"Preocupación máxima", el compromiso de la situación económica de decenas de abogados y procuradores y unas consecuencias judiciales "que se vivirán en los próximos años", son las principales conclusiones que se extraen de la carta que ha dirigido el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, remitida por el decano Augusto José Pérez-Cepeda, al Ministerio de Justicia liderado por Pilar Llop, informándole de la situación actual de gran parte de los profesionales judiciales derivada de la huelga de letrados de justicia indefinida que comenzó hace más de un mes.

"Tras el fracaso de las últimas reuniones mantenidas entre las partes, nuestra preocupación es máxima ante el escenario que estamos viviendo en nuestra comunidad", comienza diciendo, mientras expone que "la justicia gallega, al igual que está sucediendo en todo el Estado, está viviendo un momento de detención prácticamente total del sistema judicial". En el caso concreto de Galicia, asegura que "el panorama es ciertamente inquietante" y recuerda la huelga llevada a cabo hace tres años por los funcionarios de justicia de la comunidad y la pandemia, factores que han afectado a la justicia al margen de la huelga de letrados actual.

Sobre el presente conflicto entre letrado de Justicia y Ministerio, opina que "no se vislumbra una solución a corto plazo, con las consecuencias que esto tendrá en el futuro, sin expectativas reales sobre las fechas de celebración de todo tipo de procedimientos judiciales, no sólo vistas o juicios". En este contexto, denuncia que "el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva se ha visto menoscabado y, respetando en todo el momento el derecho a la huelga de los trabajadores, la ciudadanía se ha convertido en víctima involuntaria ante esta coyuntura".

Más allá de las consecuencias de esta huelga indefinida, el decano indica que otros operadores judiciales como abogados y procuradores se han visto lastrados en su actividad laboral "llegando al punto de comprometer la situación económica de muchos de nuestros compañeros". Por estos motivos, y como máxima autoridad representante de la Justicia en el Estado español, solicita a los responsables del Ministerio correspondientes liderar las negociaciones con los representantes de los LAJs "para intentar terminar cuanto antes con esta huelga indefinida que está debilitando la Justicia y cuyas consecuencias las viviremos en los próximos años".

"Cada día que pasa en este contexto implica la paralización de miles de procedimientos y es una situación insostenible para el sistema judicial, pero también para otros profesionales que participamos de manera activa en la Justicia del Estado", concluye la carta.