La justicia da la razón a la Xunta y se niega a indemnizar a las concesionarias de autovías

Los juzgados han dado la razón al gobierno autonómico en la disputa sobre la compensación por pérdida de viajeros en las autovías gallegas durante el COVID reclamada por las empresas concesionarias. Estas firmas habían solicitado a la Xunta de Galicia indemnizaciones o una ampliación en las concesiones para recuperar lo perdido durante la pandemia, pero la Comunidad Autónoma se negó, por lo que el asunto se llevó a los tribunales.

El primero en dictar sentencia ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, que ha fallado a favor de la Xunta en este asunto. El gobierno autonómico ha visto esto como una buena señal y espera que el resto de resoluciones terminen en igual resultado.

La disputa se focalizó en particular en la autovía de O Barbanza y de Ourense-Celanova, como explica la Consellería de Infraestruturas, Ethel Vázquez. "Dende o Goberno galego desestimamos as solicitudes das concesionarias porque son concesiones moi longas e non se pode entender por minoración de ingresos nuns poucos meses, e a xustiza ven agora a avalar o pensamento da Xunta".

Había sido el Gobierno central el que, a través de un decreto ley, había abierto la puerta a que estas empresas pudiesen reclamar compensación durante las restricciones sanitarias de movilidad en lso años de pandemia.

Todavía quedan pendientes por resolver recursos relativos a las empresas que gestionan la autovía de Santiago-Brión, así como la AG-57 de Vigo-Baiona y la AG-55, que une A Coruña y Carballo. Estas últimas son gestionadas por Autoestradas de Galciia. En total todas estas empresas reclaman cerca a seis millones de euros en indemnizaciones o ampliaciones de contratos. A pesar de que estas decisiones son susceptibles a recursos Vázquez confía que los juzgados "volvan a darlle a razón" al gobierno autonómico.

En la sentencia, los magistrados compsotelanos, señalan que la reducción de tráfico no ha impedido a la concesionaria ejecutar el contrato y que el decreto del Gobierno no señala la posibilidad de indemnizar por lo que se ha dejado de recaudar. "No puede el recurrente pretender que la administración asuma la totalidad de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, tratando de percibir sus ingresos habituales como si la crisis sanitaria no hubiera tenido lugar", indican en la sentencia relativa al Barbanza.

La resolución pertinente a Celanova esgrime argumentos similares, pero además, el juzgado señala que la concesionaria no presentó correctamente el recurso de alzada contra la Xunta.