A CORUÑA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) –

El número de lanzamientos o deshaucios practicados en Galicia en el primer trimestre del año experimentó un descenso del 3,9% respecto al mismo periodo de 2021, al pasar de 465 a 447. De ellos, 84 se produjeron como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, frente a los 106 que se realizaron por este motivo en 2021, lo que supone una bajada interanual del 20,8%.

Debido a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se registraron 351, prácticamente los mismos que el año anterior, cuando se contabilizaron 352. Los lanzamientos enmarcados en el apartado de otras causas pasaron de siete, el año pasado, a 12 en los tres primeros meses de 2022.

En el conjunto del Estado, los lanzamientos ejecutados en el primer trimestre de 2022 -11.072- se han mantenido en cifras muy similares a las de hace un año, al haber experimentado un aumento del uno por ciento, según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

A nivel gallego, según precisa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), las ejecuciones hipotecarias iniciadas en esta comunidad autónoma entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 se mantuvieron con respecto al mismo periodo de 2021.

En los tres primeros meses del año se presentaron 191 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor y, el año anterior, 189. En el conjunto del Estado se presentaron 6.410, lo que supone un descenso de un 12% respecto al mismo trimestre de 2021.

El número de asuntos relacionados con cláusulas suelo ingresados en los juzgados de la comunidad autónoma descendió en el primer trimestre del año un 44,5%, al pasar de 2.034, en el primer trimestre de 2021, a 1.129. El 97,3% de las sentencias dictadas en este tipo de procedimientos fueron estimatorias.

Ocupación ilegal

El estudio, además, refleja que en el primer trimestre de 2022 los juzgados gallegos ingresaron 29 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 11 del periodo anterior.

En Galicia, por cada 100.000 habitantes se contabilizaron 1,1 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, mientras que la media estatal se situó en 1,6. En total, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción de la comunidad resolvieron 23 procedimientos de este tipo.

Concursos y demandas de despido

Por otra parte, según esta estadística, el número de concursos presentados en los juzgados de lo mercantil gallegos ha registrado un ligero incremento con respecto al año pasado, pues pasaron de 99, en el primer trimestre de 2021, a 102, lo que supone un aumento del tres por ciento.

Con respecto a los concursos de personas naturales no empresarias, que, desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia en los tres primeros meses del año 114 casos, frente a los 86 que se iniciaron en el mismo periodo del año pasado, es decir, un 32,6% más.

En la comunidad se contabilizaron en el primer trimestre del año ocho expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (EREs) frente a los 10 del mismo periodo de 2021.

Las 1.203 demandas por despido interpuestas en los juzgados de lo social entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 suponen un descenso de un 12,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 1.379.

El informe también revela un incremento de los procedimientos monitorios interpuestos en el primer trimestre del año en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción. En Galicia se presentaron 11.292, frente a los 10.581 del año pasado, lo que supone un incremento interanual del 6,7 por ciento.