Un año sin Diego Bello: las claves del crimen por el que A Coruña clama justicia

Doce meses han pasado desde que trascendió la noticia de que un coruñés había muerto a manos de la policía en Filipinas. Se trataba de Diego Bello, joven empresario con varios negocios en la isla de Siargao. Hoy, sus familiares y amigos continúan pidiendo justicia por lo que consideran un asesinato.

Los hechos ocurrieron en un local de hostelería que era propiedad de Bello. Allí se habría personado la policía para llevar a cabo una redada antidroga. Según el relato oficial de las autoridades, habrían abatido a Diego Bello por efectuar varios disparos contra los agentes cuando iba a ser detenido como responsable de una red de tráfico de drogas.

Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida por amigos cercanos y familiares de la víctima. La autopsia también rebeló que Diego Bello no había consumido drogas los meses antes a su muerte. En cuanto al arma, niegan rotundamente que Bello portase una en el momento de su muerte. En Filipinas desde el año 2016 es legal abrir fuego contra personas implicadas en el tráfico de drogas. Esta polémica medida parte del excéntrico presidente del país, Rodrigo Duterte, que optó por un plan drástico para reducir el consumo de sustancias.

Respuesta inmediata

La muerte de Diego Bello dejó en shock a amigos y familiares, que no dudaron en salir a defender la inocencia del coruñés. Señalan que su muerte a manos de la policía podría ser un ajuste de cuentas por los numerosos negocios que Bello tenía en Siargao, donde poseía locales de hostelería y de moda vinculados con el surf.

Sin embargo, en los últimos días se ha destapado una nueva línea en la investigación, ya que amigos de Diego Bello han pedido investigar al novio de una ex Miss Universo por supuestas amenazas. Miguel Luis Reyes Villafierte es gobernador de Camarines Sur y pareja de Rachel Peters, popular por ganar el certamen de belleza.

Tal y como adelantó el diario Público, Miguel Luis Reyes se habría presentado a finales de 2019, unos meses antes de la muerte de Diego Bello, en uno de sus locales de hostelería, donde lo habría amenazado. Al parecer, Rachel Peters poseía un negocio similar en la zona y no veía con buenos ojos el éxito del de Bello.

Causa archivada e implicación de la administración

Desde un primer momento, las autoridades españolas comenzaron a investigar lo ocurrido. La primer fue la embajada española en Filipinas, que se encargó de los trámites para repatriar el cadáver del joven coruñés. El Concello de A Coruña se ha involucrado también con la causa de los amigos y familiares de Bello y les ha ofrecido su asesoramiento. También la Valedora do Pobo ha exigido que se resuelva el crimen.

A nivel nacional, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a investigar lo ocurrido, tras una petición cursada por el diputado de En Común Podemos, Antón Gómez-Reino. Antes, en el senado, el popular Miguel Lorenzo también pidió la intervención del Estado.

A nivel judicial, el caso está paralizado en España después de que la Audiencia Nacional archivase la causa al entender que la justicia española no tiene competencias para llevar a cabo esta investigación. La plataforma Xustiza para Diego Bello apeló, pero fue rechazada.

A nivel internacional, un informe realizado por la comisión de Derechos Humanos de Filipinas confirma que la policía "disparó a matar" al coruñés. Se trata de una de las principales bazas para continuar adelante en este caso. Es imposible saber cuándo y de qué manera se resolverá el crimen contra Diego Bello, pero desde A Coruña se seguirá exigiendo justicia hasta entonces.