La Audiencia Nacional rechaza la recusación de Boye contra la juez en el caso Sito Miñanco

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) –

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la recusación efectuada por el abogado Gonzalo Boye contra la juez María Tardón, a la que éste acusa de llevar a cabo una "persecución política" al investigarlo por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la causa sobre el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.

Según ha informado el propio letrado en un comunicado difundido este viernes, la magistrada María Fernanda García Pérez, de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, se ha negado a tramitar la recusación por considerarla extemporánea.

No obstante, Boye asegura que se formuló en el plazo legalmente previsto, indicando que García Pérez querría evitar "discutir sobre el perfil político de su compañera ni de las causas que existen para cuestionar la imparcialidad de la juez María Tardón".

Además, el abogado reprocha a la magistrada de la Sección Segunda que incluye, "sin fundamento alguno", "dos nuevos e inexistentes delitos" –tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal–, algo que atribuye a un "error" porque Tardón no le procesó por ellos.

Boye ve "preocupante" esta inadmisión por cuanto entiende que "es contraria a toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derecho al juez imparcial". "Una vez más la Audiencia Nacional da la espalda a Europa", denuncia.

En este contexto, aprovecha asimismo para advertir de que García Pérez "está llamada" a ser la ponente del recurso de apelación interpuesto por Boye contra su procesamiento.

Trayectoria política

En su escrito de recusación, presentado el pasado mes de abril, Boye afirmó que Tardón tendría un interés "personal" en sentarle en el banquillo de los acusados por su presunta participación en un entramado criminal para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

El abogado, que cuenta entre sus clientes al ex presidente catalán Carles Puigdemont y ha ejercido de acusación en casos de corrupción que afectan al PP, avisa en su comunicado que "se encuentra en una grave situación de enorme vulnerabilidad ante la acentuada politización de los últimos 22 años de la magistrada Tardón".

En este sentido, recuerda que la juez posee una "intensa y dilatada trayectoria política vinculada al PP, que se remonta al año 1999″ y que –según detalla– la llevó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asamblea General de Caja Madrid, así como a participar en cursos de la Fundación FAES.

El propio Boye señala que, ‘a priori’, "no hay motivos para pensar que la juez Tardón carezca de la necesaria imparcialidad, dado que su vinculación al Partido Popular sería irrelevante en este caso" concreto.

Sin embargo, al mismo tiempo recalca que "es público y notorio que ha ocupado cargos políticos a propuesta del PP" y que "ha sido incluida por este partido entre la lista de magistrados para ser vocal del CGPJ en las dos últimas negociaciones con el PSOE" para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

"Seria desconfianza" hacia Tardón

Boye aduce que "este solo hecho provoca una seria desconfianza hacia la investigación seguida por Tardón" en su contra. "A lo largo de 19 años de ejercicio profesional nunca he tenido ningún problema legal ni disciplinario, pero esta magistrada me ha perseguido en el plazo de dos años en dos distintos procedimientos, coincidiendo con la exitosa defensa internacional de los exiliados por el ‘procès'", destaca el abogado.

Así, concluye que "a estas alturas nadie duda de la falta de imparcialidad" de Tardón, advirtiendo de que "el perfil público y político de la juez es incompatible con investigarle, so pena de incurrir en una gravísima vulneración del derecho fundamental al juez imparcial".

"Respaldarla de esta forma no es más que un nuevo síntoma de un mal que aqueja desde hace años a las altas instancias jurisdiccionales españolas: el corporativismo y la falta de asimilación de la interpretación de los derechos fundamentales que ha establecido ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", dice.

Correos humanos

El procesamiento de Boye tiene origen en el uso de correos humanos por parte de la organización de ‘Sito Miñanco’ para mover dinero hacia Colombia y en la detención el 6 de febrero 2017 de varios de estos supuestos emisarios en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban ocultos en su equipaje 889.620 euros.

Según el relato de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, los ‘narcos’ contactaron con Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero intervenido, algo a lo que habrían accedido.