El Gobierno ha sacado adelante esta semana el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada que regulará las cuestiones de alto secreto como las planteadas anteriormente. Aunque aún tiene que llegar al Congreso de los Diputados, que lo hará en otoño, y ser aprobada, que sucederá en el plazo de un año si no hay elecciones anticipadas, lo cierto es que se trata de un paso adelante en una materia que hasta ahora ha estado dejando la historia reciente de España llena de agujeros e incógnitas imposibles.

La ley vendría a sustituir la vigente, que se aprobó en 1968, en pleno franquismo, y que ha estado conviviendo con los gobiernos democráticos sin ningún problema porque ha servido de cajón de sastre para meter ahí todos los temas espinosos sobre los que no se ha querido informar. Desde los GAL o el 23-F, hasta asuntos más recientes como las actividades de Juan Carlos I o los viajes en el famoso Falcon del actual presidente, Pedro Sánchez.

El caso es que gracias a esta ley franquista, todos los ejecutivos de la democracia han confundido, más deliberadamente que por error, secretos de Estado con secretos de Gobierno. El no tener que dar demasiadas explicaciones al respecto ha permitido clasificar asuntos incómodos para el Ejecutivo de turno. Cuando en 1997 la Sala III del Tribunal Supremo ordenó desclasificar los llamados Papeles del CSID -entre ellos el acta fundacional de los GAL- ya advirtió que la ley está para proteger los secretos, pero no para servir de escudo a los actos ilegales del Gobierno. 

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"El anteproyecto nos pondrá en la normalidad de los socios y aliados europeos, de países como Canadá, Australia o Estados Unidos. Y desde el punto de vista técnico, es muy similar al ámbito general en la OTAN y en la Unión Europea", asegura José Luis González Cussac, catedrático de Derecho en la Universidad de Valencia y experto en la materia. "Además, se va a poder escalonar la información, dando distintos tipos de categoría según el secreto y estableciendo un sistema de caducidad automático del secreto", añade.

Con este movimiento se consigue que los secretos oficiales empiecen a responder a su verdadero espíritu, el de materias que se ocultan durante un tiempo porque su conocimiento pondría en riesgo los intereses del país o que prevendrían al Ejecutivo de hacer libremente su trabajo. Sin embargo, los plazos propuestos en el anteproyecto -50 años prorrogables otros 15 en el caso de los altos secretos- han generado críticas por parte de los demás partidos al margen del PSOE, incluido el socio de coalición, Unidas Podemos.

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"Se pretende superar la asignatura, pero creo que no sirve tanto si se aplican unos plazos así de amplios. Parecen excesivos si tienes en cuenta el derecho comparado, con países como Francia y Alemania con plazos de 30 años con excepciones", explica Miguel Ángel Blanes Climent, doctor en Derecho y experto en Transparencia. "De todas formas, el otro frente es cómo se acaba aplicando. Si es abusiva o no. Ahora se están considerando como secretos temas como los viajes del presidente del Gobierno, el rescate a la aerolínea Plus Ultra o el dinero que ha gastado Interior en seguridad de la Casa Real. Son temas que poco o nada tienen que ver con la seguridad del Estado como tal", añade.

EL ESPAÑOL | Porfolio analiza, de la mano de los expertos, cuáles son los principales secretos oficiales que impiden saber la verdad sobre asuntos de la historia reciente que ya podrían estar superados y también de elementos actuales que podrían responder a una aplicación abusiva de la misma. No existe tal cosa como una lista de secretos oficiales, pero de todos se puede aprender algo.

–El trinomio Pegasus-Ghali-Sáhara. Es uno de los últimos asuntos que afecta al Ejecutivo actual. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación por el robo de información sensible a miembros del Gobierno, se topó con los secretos oficiales intentando aclarar qué sucedió y si, por el camino, se cometió alguna irregularidad.

El magistrado mandó un suplicatorio al Consejo de Ministros antes de interrogar al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la de Defensa, Margarita Robles. En el mismo pedía que se desclasificaran "los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios". Sin embargo, la declaración de los testigos arrojó poca luz al respecto ya que se escudaron en que las cuestiones eran secretas.

