Guardacostas de Galicia se concentraron este jueves delante de la Delegación del Gobierno en A Coruña para reclamar la modificación de la Ley 47/2015, que regula la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero y se incluya en el TREMAR al personal funcionario de las escalas de Guardacostas.

Con esta protesta, la CIG da continuidad a la campaña para reclamar una solución a la discriminación que sufre este colectivo laboral por el simple hecho de ser personal funcionario. La concentración, explica la secretaria nacional de la CIG-Administración Autonómica, Zeltia Burgos, se realizó coincidiendo con el debate en el pleno del Congreso de la Ley de Pesca Sostenible a través de la cual la CIG había promovido una enmienda (que fue presentada por el BNG) para la inclusión de los guardacostas en el régimen del mar.

Burgos explicó que la semana pasada, una representación de la CIG y del personal del sector se reunió con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para pedirles su apoyo a dicha enmienda. Pero aunque todos los grupos reconocieron la discriminación por razón de régimen jurídico que sufre el personal del servicio de Guardacostas, el Gobierno español vetó que se debata y, por lo tanto, que se vote la enmienda, alegando cuestiones presupuestarias.

Frente a esta negativa del Ejecutivo estatal, Burgos ya adelantó que la CIG no se rinde, continuará movilizándose e "insistindo na reforma lexislativa para que se inclúa o colectivo, urxentemente, no réxime especial do mar”.

Sin coeficientes reductores y vigilancia médica específica

Según traslada el sindicato, al personal funcionario de guardacostas de Galicia se le exige, como a todos los trabajadores del mar, los requerimientos del Instituto Social de la Mariña (ISM) para poder realizar sus funciones, así como una formación específica y la superación de un reconocimiento médico. Más, al tiempo, según concretan, el propio sistema no los admite porque no están dentro del régimen especial del mar ya que están en el régimen general de la Seguridad Social.

"Esta situación esperpéntica supón que o persoal Gardacostas non teña a protección para a súa saúde, como o acceso á xubilación anticipada ou a vixilancia médica específica que necesitan polos riscos que para a saúde supón o traballo no mar", aseguran los afectados. La secretaria del sector de Autonómica añadió que el colectivo de Guardacostas depende de la Consellaría del Mar y la edad media de los planteles supera los 55 años.

En este contexto, detallan que en algunas bases el personal ya pasa de los 62 años e incluso 65 años, destacó Burgos, "pero mentres compañeiros e compañeiras de empresas privadas que comparten embarcación e faenas (como Remolcanosa ou Salvamar) si están incluídos no TREMAR, e polo tanto teñen coeficientes redutores da idade de xubilación, o persoal do servizo público de Gardacostas non, só por seren persoal funcionario", advierten.

La CIG-Autonómica expone que lleva meses reclamándole a la Consellería, al Gobierno y al Parlamento de Galicia que acerquen una solución la esta discriminación que únicamente sufren por ser personal funcionario, razón con la que el ISM determina su exclusión del régimen especial del mar. En este sentido, la CIG denuncia que, a pesar de ser conocedores, por el de ahora ni la Xunta de la Galicia, ni los ministerios implicados fueron quien de ofrecer una solución real al problema.