¿Por qué el vicepresidente Juan García-Gallardo ha estado protagonizando durante este mes de junio todas esas salidas de tono? Sus polémicas incluso han llegado al diario británico The Guardian, que, en un artículo irónico, se pregunta si sólo se le conoce por decir "estupideces".

Voces de distintos partidos políticos de Castilla y León coinciden en asegurar que el perfil de García-Gallardo, triunfalista tras las elecciones del pasado 13 de febrero, se ha desdibujado en los dos meses que lleva en el Gobierno -desde que asumió el cargo el pasado 20 de abril- por dos motivos principales. El primero, que su vicepresidencia no tiene una consejería detrás. Esto es algo que pasa por primera vez en la historia de la autonomía, que no sucede en ninguna otra de España y que le ha valido el calificativo de "vicepresidente florero" desde las filas de Ciudadanos.

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García-Gallardo no puede presumir de logros propios, no hay una gestión por la que sacar pecho. Además, según ha podido comprobar esta revista, es de todos los líderes políticos en el Parlamento castellanoleonés el que menos tiempo ha hablado en la Cámara. Ya se lo dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras unas palabras de García-Gallardo criticando el modelo autonómico: "No tener ningún tipo de responsabilidad nos lleva a esto, a tener tanto tiempo que no aprecias ni siquiera lo que es gobernar una autonomía".

El segundo motivo es que no está cumpliendo la gran promesa de Vox de recortar en altos cargos, en asesores y en todos esos gastos de dinero público que ellos consideran superfluos. No es sólo que con su llegada hayan aumentado los salarios y las designaciones a dedo, es que además está ahí colocando a familiares suyos y de sus altos cargos. Incluso, según ha podido saber EL ESPAÑOL | Porfolio, también ha encontrado hueco para sus amigos. En concreto, ha nombrado a dedo a una joven amiga suya de la Universidad CEU San Pablo.

El efecto Garzón

Desde que el pasado 20 de abril se formó Gobierno en Castilla y León, con el popular Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza y Juan García-Gallardo como su número dos, andan los periodistas locales notando que algo ha cambiado en los pasillos del Parlamento autonómico. Antaño era un espacio de intercambio entre políticos y periodistas en los que rara vez la conversación trascendía lo local. Sin embargo, desde que Vox entró en el Ejecutivo son los medios nacionales los que acuden ahí cuando hay pleno -los martes y miércoles cada dos semanas-.

Esto es porque las palabras de García-Gallardo cotizan al alza en los titulares y en las redes sociales. Aunque valen cualquiera de sus salidas de tono, basta con fijarse en la última. Fue el pasado domingo cuando el de Vox dijo que uno de los problemas de la despoblación en Castilla y León era que la gente se había centrado en la cara lúdica del sexo y que se había olvidado de su verdadero propósito, el de procrear. Desde entonces, la bola no ha dejado de rodar.

Sus declaraciones han sido titular en casi todos los medios, los políticos han reaccionado, los programas de televisión se han hecho eco, la respuesta de la periodista Maruja Torres se ha hecho viral en todos los sentidos y hasta ha traspasado las fronteras españolas con el prestigioso diario británico The Guardian replicando la polémica. En un artículo, tan humorístico como duro, el medio ironiza con que Belchite (Zaragoza) no quedó devastada por la Guerra Civil, sino por gente joven fornicando sin compromiso; y se pregunta si García-Gallardo "es famoso sólo por decir estupideces". "No tanto como debería", se contestan en el texto.

Todo esto recuerda irremediablemente al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que también encadena polémicas -una de las más sonadas, casualmente, por una entrevista en el mismo The Guardian en la que criticaba la calidad de la carne española-. El líder de Izquierda Unida accedió a la cartera por cumplir su cuota en el Ejecutivo, pero ésta estaba tan vaciada de contenido tras la partición miniserial (antes Consumo estaba integrado en Sanidad) que, como ya contó esta revista, se había convertido en el menos productivo de todo el Consejo de Ministros.

Y cuando uno no puede hablar de su gestión, habla de otras cosas. Es ahí donde reside la trampa. "Cuando no tiene qué hacer, el toro mata moscas con el rabo", dijo el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, sobre Alberto Garzón. "No tener ningún tipo de responsabilidad nos lleva a esto", remarcó Ayuso sobre García-Gallardo. Y es que el de Vox lidera por primera vez en la historia de la autonomía una vicepresidencia que no tiene consejería detrás. No hay gestión alguna. Pero es que también está fuera de la discusión en los plenos del Parlamento, donde se debaten los temas que afectan a los castellanoleoneses.