El espionaje se produjo mientras España acogía argumentando razones humanitarias al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Este asunto también llegó a los juzgados, donde tuvo que declarar la que entonces era ministra de Exteriores, Arancha González Laya. En su declaración se negó a revelar quién habría orquestado con ella la llegada del mismo amparándose en que era secreto. Por otro lado, Interior alegó el secreto de nuevo para no desvelar a los periodistas el número de agentes españoles que participó en el operativo.

Muchos sospechan que ambas cuestiones están ligadas con el cambio de postura de España respecto al Sáhara. Entre ellos, el Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió la reunión de la comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja para ver si Sánchez es libre de tomar decisiones, qué información le robaron y si el Sáhara tuvo algo que ver en el asunto. Por cierto, que la propia descolonización del Sáhara durante la dictadura de Francisco Franco es un asunto también plagado de incógnitas que no se desvelan por estar consideradas secreto.

–Todos los viajes del presidente. EL ESPAÑOL | Porfolio pudo informar recientemente de los viajes en Falcon que hicieron todos los miembros del Gobierno en 2021. Todos, menos los del propio Sánchez, ya que Presidencia del Gobierno no respondió a los requerimientos realizados y amparados en la Ley de Transparencia. Y esto es porque están considerados secretos oficiales tanto los movimientos de aeronaves militares como sus datos estadísticos.

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A pesar de lo que dice la norma, los ministerios han encontrado la normalidad en el asunto y ninguno ha tenido problemas en informar sobre los movimientos de los titulares de cada cartera. También habría sido posible una respuesta a medio camino, informando sobre los viajes de la agenda y ocultando los sensibles. Presidencia, sin embargo, al tratarse de un asunto tan político por las polémicas que genera su uso de las aeronaves del Estado, ha optado siempre por guardar silencio al respecto. Resulta llamativo que el viaje que hizo Pedro Sánchez a Valencia, aquel fin de semana en el que se fue a un festival de música, sea un secreto de Estado.

–El rescate a Plus Ultra. A principios de 2021 el Consejo de Ministros aprobó rescatar una serie de empresas estratégicas afectadas por la situación económica que había quedado tras la pandemia. Uno de esos rescates, por valor de 53 millones de euros, fue a parar a una relativamente desconocida aerolínea llamada Plus Ultra.

Pronto se empezó a dudar de su valor estratégico y se empezó a conocer su vinculación con el régimen de Venezuela y se supo de las reuniones del titular de Transportes, entonces José Luis Ábalos, con altos cargos del régimen de Nicolás Maduro. Cuando se pidieron los documentos para analizar si se había obrado bien, la respuesta es que se trataba de un secreto oficial. Se sigue sin saber si el gasto de 53 millones fue justificado.

–La Covid-19. La pandemia provocada por el coronavirus no iba a ser menos. Una de las cuestiones sobre las que más se ha especulado al respecto es si el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), que elabora informes diarios para Moncloa, avisó de que venía una pandemia o no. Cuatro diputados del Congreso pudieron visitar el búnker del DNS y consultar algunos documentos, pero su filtración interesada no hizo sino sembrar más dudas al respecto. La ciudadanía todavía no lo tiene claro, y es evidente que ya no se trata de una cuestión de seguridad de Estado.

Con estos casos encima de la mesa, le preguntamos a Miguel Ángel Blanes. ¿Por qué se ha tardado tanto en sacar adelante una ley de este tipo? "Por comodidad. El gobernante español de la democracia se ha sentido muy cómodo con una ley de la dictadura. Ahí, la democracia ha incurrido en una contradicción. Les permite declarar secretos sin justificar, seguir en el anonimato y, gobierne quien gobierne, si no tienes obligación de enseñar documentos, nadie te puede recriminar que obraste mal", comenta.

"España era, a este respecto, una singularidad inexplicable", añade José Luis González Cussac. "En el mundo jurídico y académico, en el de los historiadores y documentalistas, también en el de los politólogos… en todos ellos había unanimidad para normalizarse respecto a Europa. Y esta ley llega tarde, pero nos normaliza. No es ninguna revolución ni ningún experimento, nos colocamos en los estándares occidentales", apuntala.

–La X del GAL. Al margen de los casos más actuales, los históricos. El asunto de los GAL es uno de los grandes misterios sobre los que la ciudadanía es privada de saber la verdad al estar plagado de secretos oficiales. Los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación nacieron (y acabaron) durante la Presidencia de Felipe González y se dedicaron a perseguir a miembros de ETA y simpatizantes con métodos de terrorismo de Estado o de escuadrones de la muerte.

