A CORUÑA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) – 

Los trabajadores de la planta de tratamiento de basuras de Nostián, en A Coruña, han acordado, en las asambleas celebradas esta pasada noche, la suspensión de la huelga indefinida iniciada el pasado 8 de diciembre, según informa la CIG.

Lo han hecho tras conocer que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento herculino aprobó la intervención temporal de la concesión, aunque da antes un plazo de tres días a la empresa concesionaria, Albada, para que reconsidere su decisión de no recoger, a partir del uno de enero, los residuos de los municipios limítrofes y aplicar un expediente de regulación de empleo (ERTE) para 39 trabajadores.

De no hacerlo, y no atender a los requisitos existentes en el convenio vigente, según se ha apuntado desde el gobierno municipal, se aplicará la intervención temporal que dejaría en suspensión el citado ERTE.

Tras esa decisión, los trabajadores han acordado la suspensión de la huelga, que se hará efectiva este miércoles con la entrada a trabajar del personal del turno de las 14 horas.

La medida aprobada en Junta de Gobierno fue comunicada por la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, al comité de empresa en una reunión en la que, según precisa la CIG, el Consistorio se comprometió a la intervención temporal de la concesión "por un plazo máximo de ocho meses".

Garantizar el servicio

"Lo que permitirá garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio y seguir recibiendo y tratando los residuos procedentes del Consorcio de las Mariñas, como se venía haciendo", añade.

La intervención, remarca la central sindical, supone "la retirada del ERTE y de la modificación sustancial de las condiciones laborales que Albada pretende aplicar desde el 2 de enero". "Estos dos puntos fueron los que llevaron los trabajadores y las trabajadoras de Albada a convocar la huelga indefinida", recuerda.

Por otra parte, explica que desde el gobierno local se trasladó "un compromiso de mantenimiento de las actuales condiciones socio-laborales recogidas en el convenio colectivo y estudiar los mecanismos legales" para una prórroga "por un plazo de dos años, tiempo en el que se procedería a la negociación del nuevo marco regulador".