A CORUÑA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá los próximos martes y miércoles el juicio contra una mujer acusada de ofrecer contratos falsos a extranjeros que buscaban regularizar su situación a cambio de dinero. Se enfrente a hasta 10 años y medio de prisión.

Los hechos, según el escrito de Fiscalía, ocurrieron entre mayo de 2005 y diciembre de 2006, cuando la mujer contactaba con diferentes ciudadanos extranjeros que o bien no se encontraban en situación regular en España o bien que tenían familiares que querían entrar en el país y adquirir la residencia.

En concreto, les ofrecía la posibilidad de tramitarles contratos de trabajo como empleados del hogar a cambio del pago de una cantidad de dinero. No obstante, tal y como señala el Ministerio Público, estos contratos "no se correspondían con la realidad".

Y es que no existía empleador alguno, ya que en la oferta de trabajo o bien se hacía constar como empleadora la propia acusada, o ponía a su marido –dependiente con infarto cerebral–, u otra persona que también tenía discapacidad, sin que éstos tuvieran conocimiento de ello.

Esto provocó que algunos ciudadanos extranjeros llegasen a entrar a España, gracias a estas falsas ofertas, burlando así las normas de entrada y permanencia. Para ello, la mujer presentó numerosas solicitudes de residencia y autorizaciones oficiales ante la oficina de extranjería de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

Por estos hechos, Fiscalía le acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro, un delito continuado de estafa y otro continuado de falsedad en documento público cometido por un particular, por los que pide 10 años y seis meses de cárcel.

De manera alternativa, el Ministerio Público considera que ha incurrido en un delito de inmigración ilegal de trabajadores en concurso con uno de tráfico ilegal de mano de obra, junto a otro continuado de estafa y otro de falsedad en documento público cometido por un particular. En este caso, sería condenada a siete años y medio.

Asimismo, la Fiscalía pide que la acusada indemnice a los extranjeros afectados en sendas cantidades que alcanzan hasta los 20.000 euros, si bien otras todavía están por determinar en el juicio oral o en la ejecución de la sentencia.