A CORUÑA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) –

El excoordinador del servicio municipal de atención LGTBI de A Coruña (Espazo Diverso) ha presentado denuncia contra el Ayuntamiento y varios cargos de la concejalía de Benestar Social, así como contra la Asociación Agasex, por supuesto acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales. Según informa la CIG en un comunicado, el Juzgado de lo Social de A Coruña ha admitido a trámite la demanda, en un caso que prevé que llegue a juicio el próximo mes de septiembre.

El denunciante sostiene que la asociación procedió a su despido como coordinador del servicio municipal como una "clara represalia" por la intención de presentar reclamación formal por supuesto acoso e inactividad administrativa del Ayuntamiento ante el "incumplimiento del pliego de contratación del Espazo Municipal das Diversidades Sexuais e Identidades de Xénero (Espazo Diverso)". Apunta a una "obstaculización intencionada" por parte del Ayuntamiento, "con la complicidad o pasividad de la asociación", para la realización de actividades del Espazo Diverso.

Según su versión, su despido fue "ordenado por personal del Ayuntamiento" con la amenaza a la asociación de "no renovarles la licitación ni contratar otro tipo de actividades públicas". Por todo ello, la demanda presentada por quien fue coordinador del servicio recoge que el despido "tiene como único objetivo anular la capacidad del trabajador para denunciar la situación de acoso laboral y vaciado intencionado de la actividad del Espazo Diverso".

Versión del ayuntamiento

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de A Coruña explican a Europa Press que esta persona "ni estuvo ni está contratado por el Ayuntamiento", sino que fue "contratado por una asociación que es la concesionaria de un servicio municipal". Al respecto, estas fuentes señalan que "si tuvo algún problema laboral", esta persona no guarda "ninguna relación contractual" con el Ayuntamiento, puesto que es la asociación concesionaria la que se encarga de las contrataciones.

Por ello, inciden en que deberá ser la asociación la que tenga que responder "al por qué" de esta decisión, pues "el Ayuntamiento no se puede meter en eso porque sería ilegal", dado que "no le puede decir a una asociación a quién tiene que contratar".