Un policía de Padrón (A Coruña) se enfrenta a 5 años de cárcel por agresión y denuncia falsa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, juzgará este viernes 29 de enero a un agente de la Policía Local de Padrón (A Coruña) para el que Fiscalía pide 5 años de cárcel por supuestamente agredir, detener ilegalmente y tramitar una denuncia falsa contra el conductor de un vehículo mal estacionado que se negó a identificarse.

El juicio se había fijado inicialmente para el mes de noviembre, pero se cambió la fecha, según informaron en su día fuentes judiciales, a petición de una de las partes. Ahora está señalado para el viernes 29, a las 9,30 horas. Según el escrito de calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la mañana del 8 de febrero de 2018, cuando el acusado se encontraba, con ocasión del ejercicio de su actividad profesional, multando un coche mal aparcado.

Cuando el propietario del vehículo se negó a identificarse inicialmente, el agente "lo empujó fuertemente" provocando que se "cayese al suelo", momento que aprovechó para propinarle "diversas patadas" que le causaron lesiones. Tras esto, el agente, según relata la Fiscalía, procedió a detenerle por un delito de atentado y resistencia, al tiempo que recogió en la diligencia que el hombre le había golpeado con la rodilla derecha en la ingle "a sabiendas" de que este hecho "no se adecuaba a lo realmente acaecido".

Sin embargo, posteriormente, en su declaración en sede judicial como testigo en las diligencias previas, el policía local manifestó que la rodilla del hombre al que había detenido no había llegado a impactar con su cuerpo. Así, el juez terminó por archivar estas actuaciones.

Denuncia falsa

Ahora es el agente el que se enfrenta a un total de cinco años de prisión como presunto autor de un delito de denuncia falsa (o, alternativamente, de falsificación en documento oficial). uno de detención ilegal y otro de lesiones leves. Además, la Fiscalía solicita que sea inhabilitado para empleo o cargo público durante tres años y que abone una multa de 7.920 euros y una indemnización a la víctima de 3.150 euros.