El Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada.

El Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada. M. Dylan

A Coruña

Los Franco, dispuestos a permitir que los bienes queden en Meirás por un "precio razonable"

Este miércoles ha arrancado en A Coruña la vista por la prohibición a los Franco de retirar bienes de Meirás

2 diciembre, 2020 15:33

A CORUÑA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) –

El abogado de la familia Franco, Antonio Gil, ha trasladado, en la vista sobre las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en relación al pazo de Meirás –el inventario de los bienes y la prohibición de trasladarlos hasta que lo acuerde la jueza–, que sus clientes estarían abiertos a la posibilidad de permitir que los bienes queden en el inmueble mediante un acuerdo previo "y el pago de un precio razonable, aunque sea simbólico".

Lo ha hecho ante la próxima ejecución provisional de la sentencia por la que fueron condenados a entregar el inmueble al Estado, una entrega fijada para el 10 de diciembre y en la vista tras su escrito de oposición al inventario de los bienes acordado por el juzgado y tras pedir también que se les dé más plazo para la entrega provisional del inmueble, una petición que rechazan los demandantes.

A los escritos de la familia Franco, se sumó otra petición del Estado reclamando el depósito judicial de los bienes muebles hasta que no haya una sentencia definitiva, argumento rechazado por los herederos del dictador. Para esta petición, a la que se han adherido la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa, ha argumentado el abogado del Estado, Javier Suárez, la "alarma" generada por el anuncio de que iban a retirar los bienes del inmueble.

"Había datos que nos hacían aventurar que iba a haber un vaciado completo", ha expuesto. Además, los demandantes la han relacionado con la necesidad de dirimir, en su momento, qué bienes estarían vinculados a la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC).

"No fueron objeto de la sentencia", ha replicado el letrado de los Franco, quien ha desvinculado los bienes del propio inmueble. "La mayor parte de las cosas las pusieron ellos", ha dicho sobre la familia Franco, cuya petición de destrucción del inventario, una vez realizado, ha sido rechazada también por las administraciones personadas.

Abogado del Concello de Sada, esperanzado

El abogado del Ayuntamiento de Sada (A Coruña), Miguel Torres, se ha mostrado esperanzado en que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña impida, tras la vista que se celebra este miércoles, la retirada de los bienes del pazo de Meirás por parte de la familia Franco y que se realice un inventario de todos ellos.

A preguntas de los periodistas en la entrada a la vista que se celebra en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial de A Coruña, el letrado ha asegurado que "por supuesto" cree que el juzgado mantendrá, a petición de la Abogacía del Estado, las medidas cautelares decididas por la jueza con las que, dijo, el Ayuntamiento está de acuerdo.

El abogado ha recordado que la administración local sadense ya había solicitado un complemento del auto de la jueza "para que se determinasen qué bienes estaban afectos a un valor o contenido histórico" y que pasasen así a formar parte del Bien de Interés Cultural (BIC) que ya es el propio inmueble, pero, ha añadido, fue denegado.

El abogado de la familia Franco, Antonio Eduardo Gil Evangelista, y los de la Xunta, el Estado y el Ayuntamiento de A Coruña han accedido al edificio judicial coruñés por separado y sin realizar declaraciones a los medios de comunicación allí congregados minutos antes de que comenzara la vista.

Inventario

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña celebra la vista ante la oposición de la familia Franco a la medida cautelar que ordena inventariar los bienes del pazo de Meirás e impide su retirada hasta que la jueza no lo dictamine.

Además, los Franco han solicitado al juzgado que se aplace la fecha del 10 de diciembre para la entrega del pazo y solicitan otra de "al menos dos meses" para la retirada de los bienes.