Aunque ha habido condenados -entre ellos el que era ministro del Interior, José Barrionuevo- no hay pruebas fehacientes de quién es el verdadero arquitecto de los GAL. Muchos, incluso el policía condenado José Amedo, apuntan hacia el propio Felipe González. El asunto sigue clasificado a pesar de que ETA dejó de existir hace más de 10 años y Felipe González dejó de Gobernar hace 26. ¿Qué va a hacer el nuevo anteproyecto con estos secretos del pasado?

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"Habrá que ver los términos de la ley y si establece una aplicación retroactiva para cuestiones pasadas. De momento, hay que debatirla en el Parlamento", explica José Luis González Cussac. "El asunto puede recorrer muchos caminos. Se puede decir que se aplica retroactivamente de manera general o puede acabar dependiendo del que toma la decisión. Hay que recordar que habrá cuatro niveles. Sobre los más altos tendrá que decidir el Consejo de Ministros, pero otros serán ministros concretos o incluso secretarios de Estado", añade.

Ya no es sólo que la duda esté en el propio anteproyecto, es que incluso en el actual Ejecutivo no hay una voz única sobre qué hacer con estos asuntos. El Ministerio del Interior se ha mostrado favorable a desclasificar, pero seguir teniendo la llave de que continúen siendo secretos asuntos espinosos como los GAL o la intentona golpista del 23-F. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desmarcado esta semana mostrándose partidaria de que los ciudadanos puedan acceder a estos documentos en concreto.

"La Ley de Secretos Oficiales también debería de poner el foco en que las actuaciones se documenten. Porque esta desclasificación puede generar la tentación de no documentar ciertos asuntos o destruir las pruebas. No puede haber reuniones en las que no haya actas y la gestión de la documentación tiene que estar muy regulada", opina Miguel Ángel Blanes Climent.

–Por supuesto, el 23-F. La intentona golpista del 23 de febrero de 1981, como se ha visto, es otro de los grandes temas que siempre salen a colación cada vez que se habla de los secretos oficiales. ¿Participó de alguna forma el entonces rey Juan Carlos I? ¿Estuvo tan cerca de prosperar como dijo la CIA -en unos papeles que sí se desclasificaron-? ¿Existió una trama civil? ¿Qué papel jugaron en todo esto los servicios de Inteligencia, el entonces CESID?

Han pasado 41 años de aquello, muchos de sus protagonistas están ya muertos y, sin embargo, sigue habiendo sombras. Este desconocimiento, además, sirve para alentar innumerables teorías de la conspiración que no llevan a ningún lado. Basta con recordar el impacto que tuvo el programa Salvados ficticio en el que se aseguraba la participación de Juan Carlos I. Es llamativo que se desconozca tanta información de uno de los episodios más importantes de la democracia y que, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue sin desclasificarse.

"Si el plazo es muy amplio, permite que las personas usen el aparato del Estado para otros fines distintos a los intereses generales sabiendo que esa información no se va a ver durante mucho tiempo", explica Miguel Ángel Blanes. "Pero, más allá, muchos de esos delitos o comportamientos punibles van a haber prescrito cuando salgan a la luz. Con plazos amplios se puede generar una especie de inviolabilidad, porque nadie va a poder fiscalizar ciertos actos", añade.

¿Si se acepta un carácter retroactivo, el plazo de desclasificación comenzaría a contar desde que se produce el hecho o desde que se aprueba la ley? "Puede servir para dilatar aún más temas sensibles del pasado. Si se aplican los 50 años desde que se aprueba la ley, algo como el 23-F no se desclasificaría hasta que pasaran 90 o 100 años desde que sucedió. No tiene sentido, habrá que definirlo", cuenta Blanes.

–La guerra de Irak. A día de hoy todavía no hay una versión oficial sobre qué motivó realmente a invadir Irak. Las armas de destrucción masiva, que fueron la excusa del momento, nunca fueron encontradas. Tampoco hay demasiada luz respecto a los motivos españoles y a qué papel desempeñó el Ejército de España realmente.

Por ejemplo, el director del CNI de aquel entonces, Jorge Dezcallar, aseguró en una Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados que desde la Agencia se habían hecho varios informes en los que se aseguraba al Gobierno de José María Aznar que las acusaciones contra Sadam Husein eran exageradas. Ni estaba tan claro que tuviera las armas ni que mantuviera relaciones con grupos terroristas.