Según ha calculado EL ESPAÑOL | Porfolio, García-Gallardo es el líder político que menos habla en la Cámara autonómica en comparación con sus rivales. Ha intervenido en nueve ocasiones, sumando un total de 36 minutos hablados. El siguiente que menos ha intervenido, el representante de Soria ¡Ya! José Ángel Ceña, le dobla en tiempo con 63 minutos hablados en 11 intervenciones.

El de Podemos, Pablo Fernández, ha hablado 53 minutos en 17 ocasiones y el de Ciudadanos, Francisco Igea, lo ha hecho 28 veces sumando 92 minutos. El que más ha intervenido, con diferencia, es el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que ha hablado en 25 ocasiones y durante 230 minutos. García-Gallardo tampoco tiene visibilidad en las comisiones, ya que no está en ninguna, mientras que Ceña Tutor está en tres, y Fernández e Igea en cinco cada uno.

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Sabiendo que esa invisibilidad podría acabarse convirtiendo en un problema, García-Gallardo ha impulsado la llamada Comisión Delegada del Gobierno. Se trata de un órgano transversal dirigido por él y que busca coordinar la acción de las tres consejerías de Vox. Sin embargo, aún es pronto para saber el resultado real de ese movimiento. Mientras tanto, sigue poniendo su rostro para políticas más simbólicas que de realpolitik, como es la elaboración de un censo de sepulturas de víctimas del terrorismo en Castilla y León.

Esta falta de gestión inédita ha servido de munición para sus adversarios políticos, trascendiendo de nuevo al plano nacional. El portavoz de Ciudadanos, el diputado del Congreso Edmundo Bal, llegó a pedir que se prohibieran "vicepresidencias florero" como la de García-Gallardo. Su mensaje fue secundado por la lideresa de la formación naranja, Inés Arrimadas, que aseguró que "tenemos una Administración enorme, cargada de duplicidades y que sale muy cara a los españoles" y que "lo último que hay que hacer es engordarla".

Familia y amigos, colocados

Curiosamente, ese objetivo de reducir la Administración y el gasto público dedicado a mantenerla es uno de los objetivos -declarado, al menos- de Vox y también de su líder en Castilla y León. La formación ultraderechista y el PP firmaron un acuerdo para formar el Gobierno de coalición actual que, en su punto 11, abogaba por la "reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz que no redunde en el bienestar de los ciudadanos".

Es posible, se ha hecho antes. Esas intenciones bien recuerdan a los hechos del anterior presidente de la Junta, el popular Juan Vicente Herrera, quien en 2011 y con motivo de la recesión económica se comprometió a reducir el número de altos cargos en un 20% y a limitar el número de asesores. Durante esa legislatura, el número de asesores se mantuvo por debajo de los 40 y el número de consejerías se limitó a 10. En cuanto a altos cargos, pasó de los 103 que tenía a 78 y, en la siguiente legislatura, siguió disminuyendo hasta colocarse en 69 en el período 2015-2019.

Pero con la llegada de Mañueco y su Gobierno de coalición con Francisco Igea, esas cifras subieron. Los altos cargos se situaron en 93 y el número total de asesores, que estaba fijado en 22, ascendió a 44 aunque nunca se llegaron a ocupar todos los puestos. Cabría esperar que con la entrada de Vox en el Ejecutivo, y dado su discurso por adelgazar la Administración, las cifras iban a bajar. Pues no, ha sucedido justo lo contrario.

Con el actual Ejecutivo autonómico se han ocupado los 44 puestos de asesores y los altos cargos han ascendido a un total de 99, casi tantos como en los años de bonanza. Esto ha tenido lugar por la necesidad de colocar a gente afín, personas de partido, en los puestos de personal eventual (asesores), pero también porque al no tener una consejería bajo su vicepresidencia, el de Vox ha obligado a duplicar puestos.

Así, los consejeros de Vox en el Gobierno cuentan con sus altos cargos para desarrollar las labores ejecutivas, pero García-Gallardo también ha creado nuevos puestos bajo su mando. Son el del director general de Relaciones con la Sociedad Civil, Jesús Enríquez; el de la directora de Coordinación e Interacción Social, la experiodista de la COPE Montserrat Lluis, y el de su jefe de Gabinete, José María Barrio Gil-Fournier.

