Unanimidad en el pleno de A Coruña para que la empresa pague a los empleados de las bibliotecas

El pleno municipal de A Coruña ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PP para exigir al Gobierno local "una solución urgente" para que la empresa proceda a pagar a los trabajadores de las bibliotecas de la ciudad, en huelga desde el pasado lunes y que hoy se han vuelto a manifestar a las puertas de María Pita.

En la iniciativa de los populares, se pide al Gobierno municipal que haga lo necesario para que cobren a la mayor brevedad las cantidades pendientes y a garantizarles que no se volverán a ver afectados por problemas similares durante la vigencia del contrato, adjudicado hace solo siete meses por 2,7 millones anuales.

Inés Rey, señalan los populares, tiene que exigir a la concesionaria que cumpla el contrato, tras no pagarles la extraordinaria y dejar en el aire las futuras nóminas. Si no lo hace, se deben aplicar penalizaciones, resolver el contrato y licitar uno nuevo de urgencia, o que el ayuntamiento pague directamente a los trabajadores, señalan.

Las formaciones políticas que conforman la corporación municipal respaldaron esta moción. "É incríbel que non haxa unha xuntanza urxente do Goberno Local coas traballadoras para poñer enriba da mesa solucións", aseguró la concejala del BNG, Avia Veria.

"Apostamos pola municipalización de todas as bibliotecas municipais. Pero o que urxe é que 75 persoas cobren o soldo", indicó Yago Martínez, de la Marea Atlántica.

“Toda nuestra solidaridad. Están en huelga porque no cobraron la extra y ven amenazadas sus nóminas. Inés Rey, alcaldesa y responsable directa de Cultura, debe buscar una solución urgente para cobrar ya”, manifestó Rosa Gallega, del PP.

El Ayuntamiento de A Coruña podría rescindir el contrato

Según ha señalado José Manuel Lage Tuñas en el pleno y han confirmado fuentes municipales a Quincemil, el Ayuntamiento ha dado de plazo a la empresa para pagar antes de mañana a las 14:00 horas. En caso de no hacerlo, se le impondrá una sanción.

El siguiente paso en este proceso es que en caso de no resolverse la situación, se retendrán pagos a la empresa concesionaria para garantizar la deuda con los trabajadores y luego se les rescindirá el contrato.