La huelga indefinida de los letrados de justicia amenaza con paralizar los tribunales a nivel nacional, y tras su arranque el martes con una protesta en Madrid, este jueves, 26 de enero, ha continuado en Galicia con una manifestación en los Juzgados de la calle Monforte de A Coruña de los letrados de justicia de la ciudad herculina, aproximadamente 55 (a nivel provincial están llamados a la huelga 113 profesionales y en Galicia son menos de 300). "Somos juristas, no somos golpistas", coreaban, mientras sujetaban una pancarta en la que se podía leer: "Letrados de administración de justicia en huelga. Por justicia, por dignidad, por igualdad".

Fernando Santiso, letrado de la administración de justicia del Juzgado de lo Mercantil 3 de Coruña y Pilar Cancela, letrada de la administración de justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG, han sido los portavoces de los manifestantes y han leído un comunicado. Santiso comenzó diciendo que esta situación de conflicto laboral deriva del año 2009, "en el que hubo una profunda reforma de la justicia a raíz de la cual se atribuyeron una serie de competencias pensadas para descargar de trabajo a los jueces y magistrados y que tuvieran al posibilidad de gestionar mejor las resoluciones que dictan en beneficio de los ciudadanos". Para ello, concretó que a los letrados se les fueron reconociendo una serie de competencia adicionales desde ese año hasta 2015.

"Somos los directores de la oficina judicial, es decir, responsables de los demás cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia, somos responsables de la oficina judicial, de todos los procedimientos judiciales y de su ejecución y otras competencias tradicionalmente asociadas a los letrados de la administración de justicia", explicó. Estas competencias son, según Santiso: "La fe pública judicial, es decir, somos una especie de notarios en el ámbito de la justicia; somos encargados de la cuenta de consignaciones y depósitos de los órganos judiciales, lo que significa que nos encargamos de los embargos y los ingresos que se hacen y de cumplir con las sentencias judiciales con pagos a los ciudadanos", enumeró.

Todas estas funciones, los letrados de justicia dejaron claro que, "con la huelga indefinida está todo prácticamente paralizado". "Se nos lleva años diciendo que se nos van a compensar, que nuestras condiciones laborales, no solo económicas, iban a ser mejoradas y llevamos mucho tiempo esperando y hablando con el Ministerio y eso no ha sido posible", lamentó Santiso.

"Deuda histórica desde 2010"

Foto: Quincemil

Pilar Cancela, letrada de la administración de justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG, concretó que esta huelga indefinida tiene lugar ahora "porque prácticamente hay una deuda histórica desde el 1 de enero de 2010", sobre lo que matizó que la protesta se hace por tres motivos principales.

El primero de ellos es la dignidad. "Somos un cuerpo superior jurídico, licenciados en Derecho, hemos asumido responsabilidades y sin embargo eso no ha sido adecuado a la nueva organización y funcionalidades y se crea un conflicto colectivo laboral", ha argumentado Cancela. El segundo motivo es la justicia. "Estamos reconociendo que desde el 1 de enero de 2010 tenemos nuevas responsabilidades y hemos esperado pacientemente. Con la crisis del ladrillo del 2008 al Estado no le vino bien atender nuestras reclamaciones, sin embargo se consagra el acuerdo en el año 2020, la Ley de Presupuestos del 2020″, apunta.

Esta ley reconoce, según los letrados de justicia, "una adecuación salarial y se desarrollaría en 2021 y 2022, pero el Ministerio tergiversa de tal forma esta disposición que no se acomoda a una adecuación de carácter salarial", han especificado sobre las motivaciones para ir a la huelga indefinida. El tercer motivo, es la igualdad. "Consideramos que no se nos trata de la misma forma que se trata al resto del cuerpo de funcionarios, no solo desde la administración de Justicia sino desde la administración general. Somos funcionarios superiores, titulados en Derecho del grupo A, sin embargo nuestras condiciones laborales son ínfimas, no se nos reconoce una categoría profesional a la hora de ingresar en el cuerpo", critican.

