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Suspendido en A Coruña el juicio contra siete acusados de pedir créditos de forma fraudulenta

Fiscalía pide para ellos penas de entre seis y ocho años de cárcel por delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal

18 octubre, 2022 13:20

A CORUÑA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) –

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido el juicio fijado para este martes, y también el miércoles y el jueves, contra siete personas, y otras cinco jurídicas, por estafa y pertenencia a grupo criminal porque uno de los acusados renunció a su defensa y deben nombrar a otra.

Así lo han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. Fiscalía pide para ellos penas de entre seis y ocho años de cárcel.

Según el escrito de calificación fiscal, en fecha indeterminada del año 2012 el considerado cabecilla de la trama "se puso de acuerdo con el resto de los acusados para trazar un plan con el que enriquecerse ilícitamente mediante la gestión y atribución fraudulenta de créditos al consumo para la financiación de vehículos".

"Utilizando para ello a personas que se encontraran en situación de precariedad económica" y que el acusado "se encargaría de captar para estos fines presentándose como un asesor financiero que podría solucionar todos sus problemas de dinero".

Compra de un vehículo

Fiscalía señala que "la argucia consistía en simular la compra de un vehículo por personas que no tenían esa intención y que, sin embargo, solicitaban el préstamo a la entidad bancaria aparentando que era para tal fin".

Luego el acusado se encargaba de recabar "toda la documentación necesaria y de dirigir las correspondientes gestiones con los bancos para que sus víctimas tan solo tuvieran que plasmar su firma en el contrato de préstamo, quedando así ‘oficialmente’ como las únicas obligadas a su cumplimiento en su calidad de prestatarios". Sin embargo, el procesado dejaba con el tiempo de pagar las cuotas del crédito, dejando a las víctimas con deudas.

Con el fin de convencer a estas, el cabecilla de una trama, en la que, según el Ministerio Público, cada uno de los acusados ejercía una labor, les decía que se dedicaba a la compraventa de vehículos embargados de alta gama y que tenía apalabradas varias ventas con terceros.