A CORUÑA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) –

Un informe elaborado por el catedrático en derecho administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Luís Míguez Macho a petición de la Consellería do Mar sitúa al Gobierno central como la administración responsable de hacerse cargo de las compensaciones por parada extractiva derivada del dragado de la ría do Burgo.

El documento, remitido por el departamento que dirige Rosa Quintana a la cofradía de pescadores de A Coruña, analiza la distribución de competencias en relación con las eventuales compensaciones económicas por el cese temporal de la actividad marisquera debido a las obras en el dominio público marítimo-terrestre de esta ría.

Revisadas la Ley de Costas, las competencias administrativas, así como sentencias judiciales, el texto considera que quien debe de hacerse cargo de estas compensaciones es el Gobierno central, administración titular de los terrenos y promotora de la obra.

Asimismo, concluye que las actuaciones deben calificarse de interés general de competencia de la Administración general del Estado y que su ejecución determina la indisponibilidad del dominio público marítimo-terrestre para cualquier actividad que resulte incompatible.

En este sentido, señala que esta "indisponibilidad" deriva de una decisión, la aprobación del proyecto, adoptada por la Administración general del Estado en ejercicio de sus competencias exclusivas sobre las obras públicas de interés general.

Además, señala que la suspensión por parte de la Xunta de la actividad marisquera en la zona afectada es consecuencia de la prevalencia de la competencia estatal en materia de obras públicas de interés general sobre las competencias autonómicas que se ejercen sobre el dominio público marítimo terrestre.

Por consiguiente, apunta que las eventuales compensaciones que puedan corresponder a las personas y entidades afectadas por la suspensión de la actividad marisquera durante la ejecución del proyecto de dragado ambiental de la ría de O Burgo "son competencia y responsabilidad exclusiva de la Administración general del Estado".