Protesta de los hosteleros en A Coruña.

Protesta de los hosteleros en A Coruña. Juan Sánchez

Galicia

La hostelería gallega pide regular alquileres y un plan de ayudas directas de 30 millones

El sector también propone impedir los cortes de energía, aplicar el IVA reducido del 4% en el consumo o prolongar los ERTE de forma indefinida para paliar las consecuencias del cierre decretado por la Xunta

6 noviembre, 2020 10:25

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

Regular los alquileres de locales para que se reduzcan las mensualidades en un 50%, impedir cortes de energía y bajar los impuestos de la luz, aplazar el pago de tasas como el IRPF, aplicar el IVA reducido del 4% en el consumo, prolongar los ERTE de forma indefinida o un plan de ayudas directas a los negocios dotado con 30 millones de euros son algunas de las medidas que pone sobre la mesa el sector de la hostelería en Galicia, que demanda un plan de rescate ante el cierre decretado por la Xunta para el próximo mes en gran parte del territorio gallego.

Este jueves, siete de las principales asociaciones de hostelería de Galicia (Asociación Hostalaría Compostela, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Federación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo en Ourense y Asociación de Empresarios de Hostalaría Ferrol e comarcas) se reunieron para lanzar una propuesta de plan de rescate que recoge 13 puntos pensados en posibilitar la continuidad de los negocios.

"La hostelería se siente criminalizada, teniendo que soportar unas restricciones que son desproporcionadas", señalan los promotores de este plan, que advierten que se aplican en Galicia medidas similares a las de otros territorios en los que la incidencia del virus "es tres veces mayor".

Así, tras incidir que son "firmes defensores" de que "la salud y la vida tengan la máxima prioridad" pero que "la economía es también condición necesaria para garantizar la vida", los hosteleros lanzan una propuesta de 13 puntos que van desde la exención de impuestos o la prórroga de tasas a la regulación del mercado para, siguiendo el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, se decrete una rebaja del 50% en las mensualidades de los locales.

De este modo, solicitan la exoneración total del pago a la Seguridad Social de la cotización para trabajadores autónomos y de entre un 75 y un 85% de la cotización empresarial (en función del número de trabajadores), así como la puesta en marcha de un plan de recargo del pago de las cotizaciones sociales que pasaría de un 0% en los meses en los que el cierre esté vigente a una subida progresiva del 3% el primer mes tras la apertura hasta el 10% el cuarto mes.

Asimismo, los hosteleros solicitan la anulación del compromiso de mantener el empleo íntegro durante un período de seis meses y que los ERTE sean prolongados de forma indefinida "hasta que la situación se normalice". Para autónomos y trabajadores del régimen general, reclaman ayudas directas como complemento de, al menos, el 70% de la base de cotización actual con un mínimo mensual de 1.200 euros anuales.

También solicitan aplazamientos de un año en el abono del IRPF y del IVA del cuarto trimestre de este año y la ampliación extraordinaria de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades al mes de diciembre. En materia de energía, reclaman la paralización de tasas e impuestos relacionados con la luz, una bajada de la potencia contratada y que se prohíban los cortes por impago.

Compensar la mitad de las pérdidas

Todo ello acompañado por un plan de ayudas directas dotadas con un presupuesto de 30 millones de euros orientada a compensar "hasta un 50%" de las pérdidas ocasionadas por el cierre decretado por las autoridades.

Estas ayudas, según la propuesta de los hosteleros, estarían moduladas tanto en función del tamaño del negocio como "de las dificultades" soportadas como consecuencia de la crisis, como el período de cierre, restricciones o medidas similares. Para el ocio nocturno, creen que las ayudas deberían aumentar "un mínimo" del 25%.