Una treintena de personas se han concretado este lunes en los juzgados de Santiago para apoyar al vecino de Rianxo (A Coruña) multado por exigir ser atendido en gallego en un centro de salud de la localidad. Una sanción recurrida por la vía judicial y que para A Mesa pola Normalización Lingüística representa un ejemplo de la "clara connivencia" que existe entre la Xunta y el Estado para "negar sistematicamente" el derecho a comunicarse con la administración en la lengua propia de Galicia y "amedrentar" a quien demanda el cumplimiento de sus derechos en materia lingüística.
Los juzgados de la capital gallega han celebrado este lunes la vista judicial por el recurso presentado por Xosé Agrelo contra la multa de 600 euros que le fue impuesta por demandar en un centro de salud de Rianxo que se le atendiese en gallego durante un cribado de covid-19.
Según recoge Europa Press, la sanción llega a los juzgados después de agotar la vía administrativa, en la que la Subdelegación del Gobierno alegó que la multa -ya abonada, pero que la defensa (costeada por A Mesa) pide que sea revocada- respondía a un asunto de "orden público" denunciado por la Policía Local y que, por tanto, estaba desvinculado de cualquier cuestión lingüística.
Antes de entrar a la celebración de la vista, Agrelo ha agradecido el apoyo de las personas convocadas por A Mesa pola Normalización Lingüística, cuyo presidente, Marcos Maceira, ha denunciado ante los medios que en el caso de Rianxo "conflúen" la "negativa" de las administraciones a velar por los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la "actitude" de Xunta y Estado de "amedrentar" a las personas "que queren usar o galego nos servizos públicos".
Maceira ha asegurado que la Xunta "aínda segue negando a través dos funcionarios o dereito a usar o galego na propia administración autonómica", a lo que se suma la "clara connviencia" que, dice, existe entre el Gobierno gallego y el central para "presionar" a las personas que exigen "con toda a dignidade" el cumplimiento de las normativas que amparan el derecho de ser atendidos en gallego por los funcionarios.
"Non vamos consentir todo isto. Poden ir tomando nota o señor (Alfonso) Rueda, o conselleiro de Cultura e Lingua, o delegado do Goberno e o ministro de Interior", ha aseverado el presidente de A Mesa, que ha subrayado el compromiso de "resposta" ante "todos os casos que haxa de represión en pleno ano 2024 polo simple feito de usar o galego".
Maceira ha señalado que "recentemente" se ha producido otro caso de una persona que "tivo un incidente" en la comisaría de Polícia de Pontevedra por cuestiones lingüísticas y que en el mes de julio tendrá lugar un juicio por la vía penal en Ourense contra un grupo de personas "que están acusadas de defender a normativa vixente en relación á toponimia".
"Temos unha lingua propia e queremos vivir nela. Este é un dereito humano recoñecido a todos os niveis, que o Estado español e a Xunta de Galicia deben garantizar sempre e en todo lugar", ha concluido Maceira.