El Ayuntamiento de A Coruña abonará 2,3 millones de euros que ha acordado con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) para que la antigua cárcel provincial sea de titularidad municipal tras una deuda que contrajo con el organismo estatal a raíz de una sentencia.

Según una respuesta escrita sobre este asunto remitida por el gobierno de Inés Rey al PP de A Coruña, se ha confirmado que el ayuntamiento de la ciudad herculina deberá abonar exactamente 2.296.654, 10 euros por esta propiedad en anualidades que ascienden a 813.976,25 euros. Estas cifras "suponen una quita de 600.000 euros y que no sigan incrementándose los intereses", según ha manifestado este lunes la alcaldesa, Inés Rey. "Si nos fuésemos a una ejecución de sentencia estaríamos hablando de cerca ya de los tres millones de euros", ha apostillado.

"Problema heredado"

La regidora ha destacado que el Gobierno municipal ha arreglado "un problema heredado" y "que se viene arrastrando desde hace muchos años" y lo ha hecho "con el menor coste posible para los intereses municipales". Respecto a las críticas vertidas por todos los grupos de la oposición que consideran que el dinero a pagar es demasiado, Rey ha sentenciado: "Las ejecuciones de sentencia nos son opinables".

En relación al coste de rehabilitación del inmueble, la alcaldesa ha manifestado que "los pagos y los usos futuros ya se concretarán cuando toque" aunque ha asegurado que el presupuesto será "elevadísimo". Asimismo, la batalla judicial por la antigua cárcel coruñesa se inició en 2013 y terminó en 2020, cuando el Tribunal Supremo ordenó cumplir el convenio que se había establecido en el 2005 entre la Siepse y el entonces alcalde, Francisco Vázquez.

Según el fallo, el Ayuntamiento estaba obligado a pagar 1,2 millones de euros para recuperar el edificio. En la actualidad, la ejecución de esta sentencia supondría el pago de casi tres millones de euros debido a los intereses acumulados.

"Inés Rey no dialoga con nosotros desde hace más de tres años"

Los populares coruñeses dirigieron al gobierno local preguntas escritas sobre este asunto. La primera acerca de los planes y los plazos que tiene el gobierno municipal para intervenir en el edificio "porque con el paso del tiempo se evidencia más el deterioro". A esta cuestión, fuentes municipales apuntaron que "se realizó un estudio preliminar para el desarrollo de un plan de recuperación y transformación sostenible del edificio de la antigua prisión provincial de A Coruña.

Otra de las preguntas fue sobre los posibles usos del inmueble, a lo que el ejecutivo local respondió que se estudian "usos culturales, turísticos, educativos, sociales, de ocio, deportivos y económicos". La última de las cuestiones se centró en si estaba cerrado el acuerdo económico con la empresa pública propietaria del inmueble, cuando se firmaría el acuerdo y la cantidad que el ayuntamiento debía abonar.

"Hay que pagar por la cárcel dos veces y regalar la parcela del CIS por un convenio firmado por gobiernos socialistas, por lo que lo mínimo es que exijan no pagar los intereses", reivindican los populares, que añaden que sobre el presunto acuerdo "no pueden valorarlo porque lo desconocen". "Inés Rey no dialoga con nosotros desde hace más de tres años", han denunciado.

El BNG defiende que podría haber una cesión gratuita

El BNG de A Coruña, por su parte, señaló que "estamos ante un acordo político extraxudicial" y que, por tanto, podría haber una cesión gratuita al ayuntamiento si hubiese "a suficiente vontade política por parte do Estado". El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, señala que la falta de voluntad "é unha mostra do escaso peso político que ten o Goberno de Inés Rey" ante el Ejecutivo nacional, también del PSOE.

"A quita de 600 mil euros é para nós insuficiente. A única quita que veríamos xusta é a equivalente aos 2,9 millóns de euros que fixa a sentenza xudicial. Isto é, o acordo extraxudicial tería que significar a devolución do inmóbel de balde ao Concello", reclaman el BNG. Así, el partido ya ha hecho público que no apoyará en pleno ningún acuerdo que suponga un desembolso económico por parte del Gobierno local.

El BNG, además, considera que el Ejecutivo local tiene que negociar para la rehabilitación del inmueble corra a cargo del responsable de su abandono, "isto é, o Estado español". El pleno municipal aprobó en diciembre de 2020 una moción del BNG para la restitución gratuita de la cadena y para su rehabilitación a cargo del Estado, y los nacionalistas consideran que el Gobierno local se debería atener a esta moción.