El TSXG anula la adjudicación de la Xunta a Tragsatec para elaborar informes sobre patrimonio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tumbado una adjudicación de la redacción de informes técnicos sobre patrimonio cultural por parte de la Xunta a Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (Tragsatec), por entender que es una labor que "corresponde al personal funcionario". Se trata de una sentencia, dictada el pasado 14 de enero, en la que Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima un recurso de la CIG contra una resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural del 21 de diciembre de 2020 por la que se licitaba a la compañía este servicio por un montante de 409.933,75 euros.

La encomienda a Tragsatec tenía como objeto la elaboración de informes técnicos previos a autorizaciones previstas en la ley gallega de patrimonio cultural, al respecto de intervenciones que afectaban a los caminos de Santiago, a bienes de interés cultural o catalogados, a su entorno y a su zona de amortización. La defensa de la Xunta en este procedimiento judicial se basaba, entre otros argumentos, en reafirmar "la potestad de autoorganización" de la Administración para suministrar este servicio y en negar que cuente "con medios propios" para elaborar los mencionados informes.

Sin embargo, los magistrados entienden que "carece de sentido" defender que la Administración no tiene medios suficientes" y sostener que Tragsatec sí. De hecho, añade la sentencia, "tan solo una" de los 17 trabajadores destinados por la empresa a la labor encomendada era parte de su cuadro de personal indefinido. El resto, fueron contratados temporalmente a tal efecto.

Además, el TSXG cita la propia ley gallega de patrimonio cultural para recalcar que la asesoría y la emisión de informes sobre el cumplimiento de las normas de protección "son funciones propias de la inspección" que corresponden "a personal funcionario" que ocupan puestos de trabajo en la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. De hecho, la citada normativa da al personal que se ocupa de estas labores la "condición de agente de la autoridad pública", una condición que "obviamente al personal de Tragsatec no le resultaría aplicable".

Esto, añaden los magistrados, "evidencia la improcedencia de que las funciones de inspección se realicen por personal no funcionario contratado ‘ad hoc’ por una sociedad mercantil a la que se realiza una encomienda de gestión" y cuyos informes no gozarían "de valor probatorio" que sí tendría una acta de inspección.

Por todo ello, el TSXG estima el recurso contencioso-administrativo interpuesta por la CIG y anula la encomienda de gestión, al tiempo que impone a la Administración el pago de 1.500 euros por las costas procesales generadas. Contra esta sentencia todavía se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La CIG denuncia "el malhacer" de la Xunta

Tras conocer el fallo, la CIG ha emitido un comunicado en el que celebra esta decisión contra el "malhacer de la Xunta de Galicia" porque esta adjudicación afectaba a "competencias propias" de la Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural y su servicio de arqueología, porque en sus listas de contratación "había más de 130" técnicos.

El sindicato insiste en que este fallo "pone freno a la proliferación descontrolada de encomiendas y asistencias técnicas de la Xunta en los últimos tiempos", al tiempo que lanza un "aviso a navegantes" para otras consellerías (entre las que menciona Política Social, Mar y Medio Rural) que "andan jugando con la misma dinámica". Además, la CIG se pregunta "quién va a dimitir" y "quién se va a responsabilizar de los dos millones (de euros) despilfarrados" que, según estiman, suponen un total de nueve encomiendas de este tipo desde el año 2018.

El BNG pide "explicaciones" en el Parlamento

Mientras tanto, el BNG ya ha anunciado en un comunicado que ha registrado en el Parlamento gallego una batería de iniciativas, entre ellas una petición de comparecencia urgente de la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, para que "dé explicaciones" sobre esta sentencia.

La portavoz nacionalista de Cultura en la Cámara, Mercedes Queixas, ha recordado que su grupo ya advirtió el pasado junio "esta falta de control de las subcontratas" que supuso, desde 2018, "redirigir 1,5 millones de euros del erario público a la empresa Tragsatec".