El delegado del Gobierno, Javier Losada, se reunió esta mañana con el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, para comunicarle la medida

El delegado del Gobierno, Javier Losada, se reunió esta mañana con el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, para comunicarle la medida Delegación del Gobierno

A Coruña

Hacienda dará 7 millones para abonar a los afectados de las expropiaciones de Costa Miño

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha comunicado al alcalde de Miño la medida que, de acuerdo con el regidor pone fin al conflicto que arrancó en el año 2002

2 marzo, 2020 13:43

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha indicado esta mañana al alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, en un encuentro en el que también ha estado presente la primera teniente de alcalde, Catalina Morado, que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha concedido casi siete millones de euros, concretamente 6.947.579,43 euros al Ayuntamiento para hacer frente a los intereses pendientes de abonar por la actuación en la urbanización Costa Miño.

Ante la medida, el regidor miñés ha manifestado que de esa forma los fondos pondrán fin al conflicto que empezó hace 18 años. Las expropiaciones para la urbanización en el municipio coruñés provocaron un conflicto judicial entre el Consistorio y los vecinos afectados, a los que los tribunales dieron la razón .

Tras la decisión judicial, el regidor firmó con los afectados un acuerdo el pasado mes de septiembre para solucionar los problemas derivados de aquella actuación, que estaba supeditado a la concesión de cantidades con cargo al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para el año 2020.

De esta forma, Faraldo llegó a un entendimiento con los vecinos mediante el cual el Concello haría frente a las 234 sentencias pendientes con esa cantidad, 6.947.579,43 euros, para poner fin a la larga situación judicial.

Ante el compromiso adquirido por ambas partes, el Ministerio de Hacienda ha accedido a la concesión de estos fondos. El dinero servirá para resarcir a aquellas personas afectadas por la operación y también permite al Ayuntamiento evitar que la deuda siga creciendo.