Además, indican que la mayoría de estos profesionales en A Coruña son mujeres, y sobre este aspecto subrayan que "las licencias por maternidad sufren reducciones cuando se empiezan a disfrutar, no existe régimen de sustitución y se asumen competencias de distintas oficinas judiciales a coste 0". "Hemos llegado a un punto que en el 2023 tenemos un conflicto laboral con la administración y como tal afecta a un servicio público esencial dentro de nuestro sistema democrático, el Ministerio debe tender la mano hacia una solución", ha solicitado Cancela.

Acerca de esta determinación, ha aclarado que "la solución ya está tomada" y rememoró que tuvieron paros parciales y en abril el Ministerio llegó a un acuerdo con el que concordaron estos profesionales. "Lo plasmaron en un papel y lo publicaron, pero en abril del 2022 y enero del 2023 esos acuerdos no se han cumplido y por eso hemos llegado a esta huelga indefinida que para nosotros es una medida dramática", aseguran.

"El sueldo de base no es malo, el problema son el resto de condiciones"

Foto: Quincemil

Acerca del porcentaje concreto de subida salarial que demandan y el importe neto para las tres categorías de letrados de justicia existentes, la letrada de justicia y portavoz especificó que "no cuantifican el importe neto deseado porque solo piden unos principios generales".

"Nuestro sueldo de base no es malo, el problema es el resto de condiciones que tenemos: pago de guardias, de sustituciones, de la productividad, falta de categorías...Eso no es cuestión de cuantificarlo económicamente, sino del reconocimiento de un derecho, la cuantificación ya vendrá", dijo. Cancela también manifestó: "Queremos pedir disculpas al ciudadano porque sabemos que causamos unos graves perjuicios, pero espero que nos entiendan y tengan paciencia con nosotros porque esperamos que esto se pueda solucionar pronto".

Asimismo, según los sindicatos convocantes de esta huelga indefinida (La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ) han determinado que el seguimiento es mayoritario en A Coruña, Ferrol y Ourense con más del 70% respectivamente y a nivel provincia de A Coruña el seguimiento se aproxima a un 60%.

Suspendido un juicio en A Coruña contra un policía local y la persona a la que detuvo

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido un juicio a un policía local por lesiones a un detenido y a este por conducción temeraria debido a la huelga indefinida convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ).

Así lo han confirmado fuentes judiciales consultadas por Europa Press, en relación a una vista fijada para este jueves. La Fiscalía pide para el conductor, que se negó a hacer las pruebas de alcoholemia, dos años y tres meses de prisión. En el caso del agente, considera que los hechos constituyen un delito de lesiones por imprudencia grave con uso de arma de fuego y pide tres meses de cárcel.

Según el escrito de calificación fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 2 de junio de 2020 cuando el encausado, que conducía un vehículo sin carné y bajo los efectos del alcohol, fue detectado, circulando de forma errática, por el agente y otra compañera.

En lugar de parar al darle el alto, el hombre emprendió la huida para abandonar luego el coche aunque poco después fue localizado por los agentes, que se acercaron a él. El procesado, añade el escrito, tiene ocho antecedentes penales, "tres de ellos computables a los efectos de reincidencia" al haber sido condenado por delitos de conducción con el permiso no vigente.

"Durante esta actuación, bien al apearse del vehículo policial bien en un momento posterior, pero en todo caso separado por escasos segundos, el encausado decidió extraer y exhibir su arma reglamentaria sin que hasta entonces se hubiese exteriorizado acto alguno de agresión que justificase la necesidad de hacerlo", señala el Ministerio Público.

"Ya con el arma en la mano", se aproximó al otro acusado "en ese momento apoyado de cara a la pared del inmueble, con intención de cachearle y esposarle". "En el instante en que procedía a ello, con omisión de la mínima diligencia exigible, apoyó la pistola contra el cuerpo de este y la misma se le disparó accidentalmente alcanzándole a la altura del brazo derecho", añade.