José Ramón Piñol seguirá como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) –

José Ramón Piñol Rodríguez seguirá como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia, de forma que renueva su mandato. Así figura en el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, en una jornada en la que se han renovado diferentes cargos en las fiscalías de las comunidades.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a propuesta del Ministerio de Justicia sendos Reales Decretos: uno de ellos da luz verde al Reglamento del Ministerio Fiscal y el otro permite la creación de 60 nuevas plazas para ampliar la plantilla orgánica de la Fiscalía y adecuarla a "las necesidades existentes".

Según ha explicado el Departamento dirigido por Pilar Llop en una nota informativa, el Real Decreto para la aprobación del Reglamento de Ministerio Fiscal pretende dictar una nueva norma que derogue y supere la existente, que data de 1969 –y por tanto "preconstitucional y desfasada"–, para que sea congruente con el orden constitucional.

El Reglamento recoge las categorías, adquisición y pérdida de la condición de fiscal; la provisión de destinos, distinguiendo las plazas de designación directa del Fiscal General del Estado; la provisión de plazas de nombramiento discrecional y el procedimiento de concurso reglado; así como los artículos referidos a las situaciones administrativas en que pueden hallarse los miembros de la carrera fiscal.

Asimismo, regula todos los permisos que podrán disfrutar de manera extensa y pormenorizada, y se les reconoce, al menos, los mismos derechos establecidos para los miembros de la Administración General del Estado y que supongan una mejora en materia de conciliación y permisos.

También regula los derechos y deberes de los integrantes de la Fiscalía, tanto profesionales y de asociación, como el derecho a la salud y a la protección frente a los riesgos laborales; o el régimen de responsabilidad de los miembros de la carrera fiscal con respeto a lo regulado en el Estatuto Orgánico, abordando el marco procedimental, entre otros. Se completa así la regulación integral, cuyas exigencias venían también determinadas por organismos internacionales.

60 nuevas plazas

Por su parte, el Real Decreto para la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal tiene por objeto adecuarla a las "necesidades existentes" mediante la creación de 60 nuevas plazas y el reforzamiento de la especialización en el ámbito de la discapacidad. Así, contempla la creación de dos plazas de Fiscales adscritos al Fiscal de Sala para la protección de personas con discapacidad y mayores.

Justicia ha considerado que la plantilla actual precisa ser "actualizada para reflejar cualitativa y cuantitativamente las funciones y cometidos que viene llevando a cabo el Ministerio Fiscal", por lo que, a su juicio, resulta necesario "avanzar" tanto en su incremento como en la mejora de la especialización, adaptando su estructura organizativa y funcional.

Las 60 plazas saldrán a concurso entre los miembros de la carrera fiscal que reúnan la categoría y las condiciones necesarias para ocuparlas, de conformidad con la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de acuerdo con la distribución que se indica.

La norma fija el total de efectivos de la Carrera Fiscal, que queda constituido por 2.613, y el número de fiscales para cada categoría así como todas sus características: denominación de la plaza, dotación, categoría de la misma, procedimiento de nombramiento, sede de la plaza, número de decanos que corresponden a cada sección territorial y número de fiscales coordinadores que corresponden a la fiscalía territorial de que se trate.

Arancel de los procuradores

Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Esta nueva norma, que armoniza el ordenamiento jurídico español con la normativa europea, actualiza el contenido del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre.

El texto aprobado fija que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Del mismo modo, excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

Según ha explicado el Ministerio, el nuevo Real Decreto se articula a partir de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor y de la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo.

Memoria anual de Eurojust

Asimismo, este martes el Ejecutivo ha aprobado un acuerdo por el que el toma conocimiento de la memoria anual de actividades desarrolladas por el miembro nacional de Eurojust, José de la Mata, y se encarga de remitirla a las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tras la remisión de copia de la memoria, el miembro nacional podrá ser llamado a informar sobre las actividades desarrolladas a la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, así como a las Comisiones de Justicia y de Interior de ambas cámaras.