Este último ha sido, sin duda, el nombramiento más polémico. No sólo porque nunca en la historia de Castilla y León un vicepresidente ha tenido un jefe de Gabinete, sino porque además es su familiar. José María comparte apellido con el padre del vicepresidente, Juan Manuel García-Gallardo Gil-Fournier.

El pariente ahora reconvertido en jefe de Gabinete fue representante en Valladolid de la constructora Reyal Urbis, que repite estos días como uno de los grandes morosos de Hacienda, y fue imputado en 2013 por un presunto delito contra el medioambiente, aunque el asunto acabó archivado. El vicepresidente lo enchufó primero como asesor y luego lo ascendió a alto cargo, pasando de cobrar 52.126,90 euros anuales a una cifra por determinar aún que rondará los 80.000.

Sin embargo, no se trata del único familiar colocado por los de Vox. La formación también ha encontrado hueco en el organigrama para Alfonso Javier Sánchez-Guijo, hermano del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, y que pasa a ser su asesor bajo el pretexto de que, como persona ciega que es, necesita un asistente y ese tiene que ser su hermano. Alfonso Javier, según ha podido comprobar esta revista, es un autónomo dedicado al sector cárnico.

EL ESPAÑOL | Porfolio también ha descubierto que Juan García-Gallardo ha colocado a dedo como asesora a una amiga suya. Se trata de Ángela Wolfe Puente, cuyo nombramiento queda recogido en el boletín autonómico del 18 de mayo. Ambos se conocieron gracias a la Universidad CEU San Pablo, a cuyo colegio mayor asistió el ahora vicepresidente de la Junta castellanoleonesa. La universidad le otorgó una beca a García-Gallardo, en un acto en el que Ángela Wolfe también recibió un galardón. Ambos tienen fotos posando juntos en verano de 2021, cuando la política era aún algo muy lejano para los dos.

¿Y quién lo paga?

Todos estos movimientos han tenido, por supuesto, su repercusión en las arcas públicas. Los 93 altos cargos que había en la anterior legislatura costaban al erario un total de 6,5 millones de euros anuales. En la actualidad, esa cifra ya ronda los 6,9 millones y aún faltan puestos y salarios por actualizar. Cuando esto suceda, las retribuciones totales se situarán en torno a los ocho millones de euros. 

Algo similar ha pasado con los asesores. La legislatura de Juan Vicente Herrera terminó con 746.456 euros destinados a personal eventual. En la primera etapa de Mañueco esa cifra aumentó hasta los 1.596.965 euros y ahora, con las 44 plazas cubiertas, el gasto público para pagar estas retribuciones asciende a nada menos que 1.921.363 euros, más del doble de lo que asignaba el anterior presidente popular.

A ello hay que añadir que la Mesa del Parlamento también se ha subido el sueldo. El aumento se planteó en febrero, antes de las elecciones autonómicas, y consistía en actualizar los salarios incrementándolos un 4%. Pero la polémica ha vuelto a resurgir tras los comicios porque con la nueva Mesa, ahora presidida por Carlos Pollato (Vox), se ha ratificado esa medida. 

Donde García-Gallardo -y el Gobierno al que pertenece en su conjunto- sí ha protagonizado recortes de dinero público es en aquello que afecta a su oposición. Una de sus medidas más sonadas este pasado mes de junio ha sido el anuncio de su intención de recortar 20,3 millones de euros que reciben de subvenciones los agentes sociales (CEOE, CCOO y UGT). También ha rebajado el número de procuradores (diputados) que tienen dedicación exclusiva. Es decir, ha recortado el número de políticos profesionales en el Parlamento. 

Esta medida también ha sido muy sonada ya que apenas afecta a partidos como Vox o PP, que tienen escaños de sobra y da igual que pierdan algún procurador. Sin embargo, es letal para los partidos más pequeños. Por ejemplo, en el Grupo Mixto (donde están Podemos y Ciudadanos) ahora sólo tienen derecho a un diputado liberado y el representante de la formación naranja y anterior vicepresidente, Francisco Igea, ya no podrá cobrar por su trabajo en el Parlamento. Eso no le ha sentado nada bien.

"Creó una vicepresidencia sin portavocía ni consejería, con todo un equipo de asesores. Suben los sueldos a la Mesa y mantienen sus asesores. Un vicepresidente que no va a firmar nada. Pero impiden que la oposición pueda dedicarse a su trabajo. Son unos sinvergüenzas", publicó Igea en Twitter. La llegada de García-Gallardo al Gobierno, desde luego, ha agitado el avispero.