El Tribunal Supremo ha desestimado la reclamación de la concesionaria de la AP-9, Audasa, que solicitaba al ejecutivo gallego el pago de algo más de 12 millones de euros por las bonificaciones de los peajes de A Barcala (A Coruña) y Rande (Pontevedra).

"La reciente sentencia que acabamos de conocer del Supremo le da la razón a la Xunta de Galicia, por lo que Audasa no debe recibir esa inversión que estaba reclamando de los peajes en sombre de Rande y A Barcala", señaló esta mañana la conselleira de Infraestructuras Ethel Vázquez.

"Como saben hay un acuerdo del año 2017 de la época de Mariano Rajoy donde acordamos conjuntamente que una infraestructura estatal como es la AP-9 no debe de ser Galicia quien subvencione ese pago por uso de la autopista y debe ser la propia Administración General del Estado quien lo haga", añadió a conselleira.

Vázquez también recordó que en 2017 el Consejo de Estado dictaminó no solamente que debe ser la Administración General del Estado quien financie las bonificaciones de una autopista estatal, sino que "hay un enriquecimiento injusto; por lo tanto un nuevo llamamiento a la Administración General del Estado para que tome nota de esta sentencia", explicó.

Origen en 2006

El contencioso tiene su origen en 2006. En ese año, el Gobierno central y la Xunta de Galicia acordaron que dos tramos de la AP-9, los que unen Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala, quedaran libres de peaje directo para los usuarios y pasaran a tener ‘peaje en sombra’.

Esto es, a partir de entonces, la Administración Central y la Xunta se encargaban de pagar al 50% a Audasa el peaje anual por el tráfico que anualmente contabilizaran estos trazados.

No obstante, en 2017, el Gobierno de Rajoy consideró que que, desde que se quedaron libres de peaje, estos tramos registraban tráficos muy superiores a los que hubiera contabilizado en el caso de que se hubiera mantenido el pago de tasas.

Para la Administración, ello suponía que la concesionaria estaba registrando un "enriquecimiento injusto". Por ello, aprobó mediante Real Decreto modificar el sistema de cálculo del tráfico por el que pagar el peaje.