Un autobús urbano pasa frente a la plaza de Pontevedra (A Coruña).

Un autobús urbano pasa frente a la plaza de Pontevedra (A Coruña). López

A Coruña

El Gobierno destina 6,7 millones a A Coruña y Santiago por la caída en el transporte público

El delegado del Gobierno en Galicia insistió en que el Ejecutivo ha estado y está con los concellos y con la administración local en esta crisis sanitaria

9 junio, 2021 13:05

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, destacó que los 13,8 millones de euros que ha concedido el Ejecutivo a ciudades gallegas por la caída de ingresos del transporte público debido a la pandemia son una nueva muestra del compromiso con los municipios y con la administración local. De total destinado a Galicia, la ciudad de A Coruña recibirá 5,4 millones, mientras que Santiago recibirá 1,2.

"Con estas ayudas directas y excepcionales reconocemos el esfuerzo también excepcional que hicieron y siguen haciendo los gobiernos locales para seguir prestando servicios esenciales para la ciudadanía en los momentos de crisis sanitaria", explicó el delegado.

José Miñones insistió en que el Gobierno "está con los ayuntamientos como protagonistas que son en la vida cotidiana de las personas" y recordó otras medidas adoptadas que beneficiaron a los gobiernos locales, como la suspensión de las reglas fiscales, que les permite usar los remanentes de tesorería, o los recursos incluidos en los Presupuestos. Además, con la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, ingresarán un 3% más que en 2020.

El 40% de lo ingresado en 2019

El BOE de hoy publica el Real Decreto por lo que se conceden subvenciones a municipios que prestan el servicio de transporte público. El Real Decreto materializa el acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda.

Según se indica en el Real Decreto, cinco ciudades gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo) recibirán 13.817.582,35 euros, una cantidad que se acordó en función de la información allegada por los propios ayuntamientos sobre los ingresos del servicio del transporte urbano en el año anterior a la pandemia, el 2019. Esta cantidad corresponde al 40% del que facturaron estos servicios en ese año, que es lo que se estima que dejaron de ingresar por las restricciones de movilidad y otras derivadas de la pandemia.