• El centro de menores Concepción Arenal de A Coruña cambiará su modelo de contratación

La Consellería de Política Social pretendía cambiar a partir de septiembre la gestión del centro de menores Concepción Arenal de A Coruña, con 35 plazas, de manera que la contratación de sus servicios se hiciese mediante un concierto social y no por convenio, como hasta ahora. Pero la licitación puesta en marcha en junio para asignar el concierto social para la selección de una entidad privada sin ánimo de lucro que se encargase de la atención residencial y la intervención educativa integral con menores que tienen que cumplir medidas judiciales que le privan de libertad no ha suscitado el interés de ninguna propuesta, por lo que el procedimiento selectivo ha quedado desierto.

Con la fórmula de concierto social, la Xunta, titular de la instalación de Palavea, apostaba por darle más prioridad a las entidades sociales en la gestión del centro de menores, que no dejaría de ser público. Política Social consignó un presupuesto de licitación para el cambio de modelo por importe de 11,4 millones de euros para un periodo de cuatro años, hasta 2028, que comenzaría este 1 de septiembre, con la posibilidad de aplicar una prórroga por otros cuatro años.

El Centro de Reeducación Concepción Arenal es gestionado por la Fundación Camiña Social a través de un convenio de colaboración con la Xunta. En la instalación se alojan menores que han infringido la ley y cumplen medidas judiciales que les privan de libertad. El objetivo de la atención a los menores es crear entre los internos un ambiente con las condiciones educativas adecuadas para su integración y proporcionarles “habilidades sociales, laborales y educativas" que eviten la reincidencia en sus infracciones.

Justo el verano pasado, trabajadores de Fundación Camiña convocaron una huelga y concentraciones en el centro de menores de Palavea, así como en el Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto (Ciema), para reivindicar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la defensa del convenio colectivo propio y una mejora del servicio que se presta a los menores. El personal criticó entonces a la fundación por presentar un superávit de más de 6 millones de euros y “mantener congelados los salarios de la plantilla desde 2014”.