llama para tomarme declaración. Los abogados que nos rechazan dicen que no ha salido ningún caso en España y que no va a pasar, porque sentaría un precedente y todo el país iría detrás", añade.

Además, asegura que ella culpa a la directora de la residencia, que culpa a la empresa, que culpa a la Generalitat catalana. "Siempre acabamos arriba y ahí no hay nada que hacer", se lamenta. Y da en el clavo, porque si bien la clase política se ha comprometido a aclarar qué pasó, esa vía siempre termina en los intereses partidistas. Es una espiral de la que no se sale.

Así, en Andalucía el PSOE pidió una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias, pero fue rechazada por el PP en el Gobierno andaluz y sus socios de Vox y Cs. En La Rioja lo pidió el PP, pero fue rechazado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Estos tres partidos también la rechazaron en Asturias, pero la pidieron en Galicia, donde la rechazó el PP. El espectáculo, bochornoso a más no poder, se rige por una simple regla: mira quién está en la oposición y verás quién la pide, mira quién gobierna y verás quién se opone. A nivel estatal no es distinto y el Tribunal Supremo ha inadmitido querellas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las únicas comunidades autónomas en las que ha habido atisbos de buscar una solución también han acabado en nada. En la Comunidad Valenciana se aceptó una comisión, aunque de observación y no de investigación, pero no se ha vuelto a saber. Y tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León se crearon estas comisiones, pero las elecciones -en mayo del año pasado en Madrid y el pasado febrero en Castilla y León- acabaron con ellas y no se han vuelto a formar desde entonces.

"A veces me siento culpable", reconoce Javier. "Pienso que el hecho de que estuviera en la residencia es culpa nuestra. No lo puedo evitar, aunque estaba ahí porque quería y estaba a gusto, me lo recuerdan siempre mis hermanos. El caso es que hay que saber por qué en la Residencia Elder han fallecido 75 personas. No me vale lo que dice el juez, no me vale que sea sólo porque fue la pandemia y ya está", añade.

"Estoy con medicamentos y yendo a una psicóloga que me dice que estoy en la fase de rabia y de negación, más de dos años después, que no lo he asumido. Es que no la he visto, nen", cuenta Enriqueta. "La última vez que la vi fue el 11 de marzo por la tarde. La dejé acostada y tuvimos una discusión. Discutimos y me fui. Esa fue la última vez que hablamos. ¿Sabes la pena que me queda?"... Y mientras tanto, nadie tiene la culpa, nadie ha cometido ningún error, nadie ha pedido perdón. Así murieron los santos inocentes y pasan sus descendientes los días con las heridas al aire.