Este tema, sin embargo, es mucho más sensible que los anteriores. España sigue con presencia militar en Irak y la desclasificación podría poner en riesgo algunas misiones o incluso provocar represalias o alentar situaciones de inseguridad. Pero el anteproyecto propone niveles de desclasificación que sí podría afectar a algunos documentos.

"La clasificación más alta correspondería a los conflictos bélicos, las relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con alta tecnología o propiedad intelectual", comenta José Luis González. "Muchos siguen pensando que los secretos tienen que ver con cuestiones internas y eso va pasando según nos alejamos de la dictadura. Ahora tienen más que ver con la política internacional", apuntala.

"El tercer nivel serían cuestiones conflictivas con otros estados. En los dos escalafones más bajos habría decisiones de carácter táctico u operativo, movimientos del Ejército, protección de instalaciones… son cuestiones que tienen una caducidad pequeña en el tiempo o que son informaciones que se van reteniendo para no tomar las decisiones con interferencias externas". Como se ve, un asunto como el de Irak llenaría todos los escalafones.

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–El 11-M. Otro evento que no está del todo esclarecido es el atentado terrorista que tuvo lugar en la estación de Atocha de Madrid el 11 de marzo de 2004 y que le costó la vida a 193 personas. Por ejemplo, aún no se sabe realmente quién financió y diseñó la masacre, algo básico, y tampoco se conoce si las autoridades actuaron como debían -¿Se alargó demasiado tiempo la cuestión de que había podido ser ETA?-.

La cuestión de los secretos oficiales que rodean al atentado salieron de nuevo a colación en 2019 durante el juicio contra el excomisario José Villarejo. Según aseguraba, el caso se cerró en falso, con la implicación de los servicios secretos marroquíes presuntamente ocultada y vinculaba todo ello con una cabina telefónica ubicada en una zona de Siria donde operaba Hezbolá y no Al Qaeda. Pedía que se desclasificaran los documentos, algo que no sucedió. Quién sí desclasificó algunos documentos fue José Luis Rodríguez Zapatero al llegar al Gobierno días después del atentado.

"Hay que regular también la desclasificación de los papeles para evitar la politización", apunta Miguel Ángel Blanes. "Estaría bien que hubiera un órgano independiente, algún tipo de comisión especial del Tribunal Supremo, por ejemplo, que sirva fiscalizar esa desclasificación. De todas formas, la experiencia hasta ahora ha sido la del 'hoy por ti, mañana por mí'. Los políticos tienen esa regla no escrita. Pero, ahí, quien pierde es la democracia", añade.

–¿Y Juan Carlos I? Aquí no hay un secreto, sino todos. No se sabe realmente qué papel jugó durante el 23-F, si es que hay alguno distinto al oficial. Tampoco se sabe qué tipo de información recabó Franco sobre él aquellos años de formación en los que fue tan espiado. Su papel en la Transición está claro, pero ¿admite matices?

Lo que ha hecho Juan Carlos I a lo largo de su vida lo ha hecho siempre acompañado de seguridad, del CNI y, muchas veces, con el consentimiento o el conocimiento del Gobierno de turno. Desclasificar papeles sobre el monarca arrojaría muchísima luz sobre episodios que se intuyen oscuros, pero sobre los que no hay certezas absolutas. Incluso aquí es aplicable la relevancia de desclasificarlos antes de que los posibles delitos prescriban. Otra cosa es si sobreviría la institución a algo así… Pero la ciudadanía debería tener derecho.

"Una de las cosas que me sorprende es que en España el acceso a la información pública no está considerado como un derecho fundamental, aunque sí se recoge en la Constitución, en el artículo 20.1d, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz", reflexiona Miguel Ángel Blanes.

¿Y esto qué tiene que ver con el actual anteproyecto del Gobierno? "Pues que es una pena que se vaya a tramitar como ley ordinaria, que necesita menos apoyos para salir adelante, y no como ley orgánica, que necesita calado y mayor consenso", apunta. Y es que al ser tramitada de esa forma, queda la norma al albur de que cada Gobierno tenga más fácil modificarla al llegar a la Moncloa. Los mismos ejecutivos que hasta ahora la han estado usando como cajón de sastre para tapar lo que no querían que se sepa, serán los que tengan la llave para modificarla. Habrá que confiar en el sentido de Estado.